La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de una querella que fue presentada contra 45 directivos de cuarenta entidades emisoras de participaciones preferentes, porque no es posible afirmar con "carácter general" que engañaran u ocultaran información a los clientes minoristas y ha recomendado a los afectados acudir a la vía civil para reclamar su dinero.
En un auto, conocido este viernes, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal desestima el recurso que fue presentado por la Asociación Activa Preferentes, constituida para defender los intereses de los pequeños inversores, contra la decisión del juez Pablo Ruz de archivar la querella interpuesta hace dos años contra 45 responsables y 40 entidades en condición de responsables civiles subsidiarias.
Los magistrados Concepción Espejel, José Ricardo de Prada y Enrique López explican que para calificar la emisión de estos productos complejos como un delito de estafa "es necesario que, además de un engaño, este tiene que ser bastante y ser susceptible de originar un error esencial en el perjudicado". "Este error debe ser causado por la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente", precisan.
"Todo ello aconseja, salvo algún caso, que no se da en el presente, que este conflicto se resuelva en la vía civil, puesto que el dolo civil es de menor grado que el penal y también de diferente naturaleza", resaltan.
Los jueces añaden que no se trata de un delito fiscal en el que se valora la cuantía económica y apuntan que las posibles conductas irregulares de los administradores "pueden ser perseguidas dentro del ámbito propio de su función", según la Ley sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito.
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Enrique López, enfatiza que "no está demostrado" en este caso que en el diseño de las preferentes y en su posterior colocación en el mercado minorista, cuya comercialización aprobaron los órganos reguladores "oportunamente", se pueda inferir un "engaño suficiente como para traspasar el ámbito de la responsabilidad estrictamente civil".
"No es posible afirmar que con carácter general quienes las emitían conocían que era imposible que pudieran obtener ninguna rentabilidad, puesto que la situación de la insolvencia de las entidades solo se constató cuando se produjo una serie de cambios legislativos que así lo determinó", remarca el auto, para indicar que la querella no concreta la actuación individualizada de cada directivo.
La asociación acusaba a los directivos de presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada.
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Según los querellantes, en el año 2009 el sistema bancario español, del que entonces se decía era el "mejor del mundo", acuciado por sus problemas de liquidez y, sobre todo, de solvencia, inundó el mercado, en solo seis meses, con 13.553 millones de euros participaciones preferentes.
Denunciaban que estos productos en vez de destinarse a inversores institucionales, a los que ya no podían acudir dado los precios de emisión, muy fuera de mercado, se dirigieron de forma masiva a cientos de miles de hogares españoles, clientes minoristas de la propia red de sucursales del emisor. "El resultado, es por todos conocido, miles de familias afectadas y el ahorro popular completamente desmantelado", según la querella.
La querella se dirige personalmente contra los responsables directivos de entidades emisoras de este producto, entre las que además de la práctica totalidad de cajas, aparecen bancos como el Popular Español, Pastor, Sabadell, Español de Crédito, BBVA y Santander, aparecen Telefónica Finance o Repsol International Capital Limited.
La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de una querella que fue presentada contra 45 directivos de cuarenta entidades emisoras de participaciones preferentes, porque no es posible afirmar con "carácter general" que engañaran u ocultaran información a los clientes minoristas y ha recomendado a los afectados acudir a la vía civil para reclamar su dinero.