Álvarez: “Sólo avanzaremos si los grupos parlamentarios sienten el aliento de los trabajadores en el cogote”

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Pepe Álvarez dice que ha “venido sólo por un tiempo”, así que no está dispuesto a “morderse la lengua”. En la Secretaría General de la UGT desde hace justo un año, dejó claro cuando presentó su candidatura que no pasaría del cuatrienio al mando. “No tengo ganas de calentar la silla”, se reafirma hoy. Quizá por ese motivo no le duele invocar la huelga general, tampoco atacar las falsedades de la política: “Todo son poses”. Repite el mantra de la triple vía, presión en la calle, en el Parlamento y negociación con la patronal y el Gobiernonegociación con la patronal, como fórmula para recuperar los salarios y los derechos perdidos por culpa de la crisis y de la reforma laboral. Pero la mecha es la movilización, que forzará un “cambio de música” cuando el PP “se acostumbre a la nueva situación” de la pérdida de la mayoría absoluta, por un lado, y la CEOE se dé cuenta de que es preferible “repartir la riqueza que se está generando” a aumentar la conflictividad en las empresas. “El PP”, apunta, “necesita un rodaje para gobernar sin la mayoría absoluta”. “Debe aceptar que tiene un Parlamento con una mayoría que le obliga a negociar, y que siete de cada 10 ciudadanos han votado programas políticos opuestos al suyo”.

PREGUNTA: La negociación salarial con la CEOE se encuentra bloqueada y la tensión parece en aumento tras el cruce de cartas y la convocatoria de protestas ante la sede de la patronal. Los sindicatos pidieron la reunión urgente de la comisión de seguimiento de los acuerdos. ¿Han contestado los empresarios?

RESPUESTA: Ni nos han contestado ni ha habido negociación. Sí hemos celebrado reuniones e intercambiado papeles, pero la patronal se ha cerrado desde el primer momento. Al principio, quería hablar de todo y a nosotros nos parecía bien. Después, ya no. Y más tarde dijo que el aumento salarial tiene que partir de cero. Con esos mimbres, era imposible llegar a una negociación constructiva que nos permitiera visualizar el acuerdo. Ahora los convenios colectivos se están negociando y eso genera un proceso de movilizaciones muy importante en las empresas. Creo que el aumento de la conflictividad en España se palpa, y se va a ir viendo más si no hay un acuerdo paraguas. Es evidente que no podemos firmar un pacto que parta de cero en un país cuya economía crece al 3%, con un IPC en torno también al 3% y donde llevamos siete años con los sueldos congelados, o más bien a la baja en muchos sectores. Hemos hecho una propuesta más que razonable, ir a una banda de subidas de entre el 1,8% y el 3%, que es lo que vamos a defender en los convenios colectivos.

Además, creo que la patronal pierde una gran oportunidad para negociar los temas relacionados con el mercado de trabajo y la reforma laboral, y hacer las cosas como se hacen en los países civilizados, llevando al Parlamento las conclusiones pactadas. Si no lo hacen, intentaremos que el Congreso derogue la reforma. Esta situación pone a la CEOE en el disparadero de un proceso que nos va a llevar a los sindicatos a recuperar la calle. El objetivo es repartir la riqueza que se genera en el país, a través de la negociación colectiva, y recuperar los derechos perdidos en los últimos ocho años. Si, como dice el ministro de Economía, la situación económica se ha recuperado y en 2018 estaremos ya en los niveles de 2008, también queremos recuperar los derechos que los trabajadores tenían en 2008.

P: Las propuestas que UGT y CCOO han mandado a la CEOE piden la práctica derogación de la reforma laboral. ¿No os fiáis de que PSOE y Podemos lo consigan en el Congreso o teméis que se queden a medias? ¿O quizá queréis apremiarlos?

R: Es nuestra propuesta de mínimos frente a la propuesta de máximos que presentaron ellos. Parece que la patronal fue al archivo a quitarle el polvo a los documentos más rancios que tenían para enviárnoslos. En todo caso, siempre sería mejor un acuerdo entre los sindicatos y la patronal que una mayoría parlamentaria que puedes conseguir un momento y perder en otro. Los acuerdos con la patronal tienen siempre una vigencia mayor y luego pueden ser refrendados por el Parlamento. Pero una cosa no es contradictoria con la otra. Si la patronal no quiere negociar, me voy al Congreso. La CEOE piensa que en España no ha pasado nada desde hace dos o tres o cuatro años. Y sí ha pasado: el país crece, se genera riqueza, ésta se reparte muy mal y hay un Parlamento con una nueva mayoría que puede generar cambios positivos para los trabajadores.

