Las trampas que esconde la cifra de 4100 muertos en residencias que difunde Ayuso cinco años después

La defensa ha sido férrea y el ataque, directo. La Comunidad de Madrid quiso el miércoles lograr dos objetivos: el primero, preparar el terreno para el posible frente judicial que pueden abrir las fiscalías enviando a los juzgados alguno de los más de cien casos de posible discriminación en las residencias durante la primera ola de la pandemia; el segundo, contrarrestar la emisión del documental 7291 en la noche de este jueves en RTVE sobre su gestión en los centros de mayores. Lo hicieron por escrito y a través de un vídeo grabado en el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso no sólo sacó pecho de todas las decisiones tomadas por su Gobierno, sino que también atacó, directamente, al de Pedro Sánchez. Lo hizo con cifras nuevas presentadas como las únicas verdaderas ante la "campaña de la izquierda y la ultraizquierda", pero obviando también algunas de las medidas que contribuyeron a que 7291 residentes —4100, según ellos— fallecieran sin atención sanitaria.

El Ejecutivo madrileño de Ayuso lleva años insistiendo en que la cifra que se ha convertido en emblema para las organizaciones de familiares es un mero "invento" de, añaden ahora, su exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), "apartado de sus responsabilidades por ineficaz". Este miércoles, a las críticas del dato —que por otro lado se extrae de la información que su propio Gobierno envió a infoLibre desde el Portal de Transparencia— se sumó además la publicación, por primera vez, de una cifra oficial que, según explican desde su equipo, pertenece al departamento de Sanidad Mortuoria, el único que catalogan de competente en el asunto. "Son los reales", aseguran a preguntas de este diario. No especificaron, no obstante, ningún otro detalle.

El organismo de Sanidad Mortuoria depende a su vez de la Consejería de Sanidad, que responde por su parte que hubo, exactamente, 4134 defunciones. Según explican desde el departamento, esta es la única cifra real y válida. Especifican además que corresponde a las muertes producidas entre enero y julio de 2020, "igual que las 7291", señalan. Sin embargo, y como este periódico ha publicado en numerosas ocasiones, ese número hace referencia a los fallecimientos producidos entre el 1 de marzo y el 30 de abril, en ningún caso en el otro periodo —que engloba, por cierto, semanas en las que ni siquiera se había detectado ningún caso de covid en España y otras en las que ya ni siquiera estaba operativo el confinamiento.

En cualquier caso, infoLibre ha revisado algunos de esos informes publicados diariamente por Sanidad Mortuoria. Y ha comprobado que por ejemplo en el emitido el 1 de julio —y elaborado con los datos acumulados hasta el día anterior— se contabilizaron 4.816 fallecidos en centros sociosanitarios (700 más que los que ahora data la Consejería de Sanidad). En esa cifra, según el mismo documento, se incluyen las muertes con sospecha de covid o con la infección confirmada —que en las peores semanas de la crisis sanitaria eran las menos— dentro de las residencias, por lo que se excluye todas las que murieron por cualquier otra enfermedad o con covid no diagnosticado, que fueron las perjudicadas igualmente por los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre y que impedían el traslado a los hospitales de cualquier persona con deterioro físico o cognitivo tuviera o no covid.

Hay otro matiz. U otra trampa. La Consejería de Sanidad que elaboraba estos informes, al ser preguntada por el método de elaboración de esos documentos, se remite al Instituto Nacional de Estadística (INE). Son datos, insisten fuentes de este departamento, "irrebatibles". Pero no los facilita. Tras consultar la base de datos [que se puede consultar en este enlace], infoLibre ha comprobado que la estadística revela que entre los meses de marzo y abril fallecieron en las residencias madrileñas 3.880 personas con covid confirmado o sospechoso, una cifra cercana a la ofrecida ahora por el Ejecutivo.

Ahora bien, si a ese número se le suma el parámetro de los fallecimientos por "otras causas", el resultado es que en ese mismo periodo fallecieron 7.269 personas, un número, de nuevo, muy cercano a las 7.291. De nuevo se comprueba, por tanto, que el Gobierno de Ayuso excluye de sus datos ofrecidos ahora todas aquellas defunciones que se produjeron durante la aplicación de sus órdenes de no derivación pero no, directamente al menos, por covid.

Residencias medicalizadas sin recursos humanos ni materiales

Pero en el comunicado no dan sólo esa cifra. También niegan, como lo han hecho varias veces en todo este tiempo, que los residentes fallecidos lo hicieran porque no recibieron la atención médica necesaria. Al menos porque así lo señalara una orden "firmada por políticos", negando de nuevo la existencia y aplicación del Protocolo de la Vergüenza desvelado también por infoLibre y confirmado por ex altos cargos del Gobierno y direcciones de residencias. Como muestra de sus palabras, aseguran que 11.200 mayores fueron trasladados por el Summa 112 desde las residencias a los hospitales. Pero tampoco se especifica el periodo. Entre marzo y abril, según los datos aportados por Transparencia, fueron 6.308.

