El acuerdo alcanzado por 11 países europeos, entre ellos España, para aplicar a partir de 2015 un nuevo impuesto sobre la compraventa de acciones y recaudar hasta 35.000 millones al año ha caído como un jarro de agua fría en el sector bancario. Los bancos consideran la llamada Tasa Tobin o Tasa Robin Hood una amenaza. En principio, son las entidades financieras las que tienen que pagar el gravamen, aunque pocos (incluido el Banco de España) dudan de que la tasa acabará por afectar al bolsillo de los usuarios.
El malestar es notable. En España, la Asociación Española de la Banca Privada (AEB) ha advertido al Gobierno de que la tasa, del 0,1% sobre cada operación con acciones, "encarecerá el coste de financiación de los Gobiernos y de las empresas residentes en los once Estados miembros participantes y dificultará, aún más, su capacidad para acceder a los mercados internacionales de capitales". Para un país como España, cuya deuda pública ronda el billón de euros (cerca del 100% del PIB), la advertencia es seria.
La forma en que se ha acordado implantar la tasa levanta muchas suspicacias incluso entre los partidarios de buscar fórmulas para frenar la especulación rampante. Los países que han aprobado la tasa son sólo 11 de la zona euro: aprobado Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Austria, Portugal, Grecia, Estonia, Eslovaquia y Eslovenia. De ahí que expertos como el economista y profesor de Icade José Carlos Díez, aun siendo partidarios de dificultar las maniobras especulativas, sean también escépticos sobre lo recién aprobado.
Réplica de operaciones
"Hoy día -sostiene Díez- se pueden replicar las operaciones mediante derivados en cualquier lugar". La pregunta entonces es ¿por qué han aprobado 11 Gobiernos de la UE una medida que puede ser ineficaz? Díez lo tiene claro: "Queda bien decir que se impone una tasa a los mercados". Política e imagen.
La aplicación de la tasa en sólo un puñado de países cuestiona la eficacia de la medida. Alrededor del 60% de las transacciones tiene lugar en el Reino Unido, EEUU, Japón, Singapur y Hong Kong. Con Alemania, Francia, Australia y Suiza, ese porcentaje se eleva al 84%. "Si estos países más el resto del G-7 imponen la Tasa", sostiene un estudio del Instituto Elcano, "es factible su introducción aunque el resto no la aplicase".
También Juan Laborda, economista, profesor de Economía Financiera en la Universidad Carlos III y partidario de implantar la tasa advierte de que la medida "tiene dificultades". "Hay que ser muy cuidadosos acerca de cómo se hace técnicamente. Las grandes mesas de trading (negociación) de las entidades financieras están en países desarrollados, en ciudades como Londres o Nueva York, pero el cómputo de las operaciones está fuera, en países emergentes".
Tras los recelos está el temor a que las entidades realicen las operaciones con acciones y derivados allí donde no se aplique el gravamen. En la City de Londres, por ejemplo. La patronal bancaria lo ha expresado claro: "La configuración actual del impuesto -sostiene- genera un efecto cascada que potenciará la deslocalización de la actividad financiera hacia sectores no regulados o hacia otras jurisdicciones en las que no se exija este gravamen".
Evitar riesgos
Para evitar ese riesgo, el acuerdo, a falta de más precisiones, contempla la aplicación del llamado "principio de emisión": se gravan las trasacciones de todas aquellas acciones que se hayan emitido al alguno de los 11 países que han llegado al acuerdo, al margen del lugar donde se cierre la operación.
No se trata sólo del traslado (deslocalización) de operaciones. Los bancos han advertido también de que "la Comisión podría haber minusvalorado los efectos negativos que este impuesto provocará en términos de crecimiento económico y empleo en la economía de los once Estados Miembros participantes".
Bancos como Citi concretaron en un 0,5% del PIB el impacto negativo en España a largo plazo, pero el Gobierno de Reino Unido (opuesto a la tasa) elevó ese impacto en la economía de la UE en hasta el 3,5% del PIB.
Por supuesto, hay estudios con resultados muy diferentes. Uno de ellos, de la Fundación Ideas, dirigido por el Nobel Joseph Stiglitz, calculó que con la introducción de la tasa, con un tipo impositivo del 0,05% y sin reducción de volúmenes de contratación, España recaudaría cada año 6.300 millones de euros, y Europa, 586.000 millones. Para la AEB, que no da cifras, "el potencial recaudatorio de este impuesto está sobrevalorado".
Indignación popular
El catedrático de economía e investigador de Funcas Santiago Carbó sostiene que la tasa Tobin "parece más una respuesta a la indignación popular y un castigo al sector bancario que un instrumento fundamentado y razonable de recaudación".
La banca intenta esquivar desde 2011 un impuesto específico sobre su negocio
En su opinión, "el establecimiento de esta tasa de modo unilateral en parte de Europa generaría diferencias sustanciales con otras plazas financieras de fuera del continente (saldrían flujos financieros de plazas financieras europeas hacia Nueva York, Singapur, etc) y posibilidades de arbitraje que derivarían en una canalización de transacciones financieras hacia otras localizaciones geográficas".
Carbó recuerda que hasta el Nobel James Tobin, que en 1971 propuso un gravamen para evitar la especulación con divisas, renegó "de la explotación e interpretación de una idea que no nació para estos objetivos."
Tobin, seguidor de Keynes y premio Nobel de Economía en 1981, propuso un impuesto sobre todas las transacciones denominadas en divisas extranjeras, de aplicación en todo el mundo y proporcional al volumen de la transacción (en ningún caso superior al 1%). La tasa gravaría las transacciones brutas, es decir, se pagaría dos veces: al adquirir divisas extranjeras y, de nuevo, al venderlas. Una vacuna contra la especulación tras la desaparición de la convertibilidad oro-dólar que EE UU decidió en 1971.
El acuerdo alcanzado por 11 países europeos, entre ellos España, para aplicar a partir de 2015 un nuevo impuesto sobre la compraventa de acciones y recaudar hasta 35.000 millones al año ha caído como un jarro de agua fría en el sector bancario. Los bancos consideran la llamada Tasa Tobin o Tasa Robin Hood una amenaza. En principio, son las entidades financieras las que tienen que pagar el gravamen, aunque pocos (incluido el Banco de España) dudan de que la tasa acabará por afectar al bolsillo de los usuarios.