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Políticos, sindicalistas y empresas tendrán buena ocasión de demostrar este otoño sus habilidades negociadoras. Si en estos dos primeros años el éxito ha acompañado a las mesas sobre teletrabajo, los repartidores, los ERTE los repartidoreslos ERTEo la subida del SMIla subida del SMI, la agenda de los próximos meses va a ser mucho más ardua. Incluye reformas y medidas de primer orden e interés general. Cuyo diseño y calendario sufren, además, la presión de los compromisos adquiridos con Bruselas, que condicionan el desembolso de los fondos de la recuperación a la puesta en marcha de cambios legislativos fundamentales en materia laboral y de pensiones.
Aunque todavía no hay fechas fijadas para las primeras reuniones de septiembre, según han indicado a infoLibre tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos, éstas son las principales mesas de negociación comprometidas para el curso que comienza ahora.
Recién aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de ley con la primera parte de la reforma de las pensiones, el Gobierno debe comenzar ya a pensar en la segunda, puesto que el plazo para conseguir un acuerdo termina el 15 de noviembre. Si en la mesa no hay pacto, el Ejecutivo tendrá que definir en solitario cómo va a ser el “mecanismo de equidad intergeneracional” que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad de la reforma de las pensiones de 2013 y que no comenzará a aplicarse hasta 2027. CCOO y UGT ya han advertido al Gobierno que no aceptarán una definición “restrictiva” de ese nuevo mecanismo. Es decir, que no podrá recortar la cuantía de la pensión inicial como hacía el factor de sostenibilidad, dependiendo de la esperanza de vida de cada generación. Pero sí que actuará sobre lo que el acuerdo alcanzado en julio con patronal y sindicatos denomina “el conjunto de parámetros del sistema”: la edad de jubilación, el periodo de cálculo necesario para cobrar el 100% de la pensión o los años de cotización, por ejemplo.
También estará sobre la mesa el aumento de la base máxima de cotización –ahora en 4.070 euros al mes o 48.841 euros al año–, que se aplicará de forma gradual y obliga también a un alza de la pensión máxima –situada en 2.707,49 euros–. Es una de las medidas que los sindicatos plantean para ampliar la financiación del sistema de pensiones, puesto que de esta forma cotizarían en mayor cuantía cerca de millón y medio de trabajadores cuyos ingresos superan esa base. Al tiempo, CCOO y UGT quieren subir las pensiones mínimas –645,3 euros–.
Avances técnicos en cinco meses
Un poco más de margen, pero no mucho más, tendrán agentes sociales y Gobierno para negociar la derogación de lo que han dado en llamar los “aspectos más lesivos” los “aspectos más lesivos”de la reforma laboral de 2012reforma laboral de 2012. En principio, se tratará de revertir los cambios en la negociación colectiva en dos aspectos. Devolviendo a los convenios sectoriales la prioridad, al menos en materia de salarios, que desde 2012 pasó a manos de los convenios de empresa. Y recuperando la ultraactividad, la prórroga automática de los convenios cuando caducan y mientras se negocia su renovación, que la reforma del PP limitó a un año.
Además, en la agenda se incluyen cambios en la subcontratación, de forma que se garantice a los trabajadores de las empresas subcontratistas las condiciones laborales de la contratista o del convenio sectorial de ésta.
También se pretende reducir el número de tipos de contrato a sólo tres: uno “estable”, otro “temporal” y un tercero “de formación”.
