El 'caso Mourinho' desvela cómo funcionan las estructuras que montan grandes fortunas para burlar a Hacienda

José Mourinho ganaba 15,3 millones de euros al año cuando entrenaba al Real Madrid. Menos de la mitad de los 38,2 millones que llegó a cobrar Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo en su última etapa en el club de Florentino Pérez. O los 60,4 millones que se embolsa Leo Messi en el Barcelona. Para hacerse una idea de la enormidad de sus emolumentos, basta con compararlos con los 10,58 millones que percibió Ana Patricia Botín en 2017, entre salario y pensión, por ser la presidenta del primer banco español, que tuvo unos beneficios de 7.810 millones de euros el año pasado y posee una plantilla de casi 200.000 empleados repartidos por todo el mundo.

Aunque, en realidad, Ronaldo no cobra el triple que Botín, sino mucho más. A los 30 millones de su nómina, deben sumarse otros tantos millones procedentes de sus innumerables contratos publicitarios.

Los jugadores y entrenadores de élite son una máquina de hacer dinero. Por partida doble: lo multiplican a su alrededor. Cuando la Hacienda española, también las de otros países como Reino Unido y Portugal, empezaron a husmear en las declaraciones de impuestos de estos deportistas millonarios, destaparon toda una industria que se lucra a cambio de reducirles al mínimo sus facturas fiscales. Recurriendo incluso a fórmulas rayanas en lo ilegal cuando no directamente delictivas. Mourinho sólo ha sido el último de una larga lista. También han resultado condenados por delitos contra la Hacienda PúblicaCristiano Ronaldo, Leo Messi, Luca Modric, Marcelo, Ángel Di María, Radamel Falcao, Alexis Sánchez, Javier Mascherano…

Los correos electrónicos en poder de Der Spiegel, que la revista alemana comparte con European Investigative Collaborations (EIC) y que han sido consultados por infoLibre, ponen al descubierto una amplia red de abogados y asesores, en nómina de estos deportistas para gestionar sus complejos esquemas fiscales. El caso Mouriño es paradigmático: hasta ocho bufetes, consultoras, gestores o bancos, de cinco países diferentes, formaban parte de esa red. En concreto, dos bufetes españoles –Garrigues y Senn Ferrero– y uno portugués –Moris Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva–, dos consultoras fiscales británicas –RSM y Moore Stephens– y una suiza –Go Trust SA–, un banco helvético –St. Galler Kantonalbank– y un gestor de grandes fortunas neozelandés –Denton Morrell– participaron en la estructura utilizada por el entrenador portugués y su agente deportivo –la sociedad Gestifute– para ocultar sus ingresos por derechos de imagen a la Hacienda española. Después, para apagar el incendio mediático y de reputación que se declaró al revelarse la estructura, hicieron falta otros dos despachos británicos –Schilling Partners y BCL Solicitors–.

España y Portugal

El abogado Carlos Osório de Castro, del bufete Moris Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva, es quien ordena y coordina los trabajos de todo el entramado. Él contrató en España a los despachos Garrigues y Senn Ferrero para que se ocuparan de los asuntos fiscales del entrenador mientras estuvo en el Real Madrid. Según explica Garrigues a este periódico, su tarea se limitó a preparar las declaraciones del IRPF de Mourinho de 2011 a 2013, “basándose siempre en la información que proporcionaron sus asesores”.

Por su parte, los abogados de Senn Ferrero, un despacho especializado en el mundo del deporte y el entretenimiento, aseguran en sus correos con el resto de asesores que ellos no tienen “ni la más mínima idea” de cómo se creó la estructura que, con un pie en las Islas Vírgenes Británicas y otro en Nueva Zelanda, le permitía a Mourinho no pagar ni euro al fisco por sus derechos de imagen. “Fue a Garrigues a quien encargásteis el análisis” de ese esquema, le recuerdan a Carlos Osório.

Uno de sus fundadores, Julio Senn, ejerció de director general del Real Madrid entre 1999 y 2002. Al igual que su socio, Javier Ferrero, procede de Garrigues, que se encargó hasta 2006 de la asesoría jurídica del club blanco.

Tanto Osório como Garrigues y Senn Ferrero no sólo fueron contratados por el exentrenador, sino también por Cristiano Ronaldo. Además, ambos bufetes españoles se cuidaron de los problemas fiscales de, por ejemplo, Radamel Falcao y Fabio Coentrão, jugadores del agente deportivo Jorge Mendes igualmente investigados por la Agencia Tributaria y condenados por los tribunales.

