Más de 80 pactos ilegales entre empresas para fijar precios han sido desmantelados en España

Un total de 67 cárteles han sido desmantelados en España desde que se aprobó la primera Ley de Defensa de la Competencia en democracia, en 1989, y mayo de 2015. En 1963 el régimen de Franco promulgó una primera norma, pero estaba pensada más para mantener el control público de las empresas que para luchar contra las prácticas contra la competencia. Así que la batalla real no empezó a librarse hasta hace 27 años. Los casi 70 cárteles es la cifra que aportan en su Análisis Forense tres profesores de las universidades de Barcelona, Las Palmas y Málaga. La cuenta se detiene en mayo de 2015. Ese año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desmanteló 14 cárteles. Y sólo en lo que ha transcurrido del año en curso, ha impuesto ya 29 multas por importe de 186,96 millones de euros.

Desde 2008, una vez entró en vigor la nueva Ley de Defensa de la Competencia, el número de cárteles descubiertos y la cuantía de las multas impuestas se ha disparado en comparación con las cifras mínimas de los años anteriores. Si entre 1995 y 2005 las autoridades de la competencia sólo impusieron multas por un total de 15 millones de euros, en 2009 se rozaron los 150 millones y, exceptuando los pinchazos de 2010 –49 millones–y 2014 –22 millones–, el resto de los ejercicios no se ha bajado de los 200 millones de euros. Alcanzaron el récord de 549 millones en 2015.

Además, 34 empresas españolas han sido sancionadas por la Comisión Europea –desde 2005 hasta 2014– por vulnerar las leyes de competencia. Entre ellas, compañías tan reconocibles como Repsol, Uralita, Cepsa, Roca o Ercros. Otras son filiales españolas de multinacionales extranjeras: British Petroleum, Arcelor Mittal o Galp.

¿Es España un país donde los cárteles campan a sus anchas? ¿También en la falta de competencia, un reconocido lastre al desarrollo económico, es España líder en Europa?

En el mundo se desmantela una media de 17 cárteles al año. Europa triplica el número de ellos por unidad de PIB respecto a EEUU, Canadá y México, detallan Joan-Ramon Borrell, Juan Luis Jiménez y José Manuel Ordóñez-de Haro en su análisis, publicado en Papeles de Economía Española. Y en España hay más cárteles que en Estados Unidos y Reino Unido o Finlandia, asegura Joan-Ramon Borrell.

A su juicio, el gran “éxito” de la política de competencia española en los últimos años explica el elevado número de cárteles aflorados. Además, los que se han desmantelado son muy antiguos, mucho más que los descubiertos por las autoridades de competencia de la Unión Europea. Una “evidencia indirecta”, admite el profesor de la Universidad de Barcelona, de la existencia de una práctica continuada, oculta e impune. El cártel de los sobres de papel, destruido en 2013, involucró a 15 empresas que durante 36 años fijaron el precio de los sobres electorales para todas las convocatorias a las urnas desde 1977. El de postes de hormigón se prolongó durante 28 años y siete meses. El que permitió a los distribuidores de cine concertar sus políticas comerciales duró 26 años. Los siete fabricantes de pañales que el pasado mes de mayo fueron multados con 128,8 millones de euros pactaron ilegalmente el precio de estos productos sanitarios durante 24 años.

Son los casos más llamativos pero, aun así, la media de longevidad de un cártel en España alcanza los 10 años, mientras que los desmantelados por la Comisión Europea no superan los siete.

Una media de 20 millones de multa

“La CNMC es la cuarta autoridad de la competencia en Europa tanto en actividad y eficacia como en organización, sólo por detrás de Alemania, Francia y Reino Unido”, destaca un portavoz del organismo, creado en octubre de 2013 a partir de la integración de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) con los reguladores de la energía, las telecomunicaciones, el sector postal, el audiovisual, el ferroviario y el aeroportuario.

La ley española define el cártel como todo acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o exportaciones. La multa máxima que la CNMC puede imponer por las infracciones muy graves equivale al 10% del volumen de negocio total de la empresa sancionada en el ejercicio inmediatamente anterior.

Así, la sanción de mayor cuantía impuesta hasta ahora son los 171 millones con que la CNMC sancionó a 21 fabricantes de automóviles por integrar un cártel durante siete años. En el acuerdo ilegal para intercambiar información entre sus servicios posventa y escatimar descuentos a los clientes estaba compinchado el 91% del sector. Pero la multa media aplicada por las autoridades de la competencia desde 1989 asciende a 20,27 millones de euros. El tamaño medio de los cárteles destapados es de 13 empresas, aunque los ha habido de hasta 57, de acuerdo con los datos recopilados por el Análisis Forense antes citado.

