La Agencia Tributaria ha repartido 75,77 millones de euros entre empresas de servicios informáticos desde 2010. Desde mantenimiento de licencias hasta asistencias técnicas y desarrollo de los múltiples sistemas de información y bases de datos –un centenar de contratos–, la maquinaria fiscal resulta ser un sabrosísimo cliente para las grandes consultoras del sector.
De esa cantidad, 43,31 millones de euros corresponden a la parte del león de la asistencia informática que precisa el fisco español. Se trata del contrato de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones de administración electrónica de la Agencia Tributaria. El último se adjudicó en marzo del año pasado, en dos lotes, por un total de 28,18 millones de euros. Desde 2010 se han firmado cuatro, según la información disponible en la Plataforma de Contratación del Estado, consultada por infoLibre.
Los adjudicatarios siempre han sido los mismos, juntos en una UTE (Unión Temporal de Empresas) o por separado: Indra, IBM, Software AG, Cibernos IBMSoftware AGCibernosy GeseinGesein, cinco de las 11 consultoras informáticas contra las que acaba de abrir un expediente sancionador la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sumados los contratos concedidos desde 2010 a nueve de esas 11 empresas, la cifra asciende a 60 millones de euros. Además de las ya mencionadas, también están siendo investigadas Informática El Corte Inglés, Atos Spain, Connectis, Next, Axpe Atos SpainConnectisNextAxpey EverisEveris.
Ha sido, pues, a sus principales contratistas a quienes ha denunciado la propia Agencia Tributaria ante el organismo que se encarga de velar por que no se vulnere la competencia. Y ha sido la Agencia la que ha suministrado a la CNMC información sobre las licitaciones de esos servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas que ella misma convocó.
Después de registrar las sedes de algunas de estas empresas, la CNMC ha llegado a la conclusión de que existen “indicios racionales” de que las consultoras pactan para fijar precios y repartirse el mercado. Y lo hacen después de intercambiar entre ellas “información comercial sensible” sobre los sistemas por los que supuestamente compiten. Todas estas prácticas están prohibidas por La Ley de Defensa de la Competencia y la legislación de la UE. Ahora se abre una investigación que durará 18 meses y que puede terminar con multas de hasta el 10% de los ingresos anuales obtenidos por cada empresa.
Las principales adjudicatarias
Sólo Indra se ha llevado contratos de la Agencia Tributaria por un total de 46,7 millones de euros en los últimos seis años. Además de los cuatro de mantenimiento de aplicaciones informáticas antes citados, la empresa semipública ha firmado por otros 3,4 millones, desde reparación de equipos para patrulleras hasta el suministro de sistemas para los helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Software AG percibió 5,87 millones de euros por otros cinco contratos, incluidos los de mantenimiento de sus propios productos informáticos. IBM suma 1,63 millones, por mantener servidores y por suministrar software de gestión. El Corte Inglés también se encarga del mantenimiento de los equipos microinformáticos de la Agencia Tributaria, uno de los cinco grandes contratos que le han sido adjudicados desde 2010 por un importe total de 1,86 millones de euros. Sin contar otros de menor cuantía: El Corte Inglés también es el responsable, por ejemplo, de mantener las licencias de Adobe Acrobat de la Agencia Tributaria.
Connectis, otra de las investigadas, recibió en 2014 el encargo de atender los sistemas de análisis de información del fisco a cambio de 1,22 millones, junto con otras tres empresas, Open, Alalza y Babel.
Axpe fue la adjudicataria del mantenimiento de los sistemas Argos (304.000 euros) y Atos Spain, de las declaraciones fiscales y las notificaciones de la Agencia Tributaria en Madrid (179.000 euros).
