La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un vuelco al caso Bankia llamando a declarar como investigados –antiguos imputados– al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, así como a la cúpula de la Inspección del supervisor –Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri, Pedro González y Jerónimo Martínez Tello– y los exsubgobernadores Fernando Restoy y Javier Aríztegui.
Tres veces intentaron las acusaciones particulares que el juez instructor, Fernando Andreu, investigara la actuación del Banco de España en la salida a bolsa de Bankiala salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011. Pero Andreu siempre rechazó imputar a la cúpula del organismo supervisor, una petición que consideraba “impertinente e inútil”. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, fueron los consejos de administración de BFA [la matriz] y de Bankia los que decidieron qué alternativa adoptar”. Así, esa decisión era “perfectamente legítima” y, aunque errónea, no debía ser objeto de una investigación penal.
Por el contrario, la Sala de lo Penal encuentra “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” contra los responsables del Banco de España y de la CNMV “en cuanto garantes e indicativos de su corresponsabilidad” en la posible salida fraudulenta a bolsa.
La clave para que la sala estime parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), al que se adhirió la CGT, y ordene la declaración como investigados de las cúpulas de los dos organismos supervisores son los correos enviados por el responsable de la Inspección del Banco de España, José Antonio Casaus Lara, a sus jefes. Como los emailsno fueron aportados hasta octubre de 2016, la Sala de lo Penal rechazó la solicitud de investigación de los sindicatos en sus dos anteriores resoluciones, de julio y octubre de ese año. Pero una vez examinados los mensajes, dicen ahora los jueces, su “contenido explícito es altamente significativo del alcance, extensión y claridad” de las “reiteradas advertencias” hechas por el equipo de inspección a los directivos del Banco de España sobre la inviabilidad del banco.
“Una máquina de perder dinero”
Los correos confirman la declaración que el propio José Antonio Casaus hizo ante el juez el pasado septiembre. Entonces aseguró que los inspectores habían informado “hasta cuatro veces” a la dirección del supervisor bancario de que no debía aprobarse la salida a bolsa de Bankia, porque “no solucionaba los problemas del grupo”. A juicio de los inspectores, el banco que presidía Rodrigo Rato era “una máquina de perder dinero” que terminaría siendo nacionalizado “en pocos meses”, como de hecho ocurrió. Es más, reseña el auto judicial, la salida a bolsa supuso un “grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”, que las acusaciones particulares cifran en 15.000 millones de euros.
“A ver quién es el guapo (auditor externo, Banco de España) que le manda una carta al FROB diciendo que en BFA hay un agujero de 5.000 millones”, advertía José Antonio Casaus en un correo al jefe de grupo de la Inspección, José Antonio Gracia Sanz, el 2 de diciembre de 2011, cinco meses después de la salida a bolsa. “El panorama del grupo bueno cotizado [el malo era BFA], pese a ser sobre el papel, que todo lo soporta, sólo podemos calificarlo de desolador, pese al buenismo de las proyecciones”.
La interpretación que hace la sala de estos correos, por tanto, es opuesta a la que sirvió al juez Andreu para desechar la imputación de los directivos del Banco de España y la CNMV. En su último auto sobre el asunto, Fernando Andreu considera que los correos tienen carácter informal y espontáneo. Lo que realmente cuenta, argumenta, son los “informes de seguimiento de los inspectores, que constituyen el cauce oficial para que estos funcionarios expongan el resultado de su trabajo. De esos documentos, añade el juez, “no se desprende que los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento”.
Los informes revelan las irregularidades
Sin embargo, una vez más, la Sala de lo Penal contradice a Fernando Andreu. Y asegura que los indicios de criminalidad revelados por la declaración de Casaus Lara y ratificados por los correos electrónicos quedan “reforzados” precisamente por los informes de seguimiento emitidos por los inspectores.
Estos documentos, “aunque de modo suavizado en relación con los emails”, dan cuenta de “graves y reiteradas irregularidades” en Bankia. El de 21 de diciembre de 2011 denuncia que la dirección de BFA-Bankia anteponía sus propios intereses a los de la entidad, por ejemplo proporcionando “excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones”. También ponía en cuestión, según reproduce el auto de la sala, que el banco fuera a ser capaz de devolver los fondos aportados por del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El rescate de Bankia le costó a las arcas públicas 24.500 millones de euros.
Otro informe de marzo de 2012 revela que Bankia no reflejaba en sus cuentas la morosidad real de su cartera de créditos, “en particular la del sector promotor, que tiene 20.000 millones contabilizados como riesgo normal”. Los inspectores explicaban que esos créditos morosos se estaban refinanciando con carencia total de 24 y 36 meses, gracias a lo cual estas operaciones siguen devengando intereses”. “Bankia debe ser gestionada como una prensa en crisis y hasta ahora no está haciendo así”, concluía el informe.
La Sala de lo Penal también ve en los informes periciales indicios adicionales de que la salida a bolsa de Bankia fue fraudulenta. Todas las cuentas del ejercicio de 2011 contenían “errores contables” e incluso eran “falsas”, según explican las acusaciones particulares y el auto incluye. Así, los beneficios oficiales obtenidos en 2011, 305 millones de euros, resultaron ser 2.979 millones de pérdidas tras reformularse sus cuentas en mayo de 2012, ya con José Ignacio Goirigolzarri al mando. En ese “engaño contable continuado” fue parte activa el Banco de España, destacan las acusaciones. Que también califican de “sorprendente” la actuación de la CNMV.
Fernández Ordóñez presionó a Olivas
Finalmente, el auto de la Audiencia Nacional acepta igualmente como indicio de delito la reunión que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez mantuvo con el presidente de Bancaja, José Luis Olivas. Según declaró éste ante el juez, Fernández Ordóñez le “conminó” a fusionarse con Caja Madrid o se le intervendría la entidad. “En unas condiciones normales no habría aceptado la integración”, concluyó Olivas, también imputado en el caso Bankia. Además, asegura que recibió una llamada del entonces subgobernador, Javier Aríztegui: “El gobernador quiere que lleguéis a un acuerdo”. Además, le urgió a alcanzarlo en el plazo de una semana, por lo que tuvieron que “trabajar contrarreloj” para cumplir con lo que se les “estaba exigiendo”.
La CNMV resuelve en contra de los bancos más de la mitad de las reclamaciones de sus clientes
A juicio de las acusaciones, el Banco de España no sólo intervino “durante todo el proceso”, desde la misma fusión, sino que también lo “impulsó”.
Por todo ello, en definitiva, la Sala de lo Penal considera “razonable y razonada” la petición de las acusaciones particulares de que de declaren como investigados las cúpulas del Banco de España y de la CNMV. Aunque no entra a calificar el posible delito de sus actuaciones como estafa de inversores.
Horas después de conocerse su imputación, dimitieron de sus cargos los máximos responsables de la Inspección del Banco de España: Mariano Herrera García-Canturri, Pedro Comín y Pedro González. Al tiempo, la CNMV se mostraba “convencida” de que su actuación en la salida a bolsa de Bankia fue “correcta y se llevó a cabo con la debida profesionalidad y diligencia”.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un vuelco al caso Bankia llamando a declarar como investigados –antiguos imputados– al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, así como a la cúpula de la Inspección del supervisor –Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri, Pedro González y Jerónimo Martínez Tello– y los exsubgobernadores Fernando Restoy y Javier Aríztegui.