Suben los precios, baja la calidad

Los cárteles no sólo perjudican a las empresas sino también a los consumidores y tienen “nefastas repercusiones en la eficacia económica”, según explica Rodolfo Ramos Moreno, profesor de la Universidad San Pablo CEU, en un documento donde explica cómo puede medirse el daño económico causado por estas prácticas contra la competencia. Restringirla aumenta los precios y reduce la producción. Como, además, los miembros del cártel quedan protegidos frente a los riesgos de competir con otros, no tienen incentivos para reducir costes o para innovar. El cártel recorta la capacidad de elección –menos productos diferenciados–, también rebaja la calidad del producto o servicio ofrecido. Un estudio elaborado por la consultora Oxera para la Comisión Europea cifraba el sobreprecio medio causado por un cártel en un 19% del precio cartelizado.

Un buen ejemplo es lo ocurrido con los fabricantes de pañales para adultos. Éstos son financiados por la Seguridad Social. Se dispensan en las farmacias con receta, pero el paciente sólo paga una parte, el resto lo reembolsa la Administración. Pues bien, los fabricantes, detallaba la CNMC en su resolución, se pusieron de acuerdo a través de un grupo de trabajo creado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas. Al tiempo, bloqueaban con recursos administrativos los concursos públicos convocados por las comunidades autónomas para que residencias de ancianos o centros de atención primaria, por ejemplo, tuvieran que comprar los pañales en las farmacias, donde les proporcionaban ingresos tasados. En definitiva, se estafó a los consumidores y a las arcas públicas.

Otro tanto puede decirse del cártel que durante 15 años formaron cuatro empresas que se presentaban siempre como una UTE (Unión Temporal de Empresas) a los concursos de Adif para las líneas del AVE. Ofertaban precios más altos de los que habrían presentado si hubieran tenido que competir entre ellos para hacerse con el contrato. Fue la propia Adif la que denunció el apaño. Las arcas públicas, de nuevo damnificadas.

Tarde, sin penas de cárcel pero con multas a directivos

El caso es que en España la lucha en serio contra la competencia fue tardía respecto a otros países. Como queda dicho, las multas no se dispararon hasta la entrada en vigor de la ley de 2007. Fue entonces cuando empezó a aplicarse el programa de clemencia, el mecanismo que permite a uno de los miembros de un cártel delatar a sus cómplices a cambio de la reducción o anulación de la multa. En EEUU los primeros pasos para utilizar los chivatazos se dieron en 1973. La Comisión Europea puso en marcha su propio programa en 1996. Todos los países de la UE, excepto Malta, tienen uno.

Además, la ley española no fija penas de cárcel para los responsables de las empresas sancionadas. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Dinamarca. Alemania manda a prisión a quienes manipulen concursos públicos. También Bélgica, Austria, Polonia y Hungría.

Lo que sí permite la norma española es multar a los directivos de las empresas infractoras. Desde 1993 han sido sancionados 23 ejecutivos, así como al menos tres juntas directivas de compañías o asociaciones empresariales. La ley, en cualquier caso, impide castigarles con más de 60.000 euros. En los años 90, las sanciones no superaron nunca las 200.000 pesetas –1.200 euros–, excepto el millón con que se multó al presidente de una asociación profesional de comerciantes de pescado. Más recientemente fueron penalizados cuatro directivos del cártel de los pañales, con cantidades entre 4.000 y 15.000 euros. Y nueve directivos del pacto ilegal entre suministradores de Adif. Quien mayor multa recibió fue castigado con 11.400 euros.

También permite la ley a las empresas y consumidores perjudicados reclamar compensaciones por los daños sufridos. Pero, hasta la fecha, el número de estas demandas es muy escaso, aseguran los expertos consultados por este periódico. Entre otros motivos, por la dificultad de cuantificar el perjuicio económico ocasionado. Aun así, ejercitaron este derecho los damnificados por el cártel del azúcar para usos industriales, destapado en 1999. Nestlé, Gullón, Zahor, La Bella Easo y Lacasa, entre otras firmas, tardaron 13 años en ver confirmada por el Supremo una indemnización de 1,1 millones de euros.Más eficaces gracias al programa de delaciones

Las políticas de competencia en España han ganado un 14% en efectividad, indica Joan-Ramon Borrell. Según sus propios cálculos, la mayor efectividad corresponde a Finlandia, a la que adjudica un índice de 7,5. España se queda en un 5,6, en la mitad de la tabla, por debajo de Alemania –7,1–, Estados Unidos –6,4– o Francia –6,2–, pero por delante de Italia –4,7– o Grecia –4,6–.