Aunque no son éstas las únicas grandes consultoras que trabajan para el fisco español. La multinacional francesa Cap Gemini acaba de conseguir el control de calidad de las aplicaciones para presentar las declaraciones de impuestos durante los dos próximos años por 874.226 euros. En 2012 consiguió otro, de asistencia técnica, por 857.084 euros. Y Oesía Network suma 6,74 millones de euros por un total de cinco contratos desde 2010, entre ellos los que le permiten encargarse del servicio informático de atención al contribuyente.
Indra y Software AG, también en la Seguridad Social
El roce entre las consultoras informáticas y la Administración pública no sólo ha resultado problemático en la Agencia Tributaria. Es paradigmático el caso de la Seguridad Social. En 2013 el Tribunal de Cuentas redactó un informe donde sacaba los colores a la Gerencia de Informática. Según su investigación, las adjudicaciones de la Gerencia se concentran en un número reducido de empresas: sólo ocho de ellas consiguieron el 50% del gasto entre 2007 y 2011. En este caso, además, es la propia administración la que soslayaba la competencia: un alto porcentaje de las licitaciones se celebraron por procedimiento negociado, “sin las máximas garantías de publicidad y concurrencia”.
El tribunal también reprocha a la GISS su “auténtica dependencia tecnológica” respecto de algún proveedor, lo que “condiciona contrataciones futuras” para ampliaciones, actualizaciones o mantenimiento de un suministro inicial.
A fin de hacerse una idea del apetitoso bocado que representan estos contratos para las empresas informáticas, basta con recordar que el último concurso convocado por la Seguridad Social para adjudicar los servicios de mantenimiento de sus aplicaciones informáticas, en 2014, tenía un importe de 150,58 millones de euros en dos años. Los ganadores: Indra, Software AG, Connectis y Axpe, asociados en una UTE con otras dos empresas –Métodos y Tecnologías de Sistemas y Procesos e Ingeniería de Software Avanzado–. Indra y Software AG fueron también las adjudicatarias del anterior contrato para este mismo fin, licitado en 2013 por importe de 70,22 millones de euros.Informáticos a 800 euros
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Finalmente, estas consultoras informáticas son igualmente problemáticas por su política de personal. La Inspección de Trabajo está acostumbrada a recibir denuncias de los sindicatos por cesión ilegal de trabajadores, uno de los efectos perversos de la subcontratación o outsourcing. Se trata de una forma de gestión cada vez con mayor auge, tanto en las empresas privadas como en las administraciones públicas. Según la Asociación Española de Consultoría (AEC), el outsourcing es la principal fuente de ingresos de las consultorías y explicaba hasta el 85,7% del aumento de la facturación registrado por el sector.
La cesión ilegal se produce cuando una empresa –o la Administración– firma un contrato de servicios con otra, pero ésta, en realidad, se limita a proporcionarle personal y pagar sus nóminas. Quienes organizan el trabajo, establecen horarios y hasta las vacaciones son los mandos de la primera empresa –o de la Administración–. La subcontratada funciona como una ETT encubierta, carece de actividad y de organización propias. A veces, la empresa principal sólo posee trabajadores hasta el nivel de mandos intermedios; la parte inferior de la estructura se la cede la subcontratada.
Según los sindicatos, la mitad de los 200.000 empleados del sector están empleados en subcontratas. Es su forma habitual de trabajar. Tanto que a este tipo de empresas las han bautizado sus propios empleados como cárnicas o carniceras. En inglés, bodyshopping, la venta de capital humano a bajo precio. Muy bajo precio: los informáticos “pican código” a cambio de 800 euros brutos al mes. Con estos sueldos, las consultoras se permiten después competir con precios de licitación mínimos para ganar los muy jugosos concursos públicos.
La Agencia Tributaria ha repartido 75,77 millones de euros entre empresas de servicios informáticos desde 2010. Desde mantenimiento de licencias hasta asistencias técnicas y desarrollo de los múltiples sistemas de información y bases de datos –un centenar de contratos–, la maquinaria fiscal resulta ser un sabrosísimo cliente para las grandes consultoras del sector.