Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han supuesto un auténtico amortiguador de los perjuicios laborales ocasionados por la crisis del coronavirus. A 30 de noviembre, 746.900 trabajadores se encontraban bajo el paraguas de las ayudas que proporciona este mecanismo de sostenimiento del empleo. Gracias a las suspensiones de contrato y a las reducciones de jornada compensadas por prestaciones públicas, el desplome del PIB por la pandemia no se traducido en un aumento del paro de la misma intensidad como los que sufrió de forma automática el mercado laboral en crisis pasadas. El PIB ha sufrido un descalabro histórico de hasta el 21,5% hasta julio respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras que el desempleo ha aguantado en el 16,26% en el tercer trimestre tras subir 1,85 puntos porcentuales –un 12,8%– desde marzo. Un volumen considerable, inaudito para el resto de la Unión Europea, pero por debajo del 26,94% récord que alcanzó en lo peor de la crisis anterior, en enero de 2013.
Aun así, el panorama laboral dista de ser tranquilizador. De hecho, se oscurecerá más cuanto más se alargue la incertidumbre sobre los contagios. Las restricciones impuestas por la pandemia han estrangulado la economía de tal modo que ni con la respiración asistida de los ERTE es posible impedir los síntomas de asfixia. De febrero a septiembre han desaparecido 84.992 empresas, según los registros de la Seguridad Social. Llegaron a ser muchas más: en abril, en pleno confinamiento, habían cerrado 133.430. El número de empresas dadas de alta en la Seguridad Social era en octubre de 1,4 millones, unas cifras cercanas a las que había en 2013.
Las consecuencias inmediatas son dos. La primera, el aumento del paro. Según el último informe de salarios elaborado por la Organización Mundial del Trabajo (OIT), España es, junto con Irlanda, el país de Europa donde la pérdida del empleo más contribuye a la pérdida de masa salarial, un 3%. En Francia y Alemania es sólo del 1% de una masa salarial que se redujo en un 10% y un 6%, respectivamente. En España la masa salarial cayó un 12,7% entre el primer y el segundo trimestre del año. En Irlanda, un 10,9%. El resto de la bajada se debe al recorte de horas trabajadas por los ERTE y los esquemas similares de protección vigentes en cada país.
Despidos
En España la manera más aproximada de calcular el número de despidos es fijarse en las cifras sobre altas de beneficiarios de prestaciones de desempleo contributivas que publica el Ministerio de Trabajo. Hasta el mes de octubre, se han registrado 422.212 altas de trabajadores que fueron despedidos en virtud de la Ley 45/2002 –que consagró los despidos exprés con 45 días de indemnización–, por causas objetivas, en un ERE de extinción –un despido colectivo– o porque no superaron el periodo de prueba. Además, 1,18 millones de trabajadores más pidieron la prestación contributiva tras concluir o serles rescindido un contrato temporal. Ambas cifras superan las registradas hasta octubre de 2019.
La cuestión es que los despidos individuales y colectivos han crecido en septiembre y más aún en octubre. En este último mes del que hay registros Trabajo cuenta un total de 38.090 despidos de empleados fijos con los tipos citados más arriba, un 41,3% más que en agosto, aunque todavía muy por debajo de los 78.258 del mes de abril, en pleno confinamiento. Los despidos de contratados temporales sumaron 153.522 en octubre, un 75,47% más que en agosto y casi la misma cifra alcanzada en abril –155.706–. En ningún mes de 2019 se llegó a ese volumen: el máximo entonces fueron los 137.671 de julio.
Sólo en despidos colectivos un total de 2.255 trabajadores han pedido en octubre su alta para cobrar la prestación contributiva. En septiembre fueron 1.964. Ambas cifras son las más altas desde enero, antes de la pandemia.
Desplome de la contratación
La segunda consecuencia de la destrucción del tejido empresarial es el desplome en la contratación. Hasta octubre, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha registrado 5,87 millones de contratos menos que en ese mismo periodo de 2019. Un descenso del 30,88%. Sólo en ese último mes se han firmado 673.400 contratos menos que un año antes. De ellos, el 87,3% son contratos temporales. Según los datos aportados por los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Juan José Dolado, Florentino Felgueroso y Juan Francisco Jimeno en The Spanish labour market at the crossroads: covid-19 meets the megatrends, la congelación de los contratos entre marzo y junio provocó una caída del 60% tanto de los ingresos en el mercado laboral como de las salidas del paro respecto de 2019.
Así, los contratos en prácticas y de formación se han hundido a niveles históricos, mientras que las mujeres fueron más propensas que los hombres a pasar del paro o del empleo hacia la inactividad –ni están en disposición ni buscan trabajo–. Mientras el 66% de los trabajadores en ERTE volvieron a sus antiguos puestos, y sólo un 2% cambió a una empresa distinta, el 15,2% de quienes tenían el contrato suspendido o la jornada reducida terminaron en el paro o directamente se convirtieron en inactivos.
El pinchazo de la campaña navideña remata un año en el que la pandemia destruye 440.000 empleos
Casi medio millón más de parados de larga duración
El resultado subsiguiente es el aumento del paro de larga duraciónel aumento del paro de larga duración, el que sufren quienes permanecen sin trabajar durante más de un año. Según los datos publicados por el investigador Florentino Felgueroso a partir de las cifras del SEPE, de febrero a noviembre, los parados que llevan más de un año sin empleo ha crecido en 452.000 personas, un 36%.
En el tercer trimestre, según la Encuesta de Población Activa (EPA), 1,33 millones de personas llevaban más de un año en el paro, casi el 36% de los desempleados españoles. Si se les añaden los que superaban los seis meses en esa situación, la cifra alcanza el 53,1%. Cuatro puntos porcentuales por encima del segundo trimestre. Más de la mitad de los parados llevan más de seis meses sin trabajo. En buena medida, porque a quienes perdieron su empleo antes de la pandemia les está costando más encontrar un contrato ahora, apuntan los investigadores de Fedea.
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han supuesto un auténtico amortiguador de los perjuicios laborales ocasionados por la crisis del coronavirus. A 30 de noviembre, 746.900 trabajadores se encontraban bajo el paraguas de las ayudas que proporciona este mecanismo de sostenimiento del empleo. Gracias a las suspensiones de contrato y a las reducciones de jornada compensadas por prestaciones públicas, el desplome del PIB por la pandemia no se traducido en un aumento del paro de la misma intensidad como los que sufrió de forma automática el mercado laboral en crisis pasadas. El PIB ha sufrido un descalabro histórico de hasta el 21,5% hasta julio respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras que el desempleo ha aguantado en el 16,26% en el tercer trimestre tras subir 1,85 puntos porcentuales –un 12,8%– desde marzo. Un volumen considerable, inaudito para el resto de la Unión Europea, pero por debajo del 26,94% récord que alcanzó en lo peor de la crisis anterior, en enero de 2013.