“Los organismos supervisores son perros que no pueden morder, porque están atados con una cadena, pero que sí deberían ladrar cuando llegan los ladrones”. Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, explica con esa metáfora la función del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargados de velar por la solvencia del sistema financiero y de garantizar la transparencia de los mercados de valores, respectivamente. El problema aparece cuando “no ladran, sino que además les hacen la ola a los ladrones”, como ocurrió con la salida a bolsa de Bankia y con el resto de los escándalos que han acompañado al estallido de la burbuja y la crisis financiera.
Ruiz Ojeda forma parte del servicio jurídico de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ha pedido una “depuración completa y plena de las responsabilidades” en que, a su juicio, han incurrido el Banco de España y la CNMV en el caso Bankia. Aemec no tiene dudas: las irregularidades descubiertas son “directamente achacables” a los organismos supervisores.
“Aquí no funcionó todo un régimen de controles y de criterios de buena gestión y transparencia”, resume Ruiz Ojeda. Y como no se cumplieron esas “condiciones de higiene” en el comportamiento de los supervisores, el único “resorte” que le quedó al Estado de Derecho fue el Derecho Penal: “Cuando acudes al Banco de España y a la CNMV solicitando la responsabilidad patrimonial del Estado y la respuesta que obtienes es el silencio administrativo, sólo te queda o la cacerolada o la vía penal”.
De forma que la imputación de los antiguos máximos responsables del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de la CNMV Julio Segura, dictada por la Audiencia Nacional, no ha hecho más que confirmar las sombras que ya se cernían sobre la gestión de ambos organismos desde que saltó el escándalo, apunta por su parte Ignacio López Domínguez, profesor de Economía Financiera de la Universidad Complutense.
Tanto Ruiz Ojeda como López Domínguez descartan que el mal funcionamiento de los supervisores se deba a la falta de competencias o instrumentos para llevar a cabo un control eficaz de bancos y mercados. Sus herramientas y funciones cumplen en España el estándar europeo. “Los inspectores del Banco de España son de los mejores, tienen una excelente formación y, de hecho, alertaron de la crisis hipotecaria y de la concentración de riesgos en las cajas de ahorro”, explica el profesor de la Complutense, “el problema es que sus informes se mantuvieron en secreto para seguir echando gasolina al que entonces era el motor de la economía, el sector inmobiliario”.
La CNMV, por su parte, tiene poderes suficientes “para suspender cotizaciones o expulsar a empresas del mercado, por ejemplo”. Aunque sí cree López Domínguez que, a diferencia del Banco de España, a la CNMV le faltan inspectores para supervisar a los múltiples agentes que operan en los mercados: entidades cotizadas, agencias de valores, los 3.000 fondos de inversión… “Se ven superados”, concede.
Figuras muy políticas
Ambos académicos coinciden en que, si los supervisores no cumplen, es sólo por motivos políticos. Su pecado capital es la falta de independencia. Los máximos responsables del Banco de España y la CNMV son nombrados por el Gobierno entre “personas de reconocida competencia” en sus respectivos campos. Pero Alberto Ruiz no cree que ni Fernández Ordóñez, ni Julio Segura ni Elvira Rodríguez cumplan ese requisito. Ni el primero de ellos era experto en el sistema financiero, ni los dos últimos tenían experiencia alguna en los mercados de valores, destaca. “Con esos perfiles, eran más sensibles a una operación política concertada para disimular el estado patrimonial lamentable de Bankia”.
López Domínguez también piensa que el gobernador del Banco de España y el presidente de la CNMV se han convertido en “figuras muy políticas”, por lo que echa de menos los tiempos de Luis Ángel Rojo o de Manuel Conthe, personas de reconocida valía profesional y con marchamo de independencia, según resalta.
Ruiz Ojeda no considera necesarias más competencias inspectoras, auditoras o sancionadoras. “En absoluto”, descarta, “los supervisores no pueden actuar manu militari, no son autoridad gubernativa, pero sí deberían haber advertido, para empezar a la propia entidad financiera, de que la salida a bolsa no era una operación ni económica ni jurídicamente correcta”. En cambio, lo que hicieron los organismos fue “alentar” la salida a bolsa de una entidad que era un “zombi financiero”zombi. Es decir, concluye, “la idea del perro guardián se deshizo por completo”.
