Las cinco medidas urgentes de Oxfam Intermón para acabar con la evasión fiscal

La filtración de los 13,4 millones de documentos bautizados como los Papeles del Paraíso ha vuelto a dar argumentos a quienes abanderan la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión de impuestos tanto de las grandes empresas como de las mayores fortunas del mundo. Según los cálculos de la ONG Oxfam Intermón, la red mundial de paraísos fiscales permite a los más ricos evitar el pago del 30% de los impuestos que les corresponden. En esos territorios de baja o nula fiscalidad y opacos al escrutinio internacional, esconden los multimillonarios 7,6 billones de dólares, una cifra que supera los PIB de Reino Unido y Alemania sumados.

La nueva filtración, tras los Papeles de Panamá en 2016, coincide también con la investigación que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo sobre la política contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero tanto de las instituciones de la UE como los gobiernos nacionales. El informe resultante es una dura crítica a la falta de voluntad política y la ineficacia de todos los estamentos implicados en la lucha contra una lacra que le cuesta a la UE un billón de euros al año. Si la lupa se acerca a España, resulta que en 2016 cuadriplicó sus inversiones en paraísos fiscales. Un volumen apreciable si se tiene en cuenta que la economía nacional dirige hacia estos territorios offshore uno de cada cuatro euros que invierte, más de lo que destina a América Latina y el Caribe.

Precisamente por esa pasividad, si no negligencia, de las autoridades mundiales, Oxfam Intermón apremia a los gobiernos a tomar cinco “medidas urgentes” para combatir el uso de paraísos fiscales.

La primera, elaborar una lista negra de paraísos fiscales acompañada de sanciones “potentes”. Hasta ahora todos los intentos para redactar un instrumento tan sencillo se han visto abocados al fracaso por los intereses de los propios países. Como ni siquiera se han puesto de acuerdo en definir qué es un paraíso fiscal, la última elaborada por la OCDE sólo incluye uno, Trinidad y Tobago. Únicamente si un país se niega a ser transparente es considerado “paraíso fiscal” por la organización de las naciones más ricas del mundo. La UE se ha comprometido a publicar su propia lista el próximo 5 de diciembre. Como criterios para incluir un territorio en ese índice se añadirán a la transparencia, la equidad fiscal y un indicador de tipos impositivos nulos. Pero dejará fuera a los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que Holanda, Luxemburgo, Irlanda y ChipreLuxemburgo –entre los más agresivos según Oxfam– se librarán de la etiqueta.

Este mismo martes y ante sus homólogos del Ecofin en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, propuso crear una “lista gris” de paraísos fiscales, paralela a la lista negra, que incluya las jurisdicciones no colaborativas pero que estén “adaptándose” a los requisitos internacionales. En la primera, aseguró, podría figurar Gibraltar cuando Reino Unido abandone la UE. Con Andorra fue más suave: “Está en proceso de mejora”.

Oxfam reclama que la lista se elabore “sin interferencias políticas” y que incluya sanciones o desincentivos. Además, propone que los gobiernos nacionales apliquen normas sobre las sociedades extranjeras controladas (CFC por sus siglas en inglés), aquéllas que operan en una jurisdicción distinta de donde residen sus propietarios, de forma que tributen por los beneficios que transfieren artificialmente a paraísos fiscales. O que practiquen retenciones sobre royalties e intereses.

Más transparencia

La segunda iniciativa planteada por la ONG es obligar a las grandes multinacionales a publicar informes “país por país” de sus ingresos, beneficios e impuestos. De esta forma se podrá comprobar fácilmente si la empresa paga los impuestos que le corresponden en cada país. Ya hay propuestas en esta dirección tanto en la UE como en la OCDE. Pero, en el caso de la primera, las empresas sólo deben proporcionar esa información sobre sus operaciones en países comunitarios. E incluso, denuncia Oxfam, algunos gobiernos están bloqueando la aprobación final de la medida. Por lo que se refiere a la OCDE, ésta limita el acceso a los informes país por país a las autoridades tributarias. Oxfam exige que se haga pública a todos los ciudadanos.

La ONG también pide a los gobiernos que creen un registro público y centralizado de los titulares reales y últimos de las empresas, trusts y fundacionestrusts. Además, a su juicio debería ser obligatorio el intercambio automático de datos entre los diferentes países. Así, éstos podrían recaudar impuestos de los ciudadanos que deslocalizan su riqueza.

La directiva antiblanqueo de la UE ya obliga a crear estos registros, pero sólo permite acceder a sus datos a las autoridades fiscales. Más de 100 países se han comprometido también a intercambiar información sobre activos financieros e ingresos de ciudadanos extranjeros en sus instituciones financieras, a través de dos instrumentos distintos: uno de la OCDE y otro de Estados Unidos, la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, en virtud de la cual el Gobierno de Washington ha firmado acuerdos con diferentes naciones, entre ellos España. Pero Oxfam considera necesario añadir sanciones a los bancos, a los países y a los paraísos fiscales que se nieguen a intercambiar información.

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Reforma fiscal mundial

La cuarta medida propuesta por la ONG se basa en “reequilibrar los acuerdos fiscales” para impedir que sean injustos con los países en desarrollo. “Por lo general”, explica Oxfam, los acuerdos asignan injustamente más derechos fiscales al país con mayores ingresos, por lo que el dinero acaba saliendo desfiscalizado de los países en desarrollo hacia los ricos”. Muchos de esos acuerdos, destaca, permiten que las multinacionales no paguen impuestos ni en el país de origen ni en el de destino. Según los datos de Oxfam, África pierde 14.000 millones de dólares en ingresos fiscales por el uso que sus grandes fortunas hacen de los paraísos fiscales.

Finalmente, la ONG exige la creación de un organismo mundial que dirija y coordine la cooperación fiscal de todos los países. Una figura a la que se oponen la mayoría de los gobiernos de la OCDE, reconoce por otra parte Oxfam. Los países más ricos también rechazan negociar una ronda de reformas fiscales para crear “un nuevo sistema fiscal internacional”. Para la ONG, las revelaciones de los Papeles del Paraíso dejan claro que las iniciativas internacionales en marcha contra el abuso fiscal “no funcionan”. “Los evasores siguen actuando como de costumbre, sin haber cambiado sus prácticas”, lamenta. Porque las últimas reformas quedan lejos de resultar eficaces: “Continúan replicando los mismos defectos que han afectado al sistema fiscal internacional hasta ahora”.