Los Presupuestos del Estado para 2023 suben las bases máximas de cotización un 8,6%. Las mínimas aumentarán en la proporción en que lo haga el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que hasta que la comisión de expertos no acabe sus cálculos, en noviembre, y el Gobierno tome una decisión, no se sabrá cuánto crecen las cotizaciones de los salarios más bajos. Las de los más elevados, situadas en 4.139,4 euros al mes, se elevarán hasta 4.495,4 euros.
La subida ha levantado la protesta enérgica de la CEOE, que tacha de “inadmisible” e “impresentable” una medida “exenta de rigor económico”. En un comunicado, la patronal explica que aumentar las bases máximas supone una “carga aún mayor para las empresas” y advierte de que tendrá “efectos nocivos sobre el empleo”. Tras sumar el 8,6% en que suben las cotizaciones de los sueldos más elevados al 0,6% que deberán pagar las empresas para alimentar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la patronal asegura que “los costes asociados al factor trabajo aumentarán un 9% “en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada”.
También critica la CEOE que la subida se haya hecho “de manera unilateral y a espaldas del Diálogo Social”. Y cita la reunión que celebraron el pasado lunes el Gobierno y los agentes sociales para discutir la reforma de las pensiones. “No se nos trasladó nada sobre este asunto”, protesta la patronal.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se declaró después “enormemente sorprendido” por la reacción de los empresarios. Según explicó, las bases máximas “tienen que subir cada año más o menos como lo hace la inflación”. Por lo que el alza de 2023 “no es nada novedoso”. Escrivá recordó con una cierta sorna que en 2013 y 2014 las bases máximas subieron un 5% “cuando la inflación era negativa”. “Y no recuerdo”, concluyó, “ningún comunicado de nadie”.
Las bases máximas han subido casi todos los años en la última década, pero su mejora no ha estado siempre alineada con la inflación. Es cierto que en 2014 aumentaron un 5%, cuando el IPC había acabado el año anterior en el 0,3% y la inflación media había alcanzado el 1,4%. El año siguiente, sólo subieron un 1,25% con el IPC en negativo, -1%, y la inflación media se quedó en un -0,2%. En 2016, el alza fue del 3%, con el 0% de inflación, y en 2017 de un 1,4%, con el IPC final en el 1,6%.
En 2018 subieron un 7%, con un IPC final del 1,1% y una inflación media del 2%. Los tres años siguientes las bases máximas quedaron congeladas, con la inflación en cifras negativas o de sólo unas décimas. No se volvieron a tocar hasta que en 2021 se mejoraron sólo un 1,7%, a pesar de que el IPC terminó el año en el 6,5% y la inflación media fue del 3,1%. Es decir, ha habido sólo tres grandes subidas, y acompasadas con la inflación sólo dos, la última la de 2023.
Masa salarial que no cotiza
“Lo más razonable es aumentar las bases máximas de cotización con el IPC; lo criticable es no hacerlo en la misma cuantía”, replica el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Porque todo lo que se cobra por encima de la base máxima, 4.495,4 euros al mes a partir del año próximo, no cotiza a la Seguridad Social. Al subir estas bases máximas menos de lo que sube el IPC, las rentas netas de estos trabajadores aumentan y desciende su cotización relativa a la Seguridad Social, aclara. De forma que considera “razonable” que se les aplique la inflación, que este año tendrá un valor medio del 8,5% según las previsiones, y que es el mismo aumento que se aplicará a todas las pensiones. “La anomalía es no hacerlo”, subraya.
Además, Carlos Bravo desvincula esta subida de cada año con el destope de las bases máximas que se debate en la mesa sobre la reforma de las pensiones. “No hay ninguna ruptura del Diálogo Social ni ningún incumplimiento”, rebate a la patronal, porque ni en la mesa se ha hablado de los Presupuestos ni es esta subida anual de la que discuten los sindicatos, la CEOE y el Ministerio de Seguridad Social.
En la misma dirección se ha expresado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “No hay una mesa abierta específica para subir, en una Ley de Presupuestos, la base de cotización. Hay una mesa en la que están los destopes en debate, pero no para negociar la subida ordinaria, que nunca se ha consultado”, aclaró.
