Acciones tan cotidianas como pagar los recibos de luz y agua, realizar cualquier compra o recibir la nómina no son posibles sin una cuenta corriente. Desde 2017, la Unión Europea reconoce y legisla el derecho a que los ciudadanos que residan en ella tengan una cuenta bancaria para impulsar una inclusión financiera a la que, en muchas ocasiones, no tienen acceso los colectivos más vulnerables. Los refugiados, los migrantes y las personas en situación de exclusión son los principales afectados, ya que encuentran muchos obstáculos cuando solicitan una cuenta de pago básica.
La Unión Europea obliga a todas las entidades financieras a ofrecer este producto a todos los posibles clientes que residan de manera legal en territorio comunitario. Un derecho que también disponen las personas que “no tengan domicilio fijo”, las solicitantes de asilo y las que “no tengan un permiso de residencia, pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho”.
El acceso gratuito a este tipo de cuenta, que no puede tener una comisión mensual superior a tres euros, para personas en una situación económica vulnerable —no cobrar más de 14.200 euros brutos al año, no tener más de una casa en propiedad ni ser socio o propietario de una empresa— es una condición fundamental para que puedan mantener una serie de condiciones básicas en el día a día.
La realidad es muy distinta
Fathi consiguió abrir una cuenta básica hace más de tres años tras su llegada a España como refugiado procedente de Marruecos. Inicialmente, no tuvo ningún obstáculo para conseguirla, pero asegura que sí tuvo que batallar durante varias semanas para que le anularan un seguro de vida que le adjudicaron sin avisarle. Acudió varias veces a la oficina bancaria para tratar de solucionarlo, pero no tuvo éxito. Él sostiene que al ser extranjero le intentaron engañaron. Llegó a España como solicitante de asilo, por lo que en vez de pasaporte tenía la conocida como tarjeta roja, un documento que dejó de tener validez cuando se le denegó su solicitud. Así que, sin ningún tipo de aviso, el banco bloqueó la posibilidad de ingresar dinero en su cuenta. Tras el largo laberinto burocrático, consiguió el pasaporte marroquí, cumpliendo así con las exigencias de la sucursal.
Antonio Luis Gallardo, economista y responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), explica a infoLibre que los bancos tienen dos maneras de actuar: “ocultan este producto como una segunda o tercera opción o son muy estrictos tanto para adquirir como para mantener estas cuentas”. Esto último es lo que le ocurrió a Fathi. Gallardo señala que las entidades “han llegado a pedir documentación complementaria dependiendo del país de origen del usuario” para abrir una cuenta de pago básica. Una medida restrictiva que contrasta con la laxitud que demuestran cuando el mismo cliente pide otro tipo de operación, según el economista.
Ninguna entidad bancaria en España permite tramitar este producto en su totalidad vía Internet, lo que para Gallardo tiene un claro objetivo: "la negociación presencial es una estrategia para llevarte al producto que quiere el banco”. La cuenta básica se oculta tanto en las webs como por parte de los empleados hasta el punto de que "solo en el 2,10% de los casos se ofrece como primera opción", según el mystery shopping o cliente misterioso de ASUFIN. Una práctica que consiste en que los clientes evalúen la calidad del servicio ofrecido por una empresa sin que esta esté al tanto. En este caso, ASUFIN ha reunido a 52 usuarios que han supervisado su experiencia al contratar una cuenta de pago básica en diferentes entidades bancarias.
Los resultados de esta metodología concluyen que "en más de la mitad de las ocasiones, un 57,40%, la cuenta que ofrecen en primer lugar es más cara o tiene más condicionantes que la básica". Antonio Gallardo detalla que “a pesar de que muchos de estos usuarios suelen sufrir las consecuencias de la brecha digital, se les insiste que contraten una cuenta online”.
Diferencias selectivas
La tarjeta de residencia, la tarjeta de identidad de extranjero, el NIE o la solicitud asilo son algunos de los certificados que permiten a los migrantes o refugiados poder optar a una cuenta de pago básica. A pesar de que presenten alguno de estos documentos, su procedencia puede volverse en contra. Natalia Slepoy, responsable del área de incidencia política Red Acoge, explica que “todos los bancos aplican la ley de prevención de blanqueo de capitales para que clientes con una nacionalidad calificada de 'riesgo' (Venezuela, Siria, Irán…) no puedan acceder a este tipo de cuentas”.
Es lo que le ocurrió a Gisela cuando llegó a España y quiso abrir una cuenta de pago básica. En un principio no le pusieron ningún problema, pero tardó dos meses en recibir su tarjeta de débito, que llegó caducada. El motivo que expuso el banco fue que la nacionalidad venezolana se consideraba de “alto riesgo” respecto al origen del dinero. Gisela tuvo que acudir a un abogado especializado para rellenar varios documentos complementarios, pero el banco le denegó la apertura de la cuenta.
La llegada de los refugiados ucranianos provocó la activación de muchos mecanismos de protección e impulsó la implicación por parte de los bancos. Slepoy detalla que "las entidades llegaron a destacar este producto en sus páginas web y metieron publicidad en los medios de comunicación”. Gallardo también señala que las personas procedentes de Ucrania han recibido un trato “diferente” debido a que los bancos los consideran un cliente de “carácter temporal” frente a otros como los venezolanos a los que ven como “definitivos”.
Mala praxis ante la falta de consecuencias
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Las quejas presentadas ante el Banco de España han superado la centena después de cuatro años, pero Slepoy asegura que “no representan la magnitud del problema respecto a las cuentas de pago básicas”. “La tramitación burocrática supone un gran obstáculo para que los migrantes y refugiados puedan hacer llegar sus reclamaciones”, explica la portavoz de Red Acoge.
El cliente misterioso de ASUFIN ha demostrado que las prácticas irregulares no se deben a una falta de formación al concluir que “el conocimiento del personal bancario de todos los puntos básicos de la cuenta de pago básica alcanza un 76,50%”. Gallardo denuncia que las prácticas habituales son advertir sobre las desventajas de este tipo de cuentas como la falta de bizum o de tarjeta de crédito.
Todas estas acciones “están amparadas bajo una normativa que no es del todo clara y una falta de mecanismos legales”, según explica Natalia Slepoy. La portavoz de Red Acoge lamenta que el adelanto electoral paralizó la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que se estaba tramitando en el Congreso a falta de su aprobación final. Un organismo que el Gobierno sigue considerando "prioritario" y el Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente de su anteproyecto el pasado 23 de enero para poder acortar plazos. Desde Red Acoge consideran que “reforzará el derecho a la inclusión financiera de las personas migrantes y refugiadas”.
Acciones tan cotidianas como pagar los recibos de luz y agua, realizar cualquier compra o recibir la nómina no son posibles sin una cuenta corriente. Desde 2017, la Unión Europea reconoce y legisla el derecho a que los ciudadanos que residan en ella tengan una cuenta bancaria para impulsar una inclusión financiera a la que, en muchas ocasiones, no tienen acceso los colectivos más vulnerables. Los refugiados, los migrantes y las personas en situación de exclusión son los principales afectados, ya que encuentran muchos obstáculos cuando solicitan una cuenta de pago básica.