Un fantasma recorre la historia de Doñana y lo guían dos palabras: conflicto y solución. Su singularidad ambiental ha hecho que ese espacio andaluz atesore reconocimientos de protección internacionales: es parque nacional y natural, humedal Ramsar, Reserva de la Biosfera, lugar Patrimonio Mundial de la Unesco, está integrado en la Red Natura 2000 y recientemente se han declarado en él cuatro Reservas Naturales Lacustres. En su área de influencia, en la órbita del Espacio Natural Doñana y de la Reserva de la Biosfera, hay engastados catorce municipios pertenecientes a tres provincias: a Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, a Huelva las localidades de Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado; y a Sevilla los núcleos poblacionales de Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa. Los habitan más de 200.000 personas.
Doñana ha flotado en los medios durante los últimos meses por un enfrentamiento entre los gobiernos central y autonómico enraizado en una ley, impulsada por los partidos de derecha de la comunidad, que pretendía ampliar zonas de regadío, pese a la escasez de agua que agrieta el parque. Tras casi 23 meses de polémica, se selló la paz a cambio de una lluvia de dinero, en concreto 1.400 millones, 710 que asumirá la Administración central -360 ya aprobados en 2022 a los que se adherirán otros 350 millones- y una cuantía similar que, en teoría, arrimará el Ejecutivo regional, aunque no todo de fondos propios, según se deduce de la amalgama de anuncios hechos, algunos nada novedosos. El desembolso permitirá, entre otras cuestiones, indemnizar con hasta 100.000 euros por hectárea a agricultores del área bautizada como Corona Norte. Se concederá una ayuda de cinco a diez años al titular de la explotación, a cambio de dejar de cultivar sus tierras y "renaturalizar o reforestar" los suelos.
“En Doñana nos estamos acostumbrando muy mal: a crear un conflicto y a que se resuelva con dinero público”, desliza el miembro del Consejo de Participación, ente rector del espacio natural, y representante de Ecologistas en Acción, Juan Romero. Por eso teme que la última avalancha de millones, “que no es la primera”, tampoco “sea la última”. Mira hacia atrás para recordar la polvareda que levantó un proyecto turístico-urbanístico fallido que se gestó en 1987, Costa Doñana o Dunas de Almonte, en el que se pretendieron crear más de 32.000 plazas de hotel, campos de golf, instalaciones ecuestres, otras para deportes acuáticos… Aquella iniciativa, que provocó la indignación de muchos colectivos sociales y la oposición de la propia Junta de Andalucía, desembocó en la conformación de una comisión de expertos en 1992, coordinada por el que años después sería ministro, Manuel Castells. Su trabajo se plasmó en el Dictamen sobre estrategias para el desarrollo socio económico sostenible del Entorno de Doñana, que dio lugar a la firma en 1997 de otro acuerdo con los agricultores concesionarios de áreas incluidas en el Plan Almonte Marismas. También entonces éstos tuvieron dos opciones: el acceso a la propiedad o la retirada de las tierras de cultivo. En aquel dictamen se fijó un máximo de extracción de agua del acuífero principal que nutre el espacio natural en 30 hectómetros cúbicos repartidos por sectores. En la actualidad se sacan más de 105, según los datos que manejan los ecologistas.
En aras de la paz social se desplegaron planes y programas financiados con fondos públicos. En concreto en el Marco de Apoyo Comunitario (MAC) 1989-1993 se incluyó un primer Programa Operativo específico para Doñana, financiado con FEDER y con recursos del Ejecutivo autonómico, alcanzando un gasto total de 10 millones. Estas ayudas tuvieron continuidad en el siguiente MAC 1994-1999, mediante la elaboración del Programa Operativo Doñana II Fase, al que se dio luz verde en 1996, con una financiación global de 217,64 millones. En detalle, 148,99 correspondían al apartado de ayuda comunitaria, 40,66 se utilizaron con cargo a los fondos FEDER y 108,33 fueron englobados en “Financiación Extraordinaria”. Del resto, 68,65 millones lo completaron el Estado y la Junta, con 25,67 y 42,98 millones, respectivamente. En este segundo programa se enraizó el Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno del Doñana.
