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Sindicatos y patronal acudieron este primero de septiembre al Ministerio de Trabajo dispuestos a dejar cerrada la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “Va a ser simple, tiene poco misterio, estamos en septiembre y esto tenía que haberse resuelto en enero, da para una reunión o dos”, auguró la víspera el líder de CCOO, Unai Sordo. Finalmente, habrá subida este año, inmediata, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha definido una senda también para 2022 y 2023. Pero la propuesta del Gobierno no fue “muy concreta”, se queja la CEOE, y la decisión sobre cuánto va a mejorar el salario mínimo se atascó en las más de tres horas que duró la primera reunión del nuevo curso entre agentes sociales y Ejecutivo. Hubo que convocar una nueva cita para el próximo lunes y hasta entonces todas las partes “trabajarán” para acercar un acuerdo.
La CEOE no quiere ni oír hablar de una subida este año, ni grande ni pequeña, porque teme que torpedee la creación de empleo. CCOO pide un alza que permita mantener el poder adquisitivo: si se calcula con el 3,3% que ha marcado el IPC en agosto, el SMI debería aumentar 32 euros al mes en 14 pagas. Y UGT reclama 25 euros más. El Gobierno, en principio, ofrece una de las tres horquillas planteadas por el comité de expertos que estudió el asunto el pasado junio. En concreto, la segunda, que hace la cuenta con una subida del salario medio del 0,9%, la misma que se aplicará a los sueldos de los funcionarios y a las pensiones este año: una subida de 12 a 19 euros. Unos 15 euros, explicaron CCOO y UGT a la salida de la reunión, aunque el Gobierno recalca que no ha puesto sobre la mesa ninguna cifra concreta.
Esa subida equivale a un 1,57% este ejercicio. El SMI pasaría de 950 a 965 euros al mes en 14 pagas. Para 2022 y 2023, se elevaría 31 euros cada año. Al final de la legislatura, por tanto, el salario mínimo ascendería a 1.027 euros, también en la horquilla media del comité de expertos –de 1.011 a 1.049 euros–. En tres años, la mejora sería del 8,1%.
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, explica a infoLibre que los 25 euros para este año es “irrenunciable”. “Salvo que sea posible llegar a un acuerdo para los tres años en el que todos probablemente nos sentiremos incómodos”, precisa. También Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, subraya que los 15 euros se le quedan cortos. “Nos habrían servido en diciembre del año pasado o en enero, pero ahora ya no, en septiembre, teniendo en cuenta que la subida no va a ser retroactiva, que la inflación está desbocada y que la economía crece más que nunca”, advierte. Aunque también matiza que esperarán a ver “cómo plantea el Gobierno el lunes la subida para los tres años” antes de dar su no. “Pero tiene que empezar 2022 con 1.000 euros”, zanja.
Mensaje al Gobierno
Por el contrario, la CEOE se opone a aumentar el SMI este año por “prudencia” ante lo que aún es una “recuperación incipiente” tras la caída del 11% del PIB sufrida por la pandemia, en palabras de su directora de Relaciones Laborales, Rosa Santos. No obstante, la patronal está “abierta a hacer un análisis” de la senda de aumento del salario mínimo para los dos próximos años en los términos propuestos por los expertos el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Pero, al tiempo, los empresarios lanzaron un mensaje al Gobierno, poniendo sobre la mesa cuatro reclamaciones, cuatro “problemas” que, apuntó Santos, el Ejecutivo no debería “eludir”, si aprueba un alza del SMI sin el acuerdo de la patronal.
Para empezar, medidas de políticas activas –cursos de formación, cualificación profesional– que hagan “atractiva” a las empresas la contratación de jóvenes, puesto que muchos de ellos cobran el SMI y España es líder en Europa en desempleo juvenil. También pidió que se recuperen las ayudas a la transformación de contratos temporales en indefinidos en la agricultura, que dejaron de concederse el pasado mes de enero. El sector primario fue uno de los protagonistas de la gran subida del SMI aprobada en 2019, del 22%. Desde entonces, recordó Rosa Santos, muchos de sus convenios colectivos se encuentran bloqueados.