A vueltas con las competencias
El Banco de España debe asegurarse de que las entidades financieras estén capitalizadas e incluso de que sean “prudentes en la gestión y control de sus riesgos”. También analiza la viabilidad futura de las entidades, para prevenir problemas y evitar las situaciones de crisis; es decir, debe trazar un “perfil de riesgo” de bancos y cajas. Además, elabora análisis especiales de sectores en crisis y mide de forma periódica la evolución del crédito y de la morosidad del sistema financiero. Finalmente, puede “limitar, prohibir o sancionar prácticas inadecuadas”sancionar prácticas inadecuadas, e intervenir entidades, como ya ocurrió, por ejemplo, con Banco Urquijo, Banesto, Banco Madrid o las cajas de ahorro durante la última crisis financiera.
Por su parte, la CNMV supervisa a todas las sociedades que emiten valores, a las que prestan servicios de inversión y a las instituciones de inversión colectiva –fondos, SICAV, Socimi–. Como debe también proteger a los inversores, tiene que garantizar la seguridad, transparencia y solvencia del sistema.
No obstante, tanto Julio Segura como su sucesora al frente de la CNMV, Elvira Rodríguez, se escudaron en la falta de competencias frente a las críticas que se les lanzaron por la venta de las participaciones preferentes a pequeños inversores sin formación financiera. La normativa, dijeron, no les facultaba para prohibir la comercialización de productos complejos entre minoristas “aunque sean claramente inconvenientes”. Ni para obligar a los bancos y cajas a restituir el daño infligido a los clientes.
Hace un año fue Fernando Restoy, entonces subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la CNMV cuando Bankia salió a bolsa y también imputado por la Audiencia Nacional, quien encendió la polémica al reclamar para el supervisor bancario competencias del supervisor bursátil y de la Dirección General de Seguros. Según planteó entonces, el Banco de España debería encargarse no sólo de supervisar a los bancos, sino también a los seguros y a los operadores de mercados, mientras la CNMV vigilaba la comercialización de productos financieros. De esa forma, sostenía, se garantizaría mejor la independencia y se evitarían conflictos de interés. Fue inmediatamente rebatido por el Ministerio de Economía: el Banco de España ya cuenta con más competencias que sus equivalentes europeos.
Macrosupervisor o cambiar la cultura de gestión
Feijóo ve responsables del "desastre financiero" de las cajas a sus directivos, al Banco de España y a "algún político"
Para Ignacio López Domínguez, en cambio, la solución a la dependencia política de los organismos supervisores podría ser que sus máximos responsables fueran nombrados por “todos los actuantes de los sectores que vigilan”, aun reconociendo lo complicado del sistema: un voto ponderado de las empresas cotizadas, los fondos de inversión y las entidades financieras. O bien que fueran elegidos entre personas realmente de valía profesional.
También recuerda una propuesta que aparece cíclicamente: crear un supervisor único, un macroorganismo que asumiría las competencias tanto del Banco de España como de la CNMV y la Dirección General de Seguros. “Conceptualmente, la idea es muy buena, pero en la práctica plantea problemas”, objeta el profesor de la Complutense, quien teme que un macrosupervisor sea objeto de un control político aún mayor.
A Ruiz Ojeda no le disgusta el sistema actual para nombrar al gobernador del Banco de España y al presidente de la CNMV. Cree que la falta de independencia más bien tiene su origen en una cuestión “cultural, de cultura de la gestión”. Según explica, hay una regla de oro que los supervisores no han cumplido: “No hagas nada que no puedas explicar con un micrófono delante”. Ni el Banco de España ni la CNMV, sin embargo, se opusieron a la salida a bolsa de Bankia, pero tampoco “justificaron debidamente” por qué consideraban que esa operación, que hizo perder 15.000 millones de euros a preferentistas, accionistas y contribuyentes, era viable.
“Los organismos supervisores son perros que no pueden morder, porque están atados con una cadena, pero que sí deberían ladrar cuando llegan los ladrones”. Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, explica con esa metáfora la función del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargados de velar por la solvencia del sistema financiero y de garantizar la transparencia de los mercados de valores, respectivamente. El problema aparece cuando “no ladran, sino que además les hacen la ola a los ladrones”, como ocurrió con la salida a bolsa de Bankia y con el resto de los escándalos que han acompañado al estallido de la burbuja y la crisis financiera.