P: ¿Pero se va a reunir la comisión de seguimiento como pidieron UGT y CCOO?

R: No ha habido convocatoria. Sólo conversaciones informales. Hoy, en Alemania, con un IPC mucho más controlado y una economía que crece mucho menos, los sindicatos están pidiendo aumentos salariales del 4%, el 5% y el 6%. Y si la patronal no se apura en negociar, es lo que ocurrirá aquí cuando empezamos hablar del año que viene. O esto lo cerramos pronto o ése va a ser nuestro planteamiento. Si no existe una contrapartida para la mejora de las condiciones del trabajo, acabar con la precariedad de decenas de miles de trabajadores y aumentar la seguridad en las empresas, vamos a exigir el reparto de los dividendos para recuperar los salarios.

P: Los sindicatos también se están reuniendo con el Gobierno. ¿Con qué resultado?

R: La situación es de una lentitud exasperante. En diciembre nos reunimos corriendo porque había que reactivar el tema. Y no volvimos a hablar hasta hace un mes. La comisión de calidad del empleo se ha reunido sólo una vez. La de protección social, dos veces; la del Pacto de Toledo lleva un mes sin reunirse. No podemos fiar la recuperación de los derechos a las comisiones de trabajo montadas con el Gobierno, sino a la presión a través del Parlamento y en la calle, y es ahí donde nos vamos a mover, porque sabemos que, en la medida en que eso se mueva, mejorarán la negociación y sus resultados.

P: La ministra de Empleo ha anunciado que pondrá sobre la mesa el acuerdo que el PP firmó con Ciudadanos, que incluye la reducción a tres de los tipos de contrato y la creación de uno temporal con indemnización creciente.

R: No compartimos el pacto con Ciudadanos. Tampoco la mayoría de los trabajadores de este país, donde una mayoría no votó ni al PP ni a Ciudadanos. Así que no vamos a negociar ese acuerdo. No sirve para acabar con la precariedad, más bien genera nuevas y mayores discriminaciones. No aporta nada.

P: ¿Ha notado algún cambio en su relación con el Gobierno ahora que el PP ha perdido la mayoría absoluta?

R: Los cambios que merece la pena comentar son aquéllos que cambian alguna norma. Y hasta ahora eso no ha sido posible. Es verdad que del tono en las negociaciones podría deducirse que el Gobierno está dispuesto a abordar alguna cosa más. Sacándole mucho hilo a la frase del presidente de “lo que funciona no se cambia y, si se cambia, es para mejorarlo”, pues… vamos a mejorarlo. Yo creo que [la reforma laboral] no funciona, pero ni siquiera voy a perder un minuto en discutirlo, vamos directamente a mejorarla. Hay una comisión, así que vamos a ver cuánto da de sí. Pero, en paralelo, Podemos, PSOE, ERC han presentado iniciativas que irán abriéndose camino en el Congreso y que el Gobierno, si no quiere luego lamentarse, como ahora con el decreto de la estiba, debe sentarse a negociar.

Nosotros seguiremos una triple vía: la movilización en la calle, la vía parlamentaria y la negociación en la medida en que el Gobierno quiera negociar.

P: En cualquier caso, los sindicatos le piden al Ejecutivo más rapidez, más dinamismo…

R: Ellos ya saben que nos gustaría abordar esto de manera más inmediata, que hemos identificado dónde están los problemas y propuesto soluciones. Yo creo que esto sólo se va a mover en la medida en que haya una presión en la calle y en el Parlamento. Desde que soy secretario general, ha estado todo parado… Pero las movilizaciones están en marcha y no las vamos a parar. Porque por mucho que lo retrasen todo, la ciudadanía de manera organizada, sumando muchos sectores y colectivos, conseguirá que este país se mueva.

P: En alguna declaración anterior ha dicho que no quería una “ley de financiación del sindicato”. Sin embargo, una de sus propuestas de negociación con la CEOE es una “ley de financiación de la función socioeconómica que realizan las organizaciones sindicales y empresariales”.

R: No hemos planteado ninguna ley de financiación. Eso es lo que les gustaría a algunos, meterla en medio de este proceso de debate para decir que vamos de pedigüeños. En UGT hemos pasado momentos de una dificultad extrema, tuvimos que hacer cosas que nunca le hubiera gustado al sindicato hacer con sus trabajadores. Pero ya lo hemos hecho y tenemos una organización absolutamente libre para tomar las decisiones que necesitamos. Ahora vamos a mostrar a los ciudadanos que los afiliados de la UGT, los que pagan la cuota, son los que están subvencionando las relaciones laborales en nuestro país. Por eso, al margen de la negociación, pediremos que nos paguen lo que nos cuesta ese trabajo.

