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El principio de acuerdo alcanzado este lunes con el Ministerio de Seguridad Social ha servido a los sindicatos para dar por derogada la reforma de las pensiones de 2013. A falta de que sea ratificado este martes por el órgano ejecutivo de la CEOE, el texto, que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso, significa la desaparición de las dos medidas estrella de la reforma alumbrada por el Gobierno del PP en plena crisis: el índice de revalorización de las pensiones, que las desligaba de la evolución del IPC, y el factor de sostenibilidad, que reducía su cuantía en función de la esperanza de vida de cada generación. El primero, una fórmula que hacía depender las pensiones del estado de ingresos y gastos de la Seguridad Social, dejó de aplicarse en 2018 tras las protestas de los jubilados en las calles. Hasta ese momento había permitido que subieran un mínimo del 0,25% anual. La entrada en vigor del factor de sostenibilidad, en principio prevista para 2019, quedó en suspenso un año antes, cuando el PP lo pospuso hasta 2023 a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos.
Pero es ahora, con el acuerdo casi sellado en el Diálogo Social y enviado por el Gobierno a Bruselas como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, cuando ambas medidas, parte de una reforma “injusta e innecesaria”, en palabras de la secretaria de Políticas Sociales de UGT, Carmen Barrera, quedan enterradas. Las pensiones volverán a revalorizarse según suba el IPC cada año, y no bajarán aunque sí lo haga la inflación, por lo que mantendrán su poder adquisitivo. “Así se pone fin a una situación anómala de incertidumbre en la fórmula de revalorización de las pensiones, que ahora tendrá una base fija y estable”, aplauden fuentes del Ministerio de Seguridad Social. Y el factor de sostenibilidad, que iba a recortar la cuantía de la primera pensión tras el retiro de acuerdo con la cada vez mayor esperanza de vida de las generaciones, quedará derogado definitivamente. Aunque será sustituido por otro mecanismo corrector, que se ha dado en llamar de “equidad generacional” y cuyo diseño ha quedado pospuesto para la segunda fase de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales.
Una vez garantizada la suficiencia de las pensiones, el acuerdo aborda también la sostenibilidad del sistema, en cuyo nombre se había diseñado la reforma de 2013. La presión sobre el sistema que va a suponer pagar pensiones a la generación del baby boom, así como el aumento de gasto que implica revalorizar las prestaciones según el IPC será sufragados en parte mediante aportaciones de los Presupuestos del Estado a la Seguridad Social. Unos 21.000 millones de euros al año, “la mitad de la cantidad necesaria para mantener el sistema con un aumento del 50% en el número de pensionistas que se producirá a partir de la década de 2040”, explica el responsable de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.
Actualizar las pensiones según suba la inflación supondrá, además, un aumento de gasto de 2,5 puntos del PIB hasta 2050, explican fuentes del Ministerio de Seguridad Social. Según sus cálculos, el aumento de ingresos que se conseguirá con otra de las medidas del acuerdo, acercar la edad efectiva de jubilación –64 años y seis meses– a la edad legal –66 años en 2021, irá ampliándose gradualmente hasta llegar a 67 años en 2027–, permitirá cubrir 1,3 puntos de ese gasto adicional. El resto, añade Carlos Bravo, se sufragará con el aumento de las bases máximas de cotización o el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos, dos propuestas que deberán diseñarse en la segunda fase de la negociación de la reforma. “También el crecimiento de la actividad económica, la subida del SMI y el cambio de modelo productivo servirán para elevar los ingresos por cotizaciones del sistema”, concluye.
Además, las aportaciones de los Presupuestos Generales se utilizarán para financiar los gastos no contributivos o “impropios” de la Seguridad Social, que ahora se pagan con cotizaciones y pasarán a sufragarse con impuestos. Por ejemplo, las bonificaciones de cuotas a las empresas para incentivar los contratos indefinidoslas bonificaciones de cuotas a las empresas para incentivar los contratos indefinidos, políticas sectoriales como la cotización reducida del 12% del sector agrario o políticas de igualdad.
Retraso de la jubilación
Para conseguir que los trabajadores retrasen su jubilación, Carlos Bravo asegura que se han establecido sobre todo incentivos “y muy pocos desincentivos”. Según destaca, quien retrase su jubilación mejorará su pensión, y en los casos en que el trabajador se vea penalizado por querer adelantarla, le bastará con moverla “un mes” para evitar un recorte de la prestación. Esa flexibilidad será posible porque los coeficientes reductores pasan a ser mensuales.
El acuerdo también intenta estimular la jubilación “demorada”, que los trabajadores continúen en activo una vez alcanzada la edad legal de retiro. Así, a las empresas se les ahorrará las cotizaciones por contingencias comunes de estos asalariados, que podrán recibir un 4% adicional en su pensión o una cantidad a tanto alzado por cada año que retrasen su jubilación.
La jubilación forzosa, que existe sólo en algunos convenios colectivos, queda prohibida antes de los 68 años. Excepto en empresas pertenecientes a sectores donde el número de mujeres sea inferior al 20%, en cuyo caso quien sea jubilado tendrá que ser sustituido por una nueva trabajadora. Y habrá otra medida adicional para que las empresas decidan mantener o contratar a trabajadores que superen los 62 años: una rebaja del 75% de las cotizaciones sociales por contingencias comunes durante la baja laboral. España es uno de los países de la UE con menor población ocupada en las franjas de edad próximas a la jubilación.
Con este paquete de estímulos, el objetivo es retrasar la edad de jubilación en dos años de aquí a 2050, resumen fuentes del ministerio.
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El calendario y los puntos difíciles
El acuerdo incluye otro puñado de elementos adicionales. La equiparación de las pensiones de viudedad de parejas de hecho con las que perciben los matrimonios, que deberá quedar diseñada en un plazo de seis meses, así como el compromiso de regular en menos de tres meses las cotizaciones de los becarios, tanto si su beca es remunerada como si notanto si su beca es remunerada como si no.
El texto firmado este lunes será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo 6 de julio e iniciará su tramitación parlamentaria como proyecto de ley en septiembre. Las negociaciones para diseñar el mecanismo de equidad intergeneracional deberán haber culminado antes del 15 de noviembre. Su entrada en vigor está prevista para 2027. En cualquier caso, las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal no van a interrumpirse, subrayan los sindicatos. En el Plan de Recuperación se mantiene “la extensión del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”, aunque se eliminó la primera referencia a ampliar a 35 años, respecto de los 25 actuales, que levantó polémica cuando se hizo público. Promete ser un nuevo punto de agria disputa en la mesa de negociación. Tampoco será pacífico el debate sobre los “sistemas complementarios”. El Ministerio de Seguridad quiere crear “fondos de pensiones de promoción pública” a través de la negociación colectiva y mediante incentivos fiscales.
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