“Los expertos hicieron un diagnóstico, marcaron necesidades y la Unión Europea (UE) financió planes operativos con dinero para los ayuntamientos, el tejido empresarial, los agricultores… Es la misma historia que ahora: arreglar la agricultura para hacerla compatible con Doñana y los acuíferos. Se construyeron carreteras, depuradoras, museos, se dieron ayudas para modernizar el tejido industrial, a la agricultura...”, sintetiza Romero.
“El problema ha estado en la falta de control de ese dinero, en las decisiones de cómo se invertía y en su seguimiento”, indican fuentes vinculadas al parque que prefieren mantenerse en el anonimato y que ponen un ejemplo de lo que consideran “un despilfarro”. Aluden al Museo del Mundo Marino que se levantó en la playa de Matalascañas. Supuso una inversión inicial de 6 millones, a los que hubo que encadenar miles de euros en conceptos como facturas de suministros y nóminas de empleados. Una década después de inaugurarlo, en 2012, “fue cerrado a cal y canto y así sigue”, denuncian.
No es la única instalación museística ligada al dinero de la comarca de Doñana. En el informe de Fiscalización del Programa operativo Doñana II Fase de la Cámara de Cuentas de Andalucía consta la “Creación del Museo Histórico Religioso”, al que se destinaron 1,42 millones de euros. El ente fiscalizador asevera en su trabajo de análisis que “la diferencia entre la subvención total (1,12 millones) y la licitación (0,97) asciende a 145,62 miles de euros”. Una cantidad que fue “abonada, a pesar de ser inferior el importe de la licitación de la obra, siendo justificada con facturas de equipamiento”. En septiembre de 2003 representantes de la Cámara comprobaron in situ que la edificación se había construido, pero no abierto al público aún, “a pesar de haberse recepcionado la obra en diciembre de 2000” y las instalaciones no estaban equipadas. En un informe de seguimiento de sus recomendaciones, fechado en 2008, la Cámara refleja que “el indicador relativo al número de visitantes esperados (media anual) establecido” de inicio se elevaba “a 80.000”, si bien “el número medio de visitantes anuales difiere de forma significativa de esta previsión inicial, cifrándose en 5.112”, personas, es decir, 74.888 menos de los anhelados.
La entidad fiscalizadora diseccionó otras acciones incluidas en el programa de Doñana como la “Planta de Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos de Huelva y Municipios del Condado”, la “Construcción del Centro Puerta Doñana” o la del “Centro Internacional de Estudios Ecológicos y Medioambientales” y detectó más anomalías como que en el caso de la planta no figurara “la llevanza del libro registro en el que se anote el resultado de las mediciones sobre muestras de aguas superficiales del entorno y las incidencias producidas en el proceso de compostaje, tal como refiere el informe de evaluación medioambiental”.
Romero cree que la comarca se ha instalado “en un bucle, esto es un cierto ‘esperando a Godot’, a la lluvia de dinero milagrosa”, lanza. A su juicio, “se ha gastado mucho” en un teórico desarrollo sostenible y “30 años después estamos otra vez con lo mismo. Es el mundo de las amnistías y las recompensas”. Aunque después de haber hecho síntesis de acontecimientos, expone lo que en el “lío” de 2023 puede ser un agravante: “Se ha solucionado todo a golpe de talonario de dinero público. Los políticos han estimado que el valor de mercado de una hectárea de regadío de fresa es de 70.000 euros, en una producción con derecho a agua de regadío, y han ofrecido hasta 100.000 para que dejen de cultivar. El problema es que se aplique a los que han estado robando agua, que nunca han pagado porque ni han tenido derecho a ella ni contadores”. Se muestra convencido de que no se puede gratificar a quien haya ocupado montes y cauces públicos ni enviar a la sociedad el mensaje de que “todo aquel que ha estado cumpliendo escrupulosamente los planes de ordenación y las leyes son unos bobos, y todo el que ha incumplido sistemáticamente ha recibido un premio”.