En tercer lugar, la patronal reclama que se permita a las empresas adjudicatarias de contratos públicos repercutir a las administraciones la subida del SMI, algo que les prohíbe la Ley de Desindexación de la Economía, aprobada por el Gobierno del PP en 2015. Finalmente, quiere bonificaciones para las familias que contratan empleadas del hogar, para evitar que se las emplee en negro. Según la responsable de la CEOE, el Gobierno fue “receptivo” ante sus propuestas. Mari Cruz Vicente precisa que parte de ellas no son competencia del Ministerio de Trabajo, sino de Seguridad Social y Hacienda, por ejemplo. Mariano Hoya encuadra esos planteamientos en la estrategia negociadora habitual de la CEOE, que consigue arañar beneficios –asegura– mientras dice que no negocia.
Tras la reunión de este miércoles, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explicó que el Gobierno “asume como referente” el informe que encargó en su día a la comisión de expertos, pero puntualizó que la cifra concreta de la subida dependerá de “la geometría del acuerdo”. “Nos gustaría”, añadió, “alcanzar un acuerdo con el consenso de todos, pero también hay otras posibilidades”. El Ministerio de Trabajo ha declinado valorar las propuestas de la CEOE. “Sólo las comentaremos en el Diálogo Social”, recalca.
El SMI era de sólo 600 euros en 2008
Desde 2008, cuando se situaba en 600 euros, el SMI ha subido un 58,3%. El mayor aumento se produjo en 2019, cuando creció un 22,3%, de 735,9 a 900 euros en 14 pagas. El que se adopte ahora para los próximos cuatro meses, cuente o no con el acuerdo de patronal y sindicatos, se plasmará en un real decreto que el Gobierno quiere someter a consulta pública ya el mismo lunes día 6, según adelantó Rosa Santos.
Hasta ahora, España era uno de los tres países de la UE que no había subido el salario mínimo este año. Lo hará tarde y sin carácter retroactivo, pero abandona así el final de la lista en que se había situado a principios de año junto con Bélgica, Grecia y Estonia. Sin embargo, en Bélgica, y tras las protestas de los trabajadores, sindicatos y patronal pactaron el pasado mes de junio subir el suelo salarial 75 euros al mes, por lo que alcanza ya los 1.701 euros brutos. Mientras, en Grecia, el Gobierno decidió en 2020 no mejorar el SMI hasta julio de este año. Pero ese mes el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunció un alza del 2% para 2022, de 650 a 663 euros al mes. Sólo en Estonia, pues, el SMI permanecerá inalterado este año, aunque podía haber sido peor: de haberse aplicado la fórmula automática de actualización que se utiliza en el país báltico, el salario mínimo se habría recortado, pero, apelando a la estabilidad, patronal y sindicatos pactaron dejarlo sólo congelado.
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Cierto que en este ejercicio las subidas en Europa han sido más moderadas que en el pasado. En Reino Unido ha mejorado un 2,2%, en Irlanda y Francia un 1%, en Países Bajos un 1,9%, en Alemania un 1,6%. Aun así, en Portugal ha aumentado un 4,7%, en Lituania un 5,8%, en Polonia un 7,7% y en Letonia un 16,3%, la mayor alza. Italia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria y Chipre carecen de salario mínimo.
Es decir, de salir adelante el alza de 15 euros inicialmente planteada, España se situaría por encima de las subidas aplicadas en Irlanda y Francia, y casi igualaría la de Alemaniacasi igualaría la de Alemania, pero quedaría por debajo de la británica, la irlandesa o la portuguesa, por citar las economías más próximas.
Además, con este aumento –serán 1.125,8 euros en 12 pagas, que es como miden el SMI en la UE–, España escalará un puesto en la clasificación europea, superando a Eslovenia –1.110 euros al mes en 12 pagas–, pero continuará por debajo de Francia, que llega a 1.555 euros. El salario mínimo más elevado es el de Luxemburgo, con 2.202 euros en 12 pagas, seguido de Reino Unido, con 1.903 euros. Por encima de España también se encuentran Irlanda –1.724 euros–, Países Bajos –1.685 euros–, Bélgica –1.701– y Alemania –1.610–. El salario mínimo más bajo lo tienen en Bulgaria, sólo 332 euros mensuales, tras subir un 6,6% este año.
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