En todo caso, los que no lo hicieron, siempre según su comunicado, fueron atendidos en las residencias. Porque se medicalizaron. En concreto, dicen, 232 centros. Ahora bien, ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Y cuándo?

Es este el primero de los asuntos que la Comunidad de Madrid evita aclarar. infoLibre preguntó de hecho al equipo de la presidenta por los detalles de esa medicalización, pero no obtuvo respuesta. No obstante, hay datos concretos que también se obtuvieron por el Portal de Transparencia y que aparecen, además, en la macrodenuncia colectiva por un supuesto delito de denegación de asistencia sanitaria por discriminación interpuesta en octubre y en manos, ahora, de cuatro fiscalías.

No todas las residencias tienen presencia de personal sanitario porque no son centros médicos. Es decir, cuando estalló la pandemia muchas no contaban con estos equipos. El 12 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid anunció que creaba un mando único para coordinar la asistencia sanitaria pública y privada, la Consejería de Sanidad anunció también, literalmente, lo siguiente: "Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó de hecho hacerlo cuando así lo pidió el Ayuntamiento de Alcorcón. Y definió la medicalización como el hecho de "'modificar el uso de estos Centros en orden a 'su utilización como espacios para uso sanitario', en todas o en parte de sus instalaciones, dotándolas de personal sanitario necesario [...] y proporcionándoles, entonces, el material preciso para actuar sobre los residentes".  

Sin embargo, no se hizo. O al menos no de forma correcta. Muestra de ello es el hecho de que, como recoge la denuncia, la Consejería de Políticas Sociales informó a la de Sanidad el 7 de abril de 2020 que los 72 geriátricos donde vivían los residentes representados en esa macrocausa reclamaron 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras. Les hacían falta también, dijeron, 179 concentradores de oxígeno.

Sin embargo, los datos del Portal de Transparencia contenidos en la denuncia muestran que la Consejería de Sanidad no reforzó las residencias con ningún profesional sanitario en marzo y que en abril sólo envió a 29 médicos y 25 enfermeros. Por su parte, Eduardo Esteban, gerente de la empresa Transamed —la contratada por Encarnación Burgueño, directora de la empresa a quien ordenó supuestamente la Comunidad suministrar "ayuda urgente" a residencias—, aseguró durante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que la ayuda fue "totalmente insuficiente".

Profesionales en el "hito" de Ifema y en los hoteles

No pasó igual en otros lugares. En el comunicado de la Comunidad y en el vídeo de Ayuso se alardea también de la medicalización de 14 hoteles y de la conversión de Ifema en un hospital de campaña, "un hito nacional e internacional" que el mundo miró "con asombro" y que curó, cifra el Gobierno madrileño, a 4000 personas. Fue estos dos recursos los que fueron dotados de un buen número de profesionales sanitarios. Lo señala también la macrodenuncia.

Los datos relativos a los hoteles medicalizados se obtuvieron a partir de las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y muestran que fueron 351 los médicos y enfermeros movilizados. En cuanto al "hospital milagro" de Ifema, la misma fuente apuntaba a 1.421 profesionales que podían haber ofrecido asistencia sanitaria en los geriátricos, según señaló el exdirector de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur.

Fue ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, cuando especificó que el Ifema supuso "la rotación de unos 600 médicos y 821 enfermeras, que proceden del cierre de los 37 servicios de urgencias de atención primaria, personal con el cual en principio se pensaba medicalizar las residencias". "La canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios, sobre todo recursos humanos, médicos y enfermeras, para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido", concretó.

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Tampoco fueron estos recursos a los que se derivó a los residentes que lo necesitaban. Según la información adelantada por infoLibre, a Ifema sólo se trasladó a 23 residentes de dos centros con síntomas leves; a los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano de ningún geriátrico. El equipo de Ayuso no ha respondido a las preguntas que cuestionan por qué no se especifican estos datos en su comunicado y vídeo publicos este miércoles.

Igual que tampoco se da ningún detalle sobre los ancianos que sí fueron derivados y que disponían de un seguro privado de salud. Lo detalló Juan Abarca, presidente del lobby de la sanidad privada Fundación IDIS, en su comparecencia en la comisión de investigación, cuando explicó a qué tipo de residentes recibieron en los centros privados. "Venían  a través del hospital público. O sea, no venían los pacientes de la residencia; solo nos venían pacientes de residencia cuando eran pacientes de aseguradoras, que los traían las ambulancias de las aseguradoras", declaró.

Este jueves, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pidió por carta al presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Pablo López, que además del documental 7.291 sobre las muertes en residencias en la pandemia, se emitiera la declaración publicada el miércoles por Ayuso. A juicio del Ejecutivo conservador, la cinta, dirigida por Juanjo Castro, tiene un "marcado sesgo ideológico, ofrece información que no se corresponde con la realidad, obvia de manera notoria una comparativa de datos contrastados con otras comunidades autónomas y también las actuaciones negligentes e ilegales del Gobierno central durante dicho periodo". RTVE consideró la petición de "intromisión indebida".