Si la UGT, a través de sus delegados, se ocupa de la prevención de riesgos laborales en las empresas, no lo hace sólo para sus afiliados, sino para todos los trabajadores. Entonces, ¿por qué va a pagarlo sólo el sindicato? ¿Por qué vamos a tener técnicos a costa de la cuota de los afiliados para este servicio común que debería hacer el Estado? Porque, en definitiva, un delegado de prevención es una figura regulada, que incluso tiene responsabilidades penales en función de lo que pueda pasar en las empresas, y el Estado no puede pedir a una persona que se presente y no formarla. Si eso lo hace el Estado a través de nosotros, debería pagarlo. Ocurre lo mismo con la negociación colectiva o con las negociaciones abiertas con el Gobierno: nos cuestan dinero a los sindicatos y no tienen por qué pagarlas los afiliados a la UGT exclusivamente.

Pero eso no es financiación, ni subvenciones, sino que el Estado pague los costes de un sistema obligado de carácter universal cuando la afiliación es libre y voluntaria. Y no es para mañana. Ahora estamos evaluando los costes y creo que en torno al 50% de la cuota de los afiliados a la UGT no va destinado a cuestiones propias sino al bien común, a la representación colectiva de todos los trabajadores.

En Alemania, por cierto, la Confederación Sindical Alemana tiene como 100 veces más subvenciones estatales que los sindicatos en España y a nadie se le ocurre decir allí que los sindicalistas son unos corruptos y unos vividores.

P: ¿Pero esa función no la cubren ya las subvenciones que sindicatos y patronal reciben por su participación en las instituciones?

R: No… Esas subvenciones suman sólo 3,69 millones de euros, el 40% de la cifra de 2008. Es una cantidad insuficiente y ridícula. Basta con ir a la web del sindicato para ver cuáles son sus ingresos y por qué conceptos. Ni las subvenciones a la formación son subvenciones al sindicato, puesto que haces un gasto equivalente al ingreso, ni los planes de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, que se destinan a una actividad determinada, no al sindicato. Restadas estas partidas, quedan tres millones de euros, frente al coste de la actividad de carácter general del sindicato, que pasa de 40 millones de euros.

P: ¿Y cree que el Gobierno está dispuesto a hacer ese gasto?

R: Ni se lo hemos planteado. Aspiro a que los trabajadores de este país lo reivindiquen. Si no somos capaces de conseguir que, cuando el Estado elimine una subvención a un sindicato, los trabajadores piensen que les han quitado un derecho, nos hemos equivocado. Hay una diferencia importante entre una ley de financiación y que te paguen lo que te cuesta un trabajo. En una reunión que UGT y CCOO mantuvimos con Albert Rivera, le pregunté quién paga los sueldos de las personas que trabajan para Ciudadanos. Les paga el Estado. Pero a los trabajadores de los sindicatos les paga el propio sindicato. Yo defiendo intereses de los afiliados de UGT en la medida en que son trabajadores; es decir, estamos defendiendo intereses generales lo mismo que Ciudadanos.

Eso hay que plantearlo, pero no quiero que se haga en el marco de las negociaciones que estamos llevando ahora. Cuando el sindicato haya hecho una cuenta de resultados por cada actividad y pueda decirle a la ciudadanía “negociar los convenios me cuesta tanto y tanto me cuestan mi participación en el Consejo Económico y Social (CES) o las negociaciones con la Administración”, será el momento de decirle también que eso no lo subvenciona el Estado, lo pagan los afiliados, personas que ganan sueldos bajos en muchos casos y a los que cuesta muchísimo pagar la cuota. Y esa situación no se puede mantener sine die. Porque, ¿cómo es posible que un sindicato despida? Eso no puede volver a pasar y la manera de que no se repita es que seamos muy transparentes y que todo el mundo sepa qué hacemos.

P: Ha dicho varias veces que la huelga general está cada día más cerca. ¿Sigue siendo eficaz este tipo de convocatoria que cada día resulta a los sindicatos más difícil de organizar?