De su lado, el portavoz de la Oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, defiende que “todas las reconversiones requieren aportes de fondos, ya sea en los altos hornos de Vizcaya, en la minería del carbón o en el cierre de la mina de Aznalcóllar debido a un accidente”, lo que también supuso una inyección económica pública para la comarca de Doñana. A su juicio, la clave es “si éstas son o no efectivas”. Piensa que “no es descabellado” que Almonte, “el lugar de peregrinación más potente del sur de Europa al menos”, pueda “tener un museo de la Virgen del Rocío”. O que plantear “actividades complementarias de ocio o al parque” como el Museo del Mundo Marino no es negativo per se, ya que pueden servir para “atraer a más gente al Rocío o a la propia Doñana, dado que la oferta de ésta es limitada al no tener montaña en la que practicar actividades como el barranquismo o la escalada". Ahora bien, “hay que hacer que no sean un fracaso. Si no diseñas exposiciones temporales, por ejemplo, quién va a ir a ver lo mismo cada año en el museo”, se pregunta. A su entender, “haría falta un test previo a cargo de expertos, para no impulsar cosas para el engrandecimiento personal de ciertos alcaldes o para que éstos se justifiquen frente a sus vecinos a la hora de unas elecciones, porque otros pueblos tienen lo que sea”. En ese punto, confirma que “en Hinojos se montó un centro de visitantes que ahora lleva cinco años cerrados”. Otra edificación espectral.
Goteo de recursos por diversas vías
Carmona es consciente de que la economía de los territorios lindantes con el parque es compleja y de que lo son las relaciones de poder, político, religioso y social, en la comarca. Mantener a todos los actores a raya no siempre es fácil. Con todo, piensa que el camino que se emprendió en su día para frenar el desarrollo urbanístico desmedido en la zona no ha sido un fracaso. “A partir de Costa Doñana, Manuel Chaves -ex presidente andaluz socialista- trajo dinero extra a la comarca para intentar cambiar la dinámica de un tipo de desarrollo hacia otro y eso ha permitido un buen resultado porque, de 60 kilómetros de costa, hoy no están ocupados ni ocho”. Dice no poder medir si la inversión global ha sido exagerada, pero sí confirma que a cada poco, “las consejerías de la Junta se han limitado a poner en un papel lo que entraría dentro de un plan para Doñana, de lo que ya tenían previsto invertir”. Es más, “es lo que el Gobierno autonómico ha hecho también ahora”, deja caer con eco.
El goteo de dinero que ha regado los catorce municipios ha procedido además de otras fuentes de ingresos como las ayudas a los de parques nacionales. “Una especie de indemnizaciones limitadas a actividades ambientales, en principio, pero que se han dedicado hasta a pagar la tapia de algún cementerio. Parte del dinero se ha invertido en cosas absurdas”, corrobora Carmona.
Otro flujo de fondos son las subvenciones que han recibido los agricultores incluso para la instalación de nuevos invernaderos en la Corona Norte después de 2004, fecha a partir de la que se prohibieron nuevos regadíos en el Plan de la Fresa aprobado en 2014 de forma retroactiva, según desvelan desde el propio colectivo. Fuentes de éste dudan de que el pacto actual entre administraciones vaya a corregir “agravios comparativos históricos”. Cuentan que ya con el Dictamen de 1992 se generaron “grandes beneficios para los acogidos a la continuidad”, en perjuicio de quienes optaron por la retirada de sus tierras, “sin saber que luego se iban a cambiar los criterios marcados de entrada y no iba a pasar nada”. Calculan que la diferencia entre las indemnizaciones percibidas por ambos grupos supera los 50.000 euros por cada hectárea que tenían en concesión. Y avanzan que estarán muy atentos a cómo se deslía la madeja de lo anunciado estas semanas por Junta y Gobierno central.
El objeto aspiracional sigue siendo el desarrollo sostenible de a lo que José Manuel Caballero Bonald se refirió como “la primera visión sensitiva del edén”. El reto, que la cordura y la eficacia se filtren por alguna fisura de la aridez a combatir en Doñana y penetre en la gestión del caudal de capital público que, sin ser agua, la hidrata.
Un fantasma recorre la historia de Doñana y lo guían dos palabras: conflicto y solución. Su singularidad ambiental ha hecho que ese espacio andaluz atesore reconocimientos de protección internacionales: es parque nacional y natural, humedal Ramsar, Reserva de la Biosfera, lugar Patrimonio Mundial de la Unesco, está integrado en la Red Natura 2000 y recientemente se han declarado en él cuatro Reservas Naturales Lacustres. En su área de influencia, en la órbita del Espacio Natural Doñana y de la Reserva de la Biosfera, hay engastados catorce municipios pertenecientes a tres provincias: a Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, a Huelva las localidades de Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado; y a Sevilla los núcleos poblacionales de Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa. Los habitan más de 200.000 personas.