El 'dumping fiscal' que no ve Ayuso: 31 bajadas de impuestos y 31.300 millones menos en 5 años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes una nueva rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. En concreto, eleva la bonificación desde el 25% hasta el 50% y añade a esto otra bonificación del 100% en las donaciones de menos de mil euros. Es la segunda vez que reduce esta tasa desde 2022 y, con esta decisión, avanza en una estrategia política que gira en torno a pagar cada vez menos impuestos. De hecho, en cinco años la Comunidad ha acometido 31 bajadas, lo que supone 31.300 millones menos recaudados.
Las regiones en las que menos se paga por este tributo son aquellas que más bonifican a los descendientes, ascendientes y cónyuges. Madrid lidera este grupo, formado también por Andalucía, Comunitat Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares, con bonificaciones del 99% para familiares directos. En el caso de familiares de segundo y tercer grado, Andalucía contempla una reducción de hasta 250.000 euros, Extremadura, Valencia y Murcia bonifican también hasta el 99% y Baleares llega, como Madrid ahora, al 50% de bonificación. Todas ellas gobernadas por el Partido Popular.
Rebajar la fiscalidad es, en principio, una estrategia popular entre los ciudadanos, pero tiene un gran problema, y es que cuando estas bajadas empiezan a comprometer los servicios públicos, el porcentaje de personas a favor de reducir las tasas gubernamentales cae también. De hecho, un estudio de las universidades de Viena y Zurich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae hasta 10 puntos. Así, el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o más deuda. Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que en Madrid ha aumentado un 125% la tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una primera consulta en hospitales. También, si se compromete la viabilidad de la universidad pública, cuyos rectores advertían el año pasado que ni siquiera podían cubrir los gastos de personal con el presupuesto que recibían y que su financiación era un 15% inferior a la de 2010.
La teoría dice que las rebajas de impuestos pueden compensarse por su capacidad para atraer capital, pero también comprometen la capacidad de invertir en lo que es de todos. De hecho, las bajadas de tasas en Madrid y Andalucía habrían reducido su capacidad de gasto (entre ellos el gasto social) en cerca de 1.000 millones en 2023, según el Informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gastos del ejercicio 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda.
Otro debate que surge a este respecto es la competencia desleal entre comunidades, también conocida como "dumping fiscal". Este concepto hace referencia a reducir impuestos de forma agresiva, por debajo de los niveles habituales y con la intención de atraer empresas y contribuyentes desde otras regiones. Además, este modelo se podría traducir en pérdidas para otras comunidades que no se puedan permitir las rebajas o en una espiral impositiva a la baja que dañaría las prestaciones públicas.
En el caso de la Comunidad de Madrid, en un lustro acumula 31 bajadas de impuestos, algo más llamativo aún si se considera que esta política de fiscalidad a la baja tiene recorrido desde la época de Esperanza Aguirre, que entre 2003 y 2012 siguió las misma dinámica. De hecho, la propia administración informa que desde hace 20 años el impuesto de sucesiones se ha ido modificando a la baja, con una merma en la recaudación que llega a los 55.000 millones de euros.
Menos impuestos no significa justicia fiscal
Subir los impuestos es una medida antipática, pero "no es conveniente entenderlos como una competición a la baja para ver quién es el que atrae al mayor número de clientela", afirmaba en 2021 el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, cuando le preguntaban por la política fiscal madrileña. De hecho, este organismo internacional llegó a calificar a Madrid en 2021 como un “paraíso fiscal interno” por, entre otras medidas, aplicar una tasa del 0% en el impuesto de patrimonio, disparando con ello un 10% en cinco años el número de personas ricas con respecto a otras comunidades.
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Por otro lado, en Madrid el tipo impositivo más bajo de toda la escala lo paga el centil más rico, con solo un 26,9% de su renta dedicado al pago de impuestos, tal como detalla el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, publicado en febrero por Fedea. En porcentaje, le sigue el quintil con menos poder adquisitivo, que paga un 27,7%, mientras que los tramos intermedios se mueven entre el 31% y el 38%.
Sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales y juego son los cuatro tributos que las comunidades tienen cedidos y sobre los que pueden aplicar alzas o rebajas. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda, relativos a 2021, señalan que la recaudación total por ellos ascendió a un total nacional 15.700 millones, pero Ayuso siempre ha insistido en reducirlos. "Madrid emplea su autonomía y capacidad normativa, recogida en la Constitución, para definir su política de impuestos y ser más competitivos, como pueden hacer en cualquier otra región de España" señalaba la presidenta en el comunicado.
En la nota de prensa hecha pública por la Administración madrileña, señalan que la aprobación de la rebaja fiscal, que se hará efectiva este miércoles 19 en el Consejo de Gobierno regional, podría aplicarse a unas 14.000 personas, con un coste anual de 140 millones de euros. En los ejemplos que se ponen, dos hermanos que hereden de otro hermano fallecido, sin descendientes, ascendientes ni cónyuge, una casa valorada en 200.000 euros y unos ahorros de 100.000, evitarán el pago de más de 15.600 euros cada uno sobre la cuota sin bonificar. En el caso de cuatro sobrinos que hereden de un tío una vivienda por valor de 250.000 euros y unos ahorros de 100.000, cada uno dejaría de pagar unos 7.200 euros sobre la cuota sin bonificar. Tal como informa EFE, la justificación desde el Gobierno regional es que las clases medias y bajas "no estén asfixiadas", una afirmación que contrasta con el hecho de que el 1% más rico pague en la comunidad un tipo impositivo inferior al quintil más pobre.