España gasta 70.315 millones de euros menos al año en políticas del estado de bienestar que sus socios del euro: protección social, pensiones y educación. Si la media de gasto de los 19 países de la zona euro en estas rúbricas equivale al 47,3% de su PIB, las administraciones públicas españolas no superaban el 41% del PIB en 2016. En sanidad la brecha con Europa roza los 18.000 millones, supera los 14.000 millones en políticas relacionadas con la vejez y alcanza los 11.000 millones en las destinadas a la familia y la infancia, según los datos recopilados por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de las estadísticas de Eurostat.
Al mismo tiempo, la presión fiscal en España se sitúa 6,9 puntos del PIB por debajo de la media del euro. Es decir, la recaudación de impuestos española tiene un potencial de crecimiento teórico de 75.720 millones de euros, de acuerdo con esos mismos cálculos, que incluyen también las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, la presión fiscal en España no es homogénea. La media es del 12,83% respecto al PIB, pero la más alta la soportan en el País Vasco y Navarra, con un 20,67% y un 18,74%, respectivamente. Entre las comunidades de régimen común es Baleares la que ejerce mayor presión impositiva, con un 14,39%, seguida de Asturias –13,97%– y Cantabria –13,61%–. Diez comunidades autónomas están por debajo de la media nacional. Madrid es la que menos aprieta, un 11,02%aprieta.
Además, como consecuencia de la crisis, la recaudación fiscal se desplomó, hundiéndose hasta alcanzar un mínimo de 144.023 millones de euros en 2009. Desde entonces se ha recuperado hasta superar el año pasado, con 207.610 millones, la cifra de 2007, el último ejercicio del boom económico. Para 2020, el Gobierno ha presupuestado unos ingresos tributarios de 221.692 millones de euros, lo que sería una recaudación histórica. No obstante, seguiría por debajo de los datos de 2007 el impuesto sobre sociedades, que pagan las empresas por sus beneficios. Los 26.053 millones previstos por el Ejecutivo para el año próximo están aún muy lejos de los 44.823 millones de euros recaudados aquel año. A juicio de Gestha, la diferencia entre ambas cifras constituye “la segunda grieta más importante, después del fraude fiscal, por la que España pierde ingresos”.después del fraude fiscal
En un informe donde los técnicos de Hacienda exponen sus propuestas fiscales y de control del fraude y del gasto público para blindar el estado de bienestar, recopilan diferentes cálculos sobre el volumen de economía sumergida en España: todos entre el 22% y el 24,6% del PIB, unos 250.000 millones de euros, ocho puntos por encima de la media de la zona euro. Lo que quiere decir que el volumen de la economía sumergida española supera en 85.600 millones de euros la media de los 19 países de la moneda única. Una notable pérdida de recaudación, recalca Gestha, pero también el campo con el mayor potencial recaudatorio. Sólo con reducir la economía sumergida española al nivel de la europea se conseguirían ingresos que cuadriplicarían una subida de dos puntos en el IVA: 25.000 millones sólo por impuestos y 13.500 millones más en cotizaciones sociales.
4.200 millones en el IVA y 6.200 millones en impuestos 'verdes'
En el Impuesto sobre el Valor Añadido, Gestha estima una brecha con Europa de 4.269 millones de euros anuales, con cifras de 2017. Mientras en España la recaudación del IVA equivale al 6,5% del PIB, en la eurozona se eleva hasta el 6,9%. Sin embargo, los técnicos de Hacienda no consideran acertado trasladar la presión fiscal de los impuestos directos a los indirectos, porque el IVA “perjudica la capacidad adquisitiva del 79,3% de los ciudadanos que declaran ganar menos de 30.000 euros al año, a los que habría que añadir a quienes ni siquiera ganan tanto como para presentar la declaración del IRPF”. En cambio, asegura el sindicato, resultan beneficiados el 3,1% de los contribuyentes que ingresan más de 60.000 euros anuales.