Los cambios tienen que estar aprobados el 31 de diciembre, por lo que, al igual que con las pensiones, el Gobierno deberá legislar si no consigue un acuerdo en la mesa de diálogo, al estar comprometidos en el Plan de Recuperación. Sobre la reforma laboral, los agentes sociales y el Ejecutivo llevan ya cinco meses debatiendo. Según Trabajo, la negociación se encuentra ya bastante “avanzada” en sus aspectos técnicos. Pero aquí el hueso va a ser la CEOE, que ya ha adelantado su oposición a tocar la reforma de 2012, tras tachar de “regresivo”, “intervencionista” y “marxista” el planteamiento avanzado por el Ministerio de Trabajo. “Responde a una motivación ideológica sin fundamentos económicos, no tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras, y, por ello, aboca inevitablemente al desencuentro”, ha advertido. El ministerio responde recordando que la patronal “lleva año y medio negociando todas las propuestas al mismo tiempo que dice que no negocia”. “Ya hemos visto que cada uno tiene un papel dentro y otro fuera de la mesa”, aseguran fuentes del departamento, tras apuntar a la “gestualidad” de los empresarios, con sus declaraciones, y de los sindicatos, que convocaron manifestaciones el pasado julio para exigir la derogación de la reforma laboral.
Los ERTE, dobles protagonistas
También se incluye en las medidas del Plan de Recuperación la creación de un ERTE permanente, un mecanismo que sustituya al despido cuando las empresas necesitan reducir su actividad por culpa de una crisis. La idea es convertir los ERTE, que recortan horas de trabajo o suspenden contratos y han resultado un elemento clave en el mantenimiento del empleo durante la pandemia, en un sistema de flexibilidad interna que incluya no sólo prestaciones sino también formación para los trabajadores afectados.
Pero antes incluso de consolidar el mecanismo laboral estrella de la pandemia, sindicatos, patronal y Gobierno deberán pactar una nueva prórroga de los ERTE en vigor, la sexta, y hacerlo antes del 30 de septiembre. Los sindicatos quieren prolongar las exoneraciones de cuotas hasta incluso el 31 de enero, para no interrumpirlas en plena campaña de navidad. Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad Social, quedan bajo el paraguas de los ERTE 286.000 trabajadores de los 3,38 millones que llegaron a verse afectados en abril de 2020. Los meses de otoño son siempre malos para el empleo, una vez agotada la temporada alta del turismo, y más este año cuando aún se mantiene la incertidumbre económica debido a las variantes del virus y la ralentización de las vacunas, por lo que CCOO y UGT consideran aún necesarios los ERTE. Y asumibles, teniendo en cuenta que la partida presupuestaria para sufragar las ayudas es cada vez menor.
Batalla en el Gobierno por el SMI
La batalla por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una más de las negociaciones candentes de este otoño, se está librando, en cambio, en el seno del Gobierno. Probablemente será de las primeras mesas que se abran, una vez las ministras del área económica hayan pactado si se aumenta o no el suelo salarial. Hace sólo unos días, los buenos datos de empleo del verano llevaron a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a abrir las puertas a una subida del SMI “cuanto antes”. Hasta ese momento, tanto ella como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habían mostrado su frontal rechazo a mejorar este año el salario mínimo, ante el temor de que se perdieran empleos. Tampoco el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, creía que fuera “el momento” para subir el SMI.
Mientras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encargaba a un grupo de 12 expertos un dictamen, donde se proponía un alza para este año de entre el 1,3% y el 2%, entre 12 y 19 euros al mes sobre los 950 euros actuales. De forma que para 2023 el SMI se sitúe entre 1.011 y 1.049 euros en 14 pagas. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos incluye el compromiso de elevar el salario mínimo hasta que equivalga al 60% del salario medio al final de la legislatura, en consonancia con el baremo establecido en la Carta Social Europea.
Díaz reprocha a la CEOE que no quiera negociar la subida del SMI y asegura que "prioriza" el acuerdo a la cuantía
En el caso de que decida subirse ya este año el SMI, también deberá determinarse en qué cuantía: un porcentaje simbólico, el 0,9% de inflación prevista –la cantidad inicialmente establecida para actualizar las pensiones– o una cifra superior, teniendo en cuenta que el IPC ya ha alcanzado este año el 2,9%, una cifra que no se veía desde 2017.
Para 2022 se ha retrasado la reforma de la Ley de Empleo, por la que se modificarán las políticas activas de empleo –formación y recualificación profesional– y la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo, integrado por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y los servicios de empleo de las comunidades autónomas.
Finalmente, este mismo septiembre se abrirá una mesa con expertos para estudiar la vinculación entre precariedad laboral y salud mental.
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