Un irlandés al cargo

Además, al servicio de Mourinho estaban también dos firmas internacionales de asesoría fiscal. Una de ellas es RSM, con base en Londres, que se presenta como la sexta mayor consultora de auditoría y gestión tributaria del mundo. Posee una plantilla de 41.000 empleados repartidos en 116 países. Uno de sus socios, Freddie Huxtable, fue quien diseñó el plan para liquidar toda la estructura fiscal del portugués una vez que Football Leaks destapó la existencia de la sociedad neozelandesa Kaitaia Trust y las Haciendas española y británica colocaron las lupas sobre sus millonarios ingresos.

La otra es Moore Stephens, también británica e igualmente extendida por todo el planeta, con más de 30.000 empleados. Su especialidad, los problemas “fiscales multijurisdiccionales derivados de operaciones internacionales”. “El ámbito de nuestra gestión global se extiende, por tanto, más allá de proporcionar servicios de cumplimiento normativo, e incluye la asesoría sobre estructuras empresariales internacionales y la planificación fiscal para minimizar las obligaciones tributarias”, se publicita en su página web.

Uno de sus socios, Andrew Quinn, figuraba como fundador y accionista de las sociedades irlandesas MultiSports Image & Management (MIM) y Polaris, utilizadas por Mourinho, Cristiano Ronaldo, Coentrao, Falcao y Di María para gestionar sus derechos de imagen con la mínima carga fiscal posible.

Quinn dejó Moore Stephens el 31 de agosto de 2017, pero sigue siendo codirector de Gestifute International, la rama irlandesa de la empresa creada por Jorge Mendes para representar deportistas de élite. De hecho, en los correos publicados por Football Leaks, Quinn es presentado a los abogados españoles de Mourinho como “la persona al cargo de la estructura” fiscal creada para reducir al mínimo la tributación por los derechos de imagen.

El asesor neozelandés, bajo sospecha

Al otro lado del planeta, en Nueva Zelanda, Denton Morrell, una firma especializada en crear y administrar estructuras para gestionar grandes fortunas e inversiones, tuvo que atender a los inspectores del fisco de ese país en diciembre de 2016 cuando se presentaron en sus oficinas de Auckland para reclamar todos los documentos relacionados con Kaitaia Trust, el fideicomiso con el que Mourinho cobraba sus derechos de imagen tras desviarlos a Koper Services, una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Denton Morrell era, junto a Kaitaia Trust, accionista de Operating Nominees, la empresa pantalla de Islas Vírgenes que poseía las acciones de Koper Services.

Matthew Butterfield, director y consejero delegado de Denton Morrell, fue quien dio aviso de la visita de los inspectores al resto de la red, a cuyos miembros pidió a su vez información sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria española tras destapar Football Leaks la existencia de Kaitaia Trust. En abril de 2018 Butterfield y su empresa aparecieron implicados en una red internacional de blanqueo de dinero que incluía a 16 empresas de Azerbaiyán. La información fue desvelada por el Proyecto Daphne, que integran 18 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos The Guardian, la agencia Reuters y Le Monde, y cuya misión es continuar las investigaciones que le costaron la vida a la periodista maltesa Daphne Caruana Galiza. El 16 de octubre de 2017 fue asesinada con una bomba en su coche, tras indagar en la corrupción del Gobierno maltés, algunos de cuyos miembros resultaron salpicados por los Papeles de Panamásalpicados por los Papeles de Panamá.

Después, los medios neozelandeses publicaron que Butterfield, nacido en Reino Unido, había llegado al país austral desde Suiza y tras abandonar Guernsey, donde en 2010 se le había castigado con una prohibición para trabajar en servicios financieros durante cinco años por transgredir cinco leyes de la isla, situada en el Canal de La Mancha y también considerada como un paraíso fiscal.

Además, Butterfield tuvo que declarar en enero de 2018 ante un tribunal de Colorado (Estados Unidos) como parte implicada en un caso de fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero relacionado con el fideicomiso de los herederos de un empresario estadounidense. Nueva Zelanda saltó a los titulares como paraíso fiscal en alza con los Papeles de Panamá. Según The Australian Financial Review, más de 12.000 fideicomisos registrados en Nueva Zelanda no pagan impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero y la identidad de sus beneficiarios se mantiene en secreto. El Gobierno neozelandés cifra en más de 815.000 millones de euros la cantidad de dinero procedente del fraude y el narcotráfico que se blanquea en Nueva Zelanda a través de empresas pantalla.

Pero, antes de llegar a Nueva Zelanda, los asuntos fiscales de Mourinho necesitaron los servicios de los asesores fiscales de Go Trust, con sede en Ginebra (Suiza) y que dirige Christian Thury, también habitual en los intercambios de información de la red. El dinero que cobraba Koper por los derechos de imagen de Mourinho se ingresaba en cuentas del St. Galler Kantonalbank, un banco suizo, cuyo delegado en Portugal es Miguel Marques. Fue él, y no el abogado Carlos Osório, quien dio la orden a todo el equipo, tras hablar con José Mourinho, de liquidar la estructura fiscal una vez revelada la existencia de Kaitaia Trust.