R: No es un objetivo la huelga general. Pero cómo vamos a descartarla si todos los grandes logros laborales en este país se han conseguido después de una. ¿Qué conquista de los trabajadores no se hizo como consecuencia de una huelga general? Los golpes de recortes importantes siempre se han parado a través de un proceso que ha culminado en una huelga general. Pasó el 14 de diciembre de 1988 y con Aznar en 2002, al día siguiente había caído la mitad del Gobierno…

P: Con la reforma laboral no se consiguió…

R: Bueno, es que con la reforma laboral hubo ingredientes que no existían antes. ¿Cuándo se produjo una campaña de desprestigio de la profundidad que ha habido en estos últimos años contra las organizaciones sindicales? ¿Cuándo habíamos tenido una crisis que en tan poco tiempo destruyera tantos miles de puestos de trabajo? No podemos descartar la huelga general y este Gobierno igual se encuentra con una que puede tener consecuencias. Creo que en este momento debemos mover las fábricas, conseguir objetivos en los convenios colectivos y generar una mejor percepción en la sociedad de las organizaciones sindicales. Y, por si no conseguimos nuestros objetivos en las mesas de negociación y en las movilizaciones, no descartar una huelga general, o dos.

También es verdad que las huelgas generales hay que administrarlas en el país en el que estamos porque hay trabajadores a los que es muy difícil organizar, tienen una situación contractual que no les permite ejercer el derecho de huelga. Y hay una legislación que penaliza y persigue a los piquetes. Pero espero que el proceso verbal en que estamos dé resultados, porque me consta que hay sectores empresariales que ven que este país puede entrar en una deriva de conflictividad que no es conveniente, y empiezan a decir que ha llegado el momento de repartir un poquito.

P: ¿Conoce a Unai Sordo?

R: No. No he coincidido antes con él y aún no nos hemos llamado. Pero he oído hablar muy bien de él a los compañeros de Euskadi.

P: Con un discurso más combativo en UGT y la renovación generacional en CCOO, ¿vamos a ver a unos sindicatos más expeditivos, más duros a partir de ahora?

R: Eso ya está pasando. Tiene que ver con el momento en que vivimos. De un año aquí las expectativas económicas han mejorado y eso nos da esta nueva dimensión. Seguramente que el nuevo clima [político] también ha contribuido. Siempre he tenido una buena relación con Ignacio [Fernández Toxo], creo que es un gran sindicalista, de los grandes del movimiento obrero y, en todo caso, estoy absolutamente convencido de que el nuevo secretario general de CCOO va a estar en la misma línea. Aunque tampoco tenemos muchas más. La unidad de acción forma parte del patrimonio común de los trabajadores. Y no está a expensas de lo que diga ni UGT ni CCOO, afortunadamente está a salvo.

P: ¿Existe aún una clase obrera o es un concepto histórico que poco o nada tiene que ver con la realidad actual de los trabajadores precarios?

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R: Es un concepto muy amplio. La gran lección de la crisis en España es justamente que una parte de la sociedad que pensaba que había dejado de ser clase obrera y creía ser clase media ha descubierto que no lo era, que era una ficción. Hoy hay muchos universitarios que son más clase obrera que otros que han hecho FP porque trabajan en peores condiciones. Antes pensaban que iban a ser precarios sólo durante un tiempo, pero los más jóvenes ya se han dado cuenta desde el principio de que no va a ser así.

P: ¿Cómo está preparando UGT el Primero de Mayo?

R: Tendrá que ver con el reparto de riqueza y la creación de empleo. Y espero que con más presencia de trabajadores en las calles. Porque en esta legislatura sólo avanzaremos si somos capaces de que los grupos parlamentarios sientan el aliento de los trabajadores en el cogote. Si no, se van a dedicar a hacer muchas tonterías, internas y de todo tipo, y los sindicatos tenemos una cierta obligación histórica de indicarles el camino a la izquierda. Y como algunos no nos respetan mucho a los sindicatos, que se lo muestren directamente los trabajadores.

Pepe Álvarez dice que ha “venido sólo por un tiempo”, así que no está dispuesto a “morderse la lengua”. En la Secretaría General de la UGT desde hace justo un año, dejó claro cuando presentó su candidatura que no pasaría del cuatrienio al mando. “No tengo ganas de calentar la silla”, se reafirma hoy. Quizá por ese motivo no le duele invocar la huelga general, tampoco atacar las falsedades de la política: “Todo son poses”. Repite el mantra de la triple vía, presión en la calle, en el Parlamento y negociación con la patronal y el Gobiernonegociación con la patronal, como fórmula para recuperar los salarios y los derechos perdidos por culpa de la crisis y de la reforma laboral. Pero la mecha es la movilización, que forzará un “cambio de música” cuando el PP “se acostumbre a la nueva situación” de la pérdida de la mayoría absoluta, por un lado, y la CEOE se dé cuenta de que es preferible “repartir la riqueza que se está generando” a aumentar la conflictividad en las empresas. “El PP”, apunta, “necesita un rodaje para gobernar sin la mayoría absoluta”. “Debe aceptar que tiene un Parlamento con una mayoría que le obliga a negociar, y que siete de cada 10 ciudadanos han votado programas políticos opuestos al suyo”.

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