Los 40.000 instaladores subcontratados por Telefónica se pondrán en huelga indefinida el martes

Los 40.000 trabajadores de las contratas y subcontratas de asistencia técnica de Telefónica en toda España están convocados a la huelga indefinida a partir del próximo martes. En Madrid dejaron de trabajar el pasado día 28. Son el paradigma de la precarización precarización de las relaciones laborales extendida en España en los últimos años. Sólo en Madrid son ocho las contratas que se reparten los trabajos de instalación de líneas y averías de Telefónica. Éstas, a su vez, subcontratan esas tareas con otras empresas más pequeñas que, en muchos casos, vuelven a subcontratar. Suman cientos en todo el país. El último escalón son los autónomos que terminan preparando las instalaciones de fibra óptica o cobre en los domicilios.

Todos ellos viven del contrato bucle de cliente que Telefónica renovará el próximo mes de mayo y se prolongará durante tres años. Un contrato que rebaja en un 30% los baremos por trabajo respecto del anterior, en vigor durante el último cuatrienio. Y ése ya incluía un recorte del 5% anual sobre los baremos iniciales; es decir, en cuatro años las tareas perdieron un 20% de su precio. Así, en un lustro su trabajo habrá perdido la mitad de su valor.

Para el próximo contrato, una instalación de fibra óptica, que antes se baremaba con 15 puntos –cada punto tiene un precio, ocho euros, por ejemplo–, pasa a sólo 5,5 puntos. Instalar la línea de otra operadora baja de cuatro a sólo 0,45 puntos. Lo explica Francisco Amaro, miembro del comité de huelga.

A destajo por 600 euros

Con la rebaja continua de los baremos, a las empresas no les compensa tener a los instaladores en plantilla, así que subcontratan las tareas u optan por los autónomos. Amaro dice que hay técnicos con contratos de apenas dos o cuatro horas, el resto de la jornada se les paga en negro. También los hay trabajando sin contrato. Rozan los 900 euros mensuales, que a partir de ahora no superarán los 600, por jornadas de más de 10 horas diarias –a destajo, aseguran–, incluidos fines de semana, utilizando su propio vehículo y sus propias herramientas u ordenadores.

Este sistema de trabajo no es nuevo, sino que se introdujo paulatinamente desde que empezó a desmontarse el monopolio público que era Telefónica. La creación en los años 90 de la filial Sintel, luego privatizada y finalmente quebrada de forma fraudulenta, fue el primer paso. Llegó a tener 4.000 trabajadores, hasta que optó por las subcontratas.

Ahora Telefónica desvía estos trabajos a empresas grandes, como Cobra –una filial de ACS, la compañía de Florentino Pérez– o Elecnor. También a otras menores como Comfica, Abentel, Cotronic o Itete. Muchas de ellas, menos aún las que se sitúan en el tercer o incluso cuarto escalón de las subcontratas, carecen de comités de empresa o, si los tienen, representan a plantillas mínimas, puesto que el grueso de los trabajadores son autónomos. Falsos autónomos, precisan los sindicatos. Tal es así que los 40.000 técnicos de  todo el país se reparten al 50% entre subcontratados y personal de plantilla.

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Aun así, los convocantes de la huelga –los minoritarios CGT, AST, Cobas– cifran en un 90% el seguimiento de los paros en Madrid. UGT y CCOO, los sindicatos mayoritarios en Telefónica, decidieron apoyar en la última reunión del comité intercentros a estos trabajadores, pese a que no son empleados de la compañía. Aunque culpan de la situación a la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de obligar a Telefónica a compartir su red de fibra óptica con sus competidores a un precio regulado.

La norma aún está en fase de alegaciones, pero la compañía que preside César Alierta ya ha decidido recortar un 35% el despliegue de su nueva red de fibra para este año, como medida cautelar. Lo que supondrá que casi dos millones de domicilios y un centenar de municipios se quedarán de momento sin esa infraestructura ultrarrápida. Según CCOO, si la iniciativa de la CNMC sale adelante, se pondrá en peligro “miles de empleos”, tanto en la operadora como en las contratas. En eso coincide con el PP, que en una inusual moción parlamentaria, ha salido en defensa de Telefónica, pide al Gobierno que interceda ante la CNMC para que retire su propuesta y cifra en 10.000 los empleos indirectos de las subcontratas en riesgo de desaparecer.

El caso es que el resto de los operadores en el mercado ya han denunciado a Telefónica ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) porque la compañía de Alierta está obligada a darles servicio y, con los instaladores en huelga, no lo hace, desvela Francisco Amaro. Telefónica no ha contestado a la solicitud de infoLibre para que explicara su punto de vista en el conflicto.