Bruselas desmiente el apocalipsis económico de Casado y los Presupuestos superan su primer examen europeo sin apuros

Eran unos Presupuestos Generales  del Estado (PGE) "antisociales". "No se los cree nadie", declaró el pasado domingo el líder del PP, Pablo Casado, en Zaragoza, y además "nos llevan a la ruina". "Nos llevan a la depresión" económica, agregó. Días antes, Casado advirtió desafiante: "En estos PGE hemos visto que el señor Iglesias alardea de que es un Presupuesto a la medida del comunismo y el populismo que ellos representan". 

El pasado 11 de noviembre, y reforzado por las críticas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad (Airef) y del gobernador del Banco de España a las cuentas públicas, Pablo Casado se desmelenó en la tribuna del Congreso de los Diputados durante el debate de los PGE y predijo que los Presupuestos conducen a España a una "crisis sin paliativos", con "déficit, deuda, despilfarro y desempleo". Ese día chocó duramente en el hemiciclo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien le reprochó estar "desubicado" y finalmente su bancada, 89 diputados, votó que no. 

Este miércoles Bruselas echó un jarro de agua fría a las profecías apocalípticas de Casado, al que parte de su grupo le pide más moderación en la Cámara Baja. "En general, las medidas adoptadas por España se ajustan a las directrices comunicadas por la Comisión [Europea] a fecha de 30 de marzo de 2020", zanja el Análisis sobre el borrador presupuestario de España. 

La valoración del Ejecutivo comunitario, anunciada en Bruselas por el comisario económico italiano Paolo Gentiloni, no deja lugar a dudas a pesar de las advertencias sobre la deuda. "La mayoría de las medidas previstas España en 2021 respaldan la actividad económica en el actual contexto de considerable incertidumbre", resalta el análisis. Sin embargo y "dado el elevado nivel de deuda pública y de los desafíos sobre la sostenibilidad [fiscal] en el medio plazo antes del estallido de la pandemia, es importante que España, al adoptar medidas presupuestarias, asegure la sostenibilidad fiscal en el medio plazo". Bruselas habla de "riesgos" de la deuda pública, que rebasará el 120% del PIB. Pero el término riesgo en la jerga comunitaria viene a ser un comodín para las instituciones europeas y en todos los análisis presupuestarios de la última década ha estado presente. 

"Riesgos" sin ajustes

El diagnóstico de Bruselas, normalmente el examinador más duro de las cuentas públicas de la Eurozona, ha sido más suave que el de Airef y que las conclusiones del gobernador de España, Pablo Hernández de Cos. En ambas instituciones se apoyó Pablo Casado para vaticinar el desastre presupuestario que la Comisión Europea  descarta. La Autoridad Fiscal Independiente que dirige Cristina Herrero pronosticó una caída de ingresos de entre 9.000 y 18.000 millones menos con relación a las previsiones de los PGE, y defendió "la obligación de poner en marcha planes de reequilibrio a medio plazo" en un análisis publicitado hace casi un mes, el 19 de octubre. 

Otro que no ha encontrado eco en Bruselas es el gobernador del supervisor nacional, Hernández de Cos. Éste empeoró el pasado 4 de noviembre todas las previsiones macro del Gobierno (deuda, déficit, desempleo, caída del PIB) e instó a Pedro Sánchez a elaborar inmediatamente "un plan de consolidación fiscal" similar al que planteó Airef y que debería de aplicarse una vez se supere la pandemia, siempre según el Banco de España. 

Ambos análisis institucionales han sido clave estos días para el argumentario del PP más allá de la justificación de no pactar porque apoyando los PGE del Gobierno se encuentra Bildu, entre otros. 

El examen más fácil de la década

Arrimadas insiste en que su apoyo es incompatible con Bildu y ERC: "Si mañana se votasen estos Presupuestos, votaríamos que no"

Ver más

Bruselas, cierto es, realiza advertencias. Pero no entra a valorar medidas concretas o propone planes de ajuste coyunturales. La Comisión, por ejemplo, se refiere a la "tendencia del gasto subyacente por encima del crecimiento potencial del PIB", tendencia "acentuada por la decisión de vincular las pensiones a la inflación y de aumentar los salarios del sector público" un 0,9%. Así, el Ejecutivo que preside Ursula Von der Leyen no reclama retirar esas medidas sino "monitorizar" de manera detenida el impacto de las pensiones y de los sueldos de empleados públicos con relación a la sostenibilidad fiscal. 

Debido a la inyección de 70.000 millones en transferencias directas hasta 2023 -que Moncloa todavía tiene que presentar- y a la sensibilidad de la Comisión hacia el Covid, probablemente ha sido el examen más fácil para el Gobierno de España de la última década. Solo en los Presupuestos Generales para 2017 España cumplió "en líneas generales", una expresión similar a la utilizada esta semana por Gentiloni: pero para lograr ese espaldarazo, Mariano Rajoy tuvo que enmendar un ajuste de 5.500 millones “tan pronto como sea posible”. 

En 2012 Rajoy recibió una bofetada comunitaria cuando la Comisión de Durao Barroso le exigió recortes de 5.000 millones en 2014, y de unos 35.000 millones para los siguientes tres años. En 2015 la Comisión Juncker detectó un “riesgo de incumplimiento” de hasta 3.000 millones de euros. Pedro Sánchez puede estar tranquilo con Bruselas.