Su representante en la mesa de la reforma de pensiones, Cristina Estévez, atribuye la reacción de la patronal a la “guerra electoral” que se librará en la CEOE en noviembre, cuando los empresarios votarán si continúa en la presidencia Antonio Garamendi. También a la protesta que congregó este viernes a las puertas de la sede de la patronal en Madrid a cientos de delegados sindicales para pedir la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo marco de salarios para los próximos tres años. “En la mesa sobre las pensiones aún no hemos empezado a abordar el destope de las bases máximas, aún estamos discutiendo sobre el estatuto del becario, la Agencia Estatal de Seguridad Social y la incapacidad temporal de los fijos discontinuos”, enumera. Pero apunta que el argumento para defender la elevación de las cotizaciones de los sueldos más altos es precisamente la existencia en España de una gran “masa salarial” que no cotiza, pero que, a su juicio, “debería contribuir”. “Para sostener el sistema sería lo justo”, sostiene.
Desigualdad salarial
Elevar las bases máximas al tiempo que se aumentan las pensiones máximas –3.058 euros mensuales en 2023– es uno de las medidas a las que se comprometió el Gobierno en el componente 30 del Plan de Recuperación enviado a Bruselas. Debe hacerse de forma gradual –Escrivá ha hablado de 30 años– y será en una cuantía finalmente mucho mayor del 8,6% ahora aprobado. “Eso es sólo un pequeño paso de lo que hay que hacer”, indica Carlos Bravo, quien cree que la patronal está “sobreactuando” con su reacción a una subida que el Gobierno decide todos los años. El dirigente de CCOO niega también que la reunión del pasado lunes a la que alude la CEOE en su comunicado fuera una cita “formal”.
Un 2022 de empleo récord impulsa unos Presupuestos con todas las partidas sociales al alza
En el documento enviado a Bruselas, el Gobierno vincula la elevación de las cotizaciones de quienes más cobran con el aumento de la desigualdad salarial. Y advierte de que el alza de los salarios más elevados “no es adecuadamente trazado por la mera indexación de la base máxima del sistema al IPC”, por lo que reclama que se adapte teniendo en cuenta la evolución de todas las retribuciones. “De esta forma, se logra además reforzar los ingresos del sistema, contribuyendo así a su equilibrio y sostenibilidad”, añade. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha contestado este viernes a la CEOE reprochándole que tenga “un problema con la igualdad” y a su presidente, Antonio Garamendi, que “quiera seguir protegiendo a las rentas salariales más elevadas”. “Rentas de 60.000 euros en España hay 700.000, pero de 21.000 hay 12 millones”, ha resaltado en un acto en Oviedo, informa Europa Press.
Periodo de cálculo
En la mesa con los agentes sociales, además del destope de las bases máximas, Seguridad Social está discutiendo cómo ampliar el periodo de cálculo de la pensión, que acaba de situarse en 25 años después de que lo aumentara en 10 años la reforma de 2011. Escrivá lo vincula a lo que denomina “adecuación a las nuevas carreras profesionales”; es decir, que se permita al futuro pensionista elegir los mejores años de cotización en la base reguladora y se permita cubrir las lagunas de cotización que tienen sobre todo las mujeres a lo largo de su vida laboral.
Hasta ahora, esta posible ampliación había sido el principal motivo de polémica, porque no se incluye en las recomendaciones del Pacto de Toledo y los sindicatos la rechazan. El ministro Escrivá ha negado en repetidas ocasiones que vaya a aumentarse a 35 años el periodo de cálculo, pero en la mesa de la reforma de las pensiones, los responsables del ministerio plantearon una ampliación “suave”.
Los Presupuestos del Estado para 2023 suben las bases máximas de cotización un 8,6%. Las mínimas aumentarán en la proporción en que lo haga el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que hasta que la comisión de expertos no acabe sus cálculos, en noviembre, y el Gobierno tome una decisión, no se sabrá cuánto crecen las cotizaciones de los salarios más bajos. Las de los más elevados, situadas en 4.139,4 euros al mes, se elevarán hasta 4.495,4 euros.