A su juicio, es precisamente el programa de clemencia uno de los factores que explican ese aumento de la efectividad. En concreto, considera que el índice mejoró un 30% tras comenzar a aplicarse. Aun así, los premios a la delación han aportado el 47% de los procedimientos sancionadores en la Unión Europea, pero sólo el 38% en España. Es decir, queda un margen sustancial para la mejora.

Curiosamente, el 23% de las empresas que traicionaron a sus cómplices a cambio de clemencia de la Comision Europea son alemanas. El 13,9%, estadounidenses; británicas y japonesas el 10%. En España, el 53% de los infractores son compañías nacionales, pero un 18% también son alemanas. Y más del 80% de éstas, destaca el profesor de la Universidad de Barcelona, integraron sus respectivos cárteles durante más de dos años.

Empresas reincidentes y multipartícipes

De la lista de empresas multadas en los últimos 27 años se puede extraer un retrato de esta delincuencia empresarial. Hay sectores abonados a la limitación de la competencia. “Aquéllos con productos más homogéneos y pocas empresas, como el acero y el cemento, o donde el precio se ajusta mucho al coste y la rentabilidad es pequeña”, explica Joan-Ramon Borrell. La solución para aumentar el margen es innovar… o caer en la tentación de pactar precios. Por eso los sectores con poca innovación tecnológica son más proclives, advierte.

Así, se repiten los pactos entre navieras, concesionarios de automóvil o transporte de mercancías y gestión de residuos. Y los hay reincidentes. Como las industrias lácteas, que fueron multadas en 1997 y de nuevo en 2015. Los 88,2 millones de euros de esta última sanción multiplicaron por ocho los de la primera. Entre una y otra multa, las empresas nunca dejaron de imponer precios a los ganaderos e impedir la libre competencia entre ellos. En otros casos, una misma compañía participa en varios cárteles. Cuando se destapa uno, cae el siguiente. Ocurrió con Unipapel, que participaba en un pacto ilegal sobre material de archivo, en otro de manipulado de papel, el tercero era para sobres de papel y el cuarto, para la exportación de sobres.

Una cuestión ampliamente debatida es si la cuantía de las multas es suficiente y, por tanto, disuasoria. Sobre todo cuando el paso natural de las empresas tras ser sancionadas es recurrir ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En muchas ocasiones, estos tribunales rebajan las cantidades o incluso las anulan. El portavoz de la CNMC precisa que el 80% de las sanciones se cobran, pese a que a veces se tarda hasta ocho años en conseguir una sentencia definitiva.

Patronales, consultoras externas y 'capos de la familia'

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Algo debe fallar en el sistema, no obstante, para que las trampas se hayan profesionalizado de tal manera que las empresas no tengan empacho en contratar a consultoras externas para que les ayuden. Lo hicieron los fabricantes de automóviles multados en julio de 2015. Snap-On Business Solutions fue castigada con 52.785 euros y Urban Science España con 70.039 euros como “colaboradores necesarios” en el intercambio de información puesto en marcha por las 21 marcas confabuladas.

Otra circunstancia que ayuda a dibujar el perfil de los cárteles se refiere a la activa participación en ellos de asociaciones empresariales. En al menos siete de los 67 desmantelados hasta mayo de 2015 intervinieron patronales sectoriales. Como la de la industria láctea, la de productos sanitarios o la de comerciantes de pescado, por ejemplo.

Y una prueba final de cómo se desarrollan estos comportamientos empresariales. Según recoge la resolución de la CNMC que desarticuló el pacto ilegal de los servicios posventa de automóviles, los primeros contactos entre las marcas se remontan a 2004, al amparo del “club de socios” o “club de marcas”. Lo componían los “socios tradicionales”, que se denominaban a sí mismos “capos de la familia”, como figuraba en los correos electrónicos que cayeron en poder de los investigadores de la CNMC. Se trataba de Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault y Toyota. Seat se unió al grupo en junio de 2005. Para incorporarse a él era necesaria la invitación de alguno de los “capos” o socios fundadores. Pues bien, fue Seat la que denunció al resto de sus cómplices a cambio de que se le perdonara el castigo. Y lo consiguió. A la marca española y a sus socios alemanes –Audi, Volkswagen y Porsche– se les eximió de pagar casi 40 millones de euros. La causa contra Peugeot Citroën, Renault y Saab fue archivada porque no se pudo probar su infracción.