Porque en España la participación de los impuestos indirectos –no sólo el IVA sino también otros, como los medioambientales, el tabaco o el alcohol– en la recaudación total es ya la más alta de la UE, un 35% –un 32,7% de media en la eurozona–. En Alemania es del 27,5%.
Aun así, los técnicos de Hacienda calculan en 6.260 millones de euros el déficit de recaudación de los impuestos medioambientales en España en comparación con la zona euro. Entre otros motivos, porque el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), el conocido como impuesto de matriculación, tiene un gran número de exenciones, que incluyen desde autobuses y vehículos industriales hasta los pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, ambulancias, taxis, automóviles con matrícula diplomática, autocaravanas... Así que consideran necesario no sólo eliminar estas exenciones, sino también vincular la tributación al nivel de contaminación por CO2, NOx y partículas de los vehículos.
Pero más importante es la caída que ha sufrido el impuesto sobre sociedades, que no ha remontado después pese a que sí lo han hecho los beneficios empresariales. El resultado contable de las empresas volvió en 2017 a los registros de 10 años antes, cuando ganaron 218.019 millones de euros. Pero la recaudación del impuesto de sociedades continúa un 44% por debajo de los ingresos tributarios de entonces. Gestha propone equiparar el tipo efectivo –el tipo nominal general es del 25%, del 30% para bancos y petroleras– que pagan las empresas de menor tamaño, situado en el 15,4%, con el soportado por los grupos consolidados, las grandes compañías, que sólo abonan el 6% de media. Con esa medida aumentaría la recaudación en 10.300 millones de euros. Subiendo el tipo nominal cinco puntos a las empresas que ganen más de un millón de euros, los ingresos tributarios se elevarían 13.000 millones, calcula el sindicato. Según la OCDE, las técnicas de “optimización fiscal” que utilizan los grandes grupos hacen perder al fisco entre el 4% y el 10% de los ingresos en todo el mundo: entre 100.000 y 240.000 millones de euros.
Responsabilidad patrimonial de los gestores públicos
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Gestha propone otras medidas adicionales, como una reorganización del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria cuyo efecto calculan en otros 6.200 millones de euros más de recaudación. Para mejorar la progresividad del IRPF también plantean aumentar el número de tramos del impuesto y sustituir por deducciones de cuota las actuales reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones. Los técnicos de Hacienda son partidarios, además, de reemplazar el sistema de módulos de los autónomos por la tributación en estimación directa, salvo para quienes destinen sus bienes o servicios exclusivamente al consumidor final.
En ocasiones anteriores, el sindicato se ha declarado partidario de crear un impuesto sobre las transacciones financieras –850 millones– y otro sobre la riqueza, eliminando las bonificaciones de hasta el 100% que algunas comunidades autónomas aplican al impuesto sobre el patrimonio y triplicando su tipo efectivo. De esta forma la recaudación crecería otros 3.400 millones de euros.
Aparte de estas medidas sobre los ingresos, el informe recomienda cambios para mejorar el control del gasto público. Modificar la actual estructura de la Intervención General del Estado (IGAE), reforzar el control y la auditoría en las administraciones públicas para evitar la corrupción, así como establecer un régimen eficaz de exigencia de responsabilidad al gestor del gasto público, no sólo administrativo sino incluso patrimonial, para “evitar dispendios o la inversión en infraestructuras poco viables o eficientes”.
España gasta 70.315 millones de euros menos al año en políticas del estado de bienestar que sus socios del euro: protección social, pensiones y educación. Si la media de gasto de los 19 países de la zona euro en estas rúbricas equivale al 47,3% de su PIB, las administraciones públicas españolas no superaban el 41% del PIB en 2016. En sanidad la brecha con Europa roza los 18.000 millones, supera los 14.000 millones en políticas relacionadas con la vejez y alcanza los 11.000 millones en las destinadas a la familia y la infancia, según los datos recopilados por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) a partir de las estadísticas de Eurostat.