El órdago lanzado por el consorcio que encabeza la constructora española Sacyr a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al reclamar 1.625 millones de dólaresórdago (1.160 millones de euros) por costes añadidos en las obras de ampliación del canal se debe, fundamentalmente, a la asfixia financiera de la compañía, cuya deuda se elevaba a 6.855 millones de euros el pasado mes de septiembre. Así lo explican a infoLibre fuentes al tanto de las negociaciones y de la situación del grupo que preside Manuel Manrique.
La obra cuenta con garantías aseguradas de 600 millones de dólares que podrían ser ejecutadas por el Gobierno panameño. Hace menos de un mes, Sacyr comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Panamá aceptaría sus reclamaciones. Lejos de ello, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció este mismo jueves en el Parlamento que exigirá a los Gobiernos español e italiano que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio que encabezan Sacyr y la italiana Impregilo, cumplan sus compromisos.
También el ex administrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán, advirtió ayer de las consecuencias si la disputa se encona: "...Esta obra está bien asegurada con un afianzamiento de 600 millones de dólares...no creo que sea la intención de estos señores (Sacyr) de abandonar la obra...siento que hay mucha tela que cortar..todos debemos apoyar al Canal", finalizó. La cifra de entre 400 y 600 millones de garantías aseguradas por los integrantes del consorcio fue confirmada por fuentes conocedoras del contrato en España.
El consorcio encabezado por Sacyr venía reclamando (y negociando) desvíos de presupuesto con la ACP de entorno a 585 millones de dólares.ACP Pero la asfixia financiera ha pesado más. Sacyr decidió jugarse el todo en diciembre y reclamar otros 950 millones, según explican fuentes conocedoras de los contactos. infoLibre trató de recabar la versión de Sacyr sin lograrlo.
La decisión, en la que también ha jugado un papel destacado el consejero delegado del grupo italiano aliado de Sacyr, Impregilo, Pietro Salini, pone de manifiesto que la constructora no tiene aliento financiero para poner los entre 20 y 30 millones de dólares mensuales necesarios para mantener el pulso. "Es un órdago arriesgado destinado a forzar la negociación" aseguran fuentes de las constructoras que operan en aquel país.
El grupo Sacyr atraviesa por una situación difícil y se juega buena parte de su futuro y de su imagen en la partida que ha decidido librar en Panamá.situación difícil Sacyr ganó en 2009 junto al grupo italiano Impregilo, el belga Jan de Nul y el panameño Cusa el gran proyecto de ampliación del canal de Panamá.
Oferta "imbatible"
Presentó una oferta "imbatible", según la califican fuentes que tuvieron responsabilidad en la misma. El consorcio liderado por Sacyr (48%) logró la mejor evaluación técnica (4.088,5 puntos) para el diseño y construcción de un nuevo juego de esclusas y exigió el menor precio, 3.118 millones de dólares. .
La oferta de Sacyr derrotó ampliamente a las presentadas por el grupo que encabezó la estadounidense Bechtel (unido a las japonesas Taisei y Mitsubishi Corporation, 4.185 millones de dólares) y el consorcio español formado por Acciona, FCC, ACS-Hotchief y la mejicana ICA (5.981 millones). Sacyr ganó, pero no sin polémica.
Los documentos de la Administración de EE UU destapados en el el caso Wikileaks atribuían al vicepresidente panameño, Juan Carlos Varela, fuertes críticas hacia el proyecto y hacia los ganadores del mismo. En enero de 2010, en una conversación en la que participó el número dos de la embajada de EE UU, Varela aseguró lo siguiente: “Uno no hace chapuzas con algo tan importante como el Canal. Cuando uno de los licitadores hace una oferta 1.000 millones de dólares inferior a la del siguiente, hay algo que está muy mal”, aseguran que dijo Varela.
Sacyr no lo tiene fácil en la partida que libra en Panamá. La Autoridad del Canal de Panamá está dirigida por una élite de gestores-ingenieros formada en EE UU, que formó parte de la Administración norteamericana del Canal hasta 2000 y que, en palabras de un directivo de una de las compañías que trabajan en el país "es menos permeable que el mismo Gobierno a presiones e influencias políticas".
Negocio "a la española"
Está en cuestión una forma muy española de entender el negocio constructor. Se resume en los llamados "modificados de obra": Se presenta un presupuesto para ganar la obra que no se cumple y que se eleva de forma continua. Por decirlo de forma suave, esos "modificados" son un cáncer del sistema.
Para poner coto a la enfermedad en España y a instancias de la UE, la Ley de Economía Sostenible de 2011 abordó el problema. La norma modificó, entre otras, la Ley de Contratos del Sector Público y obligó a detallar en el pliego o en el anuncio de licitación, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá modificarse el contrato.
También obligó a aclarar, igualmente de forma precisa e inequívoca, el alcance y limites de la modificación así como a indicar el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puede afectar la modificación.
Las modificaciones explican en buena parte las diferencias detectadas por el Tribunal de Cuentas Europeo entre el coste de proyectos de construcción de carreteras entre países de la UE. El Tribunal concluyó, tras analizar 24 proyectos con una inversión total de 3.000 millones de euros, que el coste medio de los seis analizados en España (tres en Andalucía y tres en Extremadura) resultó casi el doble de los seis evaluados en Alemania, tras excluir elementos de ingeniería como viaductos y túneles.
Números elásticos
La elasticidad de los números en los presupuestos afecta a todos los grandes proyectos y, en general, a todas las empresas. Aunque en el caso de las empresas españolas, el hábito ha mutliplicado las fricciones.
El expresidente de Sacyr Loureda justifica la cuenta en Suiza porque una hija suya residía en el país
Un ejemplo fueron las quejas de otra gran compañía, OHL (Grupo Villar Mir), por los supuestos sobrecostes a los que tendría que hacer frente el consorcio de 14 empresas (entre ellas, Renfe, Adfif, Ineco, Cobra...) que ganó el proyecto de AVE a La Meca (500 kilómetros, 6.700 millones de euros). Los tambores de crisis no pasaron a mayores. Pero la advertencia saudí fue clara: los constructores deben ajustarse al presupuesto. Ni un euro de sobrecoste injustificado.
Lo de acusar al rival o al socio a la fuerza de hacer mal la parte del proyecto que encarece el presupuesto final es muy conocido. Hasta el New York Times recogió en 2012 las disputas de ACS y OHL en la construcción del metro de Grand Central (Manhattan, NY) a Long Island por las modificaciones y desvíos en el proyecto.
La polémica en la gran obra panameña es una mala noticia para el sector constructor de España, que depende para su supervivencia de las obras en el exterior. Según los datos de la patronal del sector, de la facturación total en 2012 (77.209 millones de euros), el 69,3% (53.473 millones) teuvieron origen en el exterior. En la actividad específica de construcción, la dependencia de la obra externa llega al 80%.
El órdago lanzado por el consorcio que encabeza la constructora española Sacyr a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al reclamar 1.625 millones de dólaresórdago (1.160 millones de euros) por costes añadidos en las obras de ampliación del canal se debe, fundamentalmente, a la asfixia financiera de la compañía, cuya deuda se elevaba a 6.855 millones de euros el pasado mes de septiembre. Así lo explican a infoLibre fuentes al tanto de las negociaciones y de la situación del grupo que preside Manuel Manrique.