Hasta aquí la unidad de combate al servicio de un objetivo globalizado: de Portugal a Nueva Zelanda pasando por Suiza y con paradas en Islas Vírgenes e Irlanda. En un primer momento, Mourinho consiguió amortiguar el golpe consiguiendo que la primera inspección de la Hacienda española se limitara a una sanción administrativa y que la británica liquidara con una multa las irregularidades que halló en la tributación de sus derechos de imagen. Pero, cuando en diciembre de 2016 la prensa desnudó al completo sofisticada trama, fue necesaria ayuda adicional.

Crisis de reputación: apagando el incendio

El motivo aducido por Marques para hacer desaparecer el entramado fiscal de Mourinho, tal y como lo explicaba en un correo del 13 de diciembre de 2016, era “evitar cualquier sorpresa o publicación en los medios para el futuro”. No mencionaba aún la amenaza  de nuevas inspecciones por parte de la Agencia Tributaria española y del HMRC británico. El 4 de diciembre, al día siguiente de las revelaciones de Football Leaks, dos socios de la consultora británica especializada en lidiar con crisis de reputación y privacidad Schilling Partners, Rod Christie-Miller y Phil Hartley, se ponían ya a trabajar para intentar apagar el fuego que había prendido en torno al entrenador, entonces en el banquillo del Manchester United. Hartley sí que menciona una posible inspección por parte del fisco británico y recomienda a Carlos Osório que se asesore con expertos, no sólo para lidiar con el caso Mourinho, sino también con el de Cristiano Ronaldo. Christie-Miller le facilita el nombre de Ian Burton y un enlace a su perfil. Le dice que el abogado ya ha leído la historia publicada por The Sunday Times –que entonces formaba parte de EIC– y que cree que no hay dudas: el HMRC inspeccionará a Mourinho. Osório accede a hablar con Burton, mientras Hartley le aconseja que primero mantenga “bajo control los documentos relevantes”. Así, le advierte de que los asesores no deberían “traer al Reino Unido ningún documento que actualmente se encuentre fuera del país ni deberían eliminar ni destruir ningún documento que se encuentre dentro”. “The house is burning [La casa está en llamas]”, le contesta el abogado de Mourinho.

Ian Burton es el fundador de BCL Solicitors, un bufete de Londres especializado en asesorar a empresas, instituciones y personajes públicos en materia de delitos corporativos y financieros. “Si fuera un oligarca en problemas, acudiría a Ian Burton” es la frase con la que se publicita a sí mismo en la web de BCL Solicitors.

InfoLibre se ha puesto en contacto con todas las empresas de la red creada para reducir la factura fiscal de José Mourinho. Pero sólo dos, el suizo St. Galler Kantonalbank y el británico RSM –además del bufete español Garrigues– han contestado. Ambos se amparan en la confidencialidad del trabajo con sus clientes para no responder a ninguna de las preguntas que este periódico les ha trasladado sobre el asunto.

Cambios a partir de 2020

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El 1 de enero de 2020 debe entrar en vigor en todos los países de la UE una directiva comunitaria que obligará a asesores, abogados y bancos a informar a las autoridades tributarias sobre “esquemas transfronterizos” que constituyan “planificación fiscal agresiva”. Para entonces, estos intermediarios tendrán que cambiar sus métodos de trabajo si no quieren exponerse a sanciones.

Cuando en mayo de 2017 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que la Audiencia de Barcelona había impuesto a Messi y a su padre, los jueces recriminaron tanto a la Fiscalía como a la propia Agencia Tributaria que no hubieran investigado también a los asesores fiscales de ambos. Hasta ahora ninguno ha sido condenado como colaborador necesario en los procesos que se han seguido contra sus clientes.

Quizá un signo de cambio respecto a estos casos es el de otro antiguo jugador del Real Madrid, Xabi Alonso. El juez sí que ha imputado al asesor fiscal Iván Zaldúa Azcuenaga y a Ignasi Maestre Casanova, administrador de Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA, una sociedad ubicada en Madeira a la que el deportista simuló ceder la explotación de sus derechos de imagen, según la denuncia de la Fiscalía. Mientras que el acusador público solicita cinco años de prisión para Xabi Alonso por tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2010 y 2012, para el asesor y el administrador de la sociedad pide el pago de una multa de cuatro millones de euros y en concepto de responsabilidad civil el abono de forma conjunta y solidaria de 2,03 millones euros más.