Un total de 889 empresas españolas se han asentado en Andorra desde julio de 2012 para aprovechar las ventajas fiscales que ofrece el Principado. De hecho, el 60% de las solicitudes que el Gobierno andorrano ha recibido desde entonces proceden de España. En esa fecha el país pirenaico aprobó una ley de apertura de todos sus sectores económicos a la inversión extranjera que, además, simplificó los procedimientos para crear empresas. Poco antes ya había empezado Andorra a adecuar sus leyes tributarias a los estándares internacionales. También ha firmado acuerdos para intercambiar información fiscal con una veintena de países. Así ha conseguido salir de la lista internacional de paraísos fiscales.
Lo que no quiere decir que haya renunciado a los bajos impuestos. En Andorra el impuesto de sociedades es sólo del 10%, y para las sociedades que exploten intangibles –marcas y patentes, por ejemplo–, se dediquen al comercio internacional o sean holdings –gestión financiera de un grupo– se queda en un 2%. En España, el tipo general del impuesto de sociedades es del 28%.
Como resultado, un total de 126 millones de euros en proyectos españoles se prepararon durante los últimos tres años para huir al Principado. No todos han sido autorizados por el Gobierno andorrano y finalmente se han materializado en sociedades constituidas y debidamente formalizadas 63,4 millones, el 60%.
A tenor de las cifras, el interés español por el país pirenaico crece a buen ritmo. En 2013 se presentaron proyectos españoles por importe de casi 16 millones de euros. Un año después, la cifra se multiplicó casi por cinco, alcanzando los 75 millones de euros. De 2015, el Gobierno andorrano sólo facilita cifras de los dos primeros trimestres. En esos seis meses, el valor de las inversiones españolas que pidieron autorización asciende a 21,3 millones de euros; es decir, más que en todo 2013. La media de empresas españolas interesadas es de 70 al trimestre.
En cualquier caso, habrá que esperar aún a ver el efecto llamada que un tercer elemento –sumado a la apertura y a la baja fiscalidad– puede tener en la huida de empresas españolas al Pirineo. El pasado enero Mariano Rajoy firmó en Andorra un convenio para evitar la doble imposición. Ya ha sido aprobado por las Cortes, pero aún está pendiente de los últimos trámites diplomáticos para que entre en vigor. Puede tardar aún unos tres meses, según explica Imma Jiménez, directora general de la agencia pública de promoción económica Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI).
El Principado también ha firmado otro acuerdo con Francia, en vigor desde el pasado mes de julio; con Portugal, todavía pendiente de ratificación; Liechtenstein y Luxemburgo. Está negociando igualmente con Austria, Bélgica, Polonia, Suiza e incluso Australia. Con este tipo de convenios se pretende dar “garantía jurídica” a las inversiones, evitando que las empresas paguen impuestos dos veces. Para sus críticos, en cambio, se trata de una forma de cambiar la evasión por la “elusión fiscal” que, a diferencia de la primera, no supone delito alguno.
IRPF del 10%, IVA del 4,5%
El Gobierno andorrano ya ha organizado al menos dos actos en Madrid para atraer inversiones españolas, el último el pasado septiembre. Participaron la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Ambos invitaron a los empresarios españoles a invertir en Andorra por su nuevo marco legal, “coherente y sensato”. Los atractivos fiscales pirenaicos no se limitan al impuesto de sociedades. El IRPF, creado en 2014, tiene un tipo general del 10% e incluye deducciones y bonificaciones. También se aplica el IGI (Impuesto General Indirecto), el equivalente al IVA, que es del 4,5%. Igualmente hay un tipo superreducido del 0%, uno reducido del 1%, uno especial del 2,5% y uno incrementado del 9,5% para servicios bancarios y financieros. En España, el tipo general es del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%.
Los requisitos para establecer en Andorra una empresa de los tres tipos que permiten pagar sólo un 2% por el impuesto de sociedades son, además, mínimos. Únicamente se exige un empleado a media jornada y un local de 20 metros cuadrados. A las sociedades de gestión e inversión financiera se les requiere adicionalmente un capital social mínimo de 250.000 euros. Están exentas de impuestos sobre sus dividendos y plusvalías.
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Un paro del 3%, el 21% del PIB gracias a sus bancos
Con un PIB de 2.525,5 millones de euros en 2014, Andorra goza de una renta per cápita de 35.786 euros, muy por encima de los 22.500 euros de la española. El salario medio es de 2.053 euros al mes y el salario mínimo, de 962 euros. Muy superiores, por tanto, a los españoles: 1.891 euros brutos el primero y 648,6 euros el segundo. Andorra sólo tiene en paro al 3% de sus 70.000 habitantes.
El 21% de su PIB procede del sector financiero. Pero el objetivo del Gobierno andorrano son sus cambios legales y tributarios es diversificar su economía, tocada por la crisis mundial y arrastrada por la recesión que ha dejado tiritando España, su principal socio comercial. A España exporta el 57% de sus bienes y de ella importa el 61%. Pues bien, Andorra no quiere depender exclusivamente de sus bancos, ni del turismo ni del comercio. Y busca inversiones en nuevos sectores. Para eso ha creado cinco clústers –grupos de empresas– pensados para atraer hasta el Pirineo al turismo sanitario de lujo, compañías de nuevas tecnologías –pretende convertirse en un “país laboratorio”–, nuevos proyectos educativos, e-health –nuevas tecnologías al servicio de la salud– y empresas de cosmética y belleza. El 40% de las cerca de 400 empresas que se han integrado en los clústers son extranjeras, apunta la responsable de la agencia de promoción económica andorrana.
Un total de 889 empresas españolas se han asentado en Andorra desde julio de 2012 para aprovechar las ventajas fiscales que ofrece el Principado. De hecho, el 60% de las solicitudes que el Gobierno andorrano ha recibido desde entonces proceden de España. En esa fecha el país pirenaico aprobó una ley de apertura de todos sus sectores económicos a la inversión extranjera que, además, simplificó los procedimientos para crear empresas. Poco antes ya había empezado Andorra a adecuar sus leyes tributarias a los estándares internacionales. También ha firmado acuerdos para intercambiar información fiscal con una veintena de países. Así ha conseguido salir de la lista internacional de paraísos fiscales.