Los cinco grandes bancos financian proyectos globales cuyas emisiones equivalen al 40% de las que genera España
Los cinco grandes bancos españoles financian la emisión de más de 100 millones de toneladas de CO₂ cada año, según reconocen las propias compañías en sus cuentas anuales. Se trata del primer año en el que las principales entidades del país publican en sus resultados esta información, que es obligatoria publicitar desde 2018 y que las empresas obvian a menudo a accionistas y la sociedad, según expone el Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente (IIDMA), la fundación que ha analizado las cuentas y publicado la cifra global de emisiones este jueves.
La información no financiera del ejercicio para 2022 de CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell y Bankinter recoge que las cinco entidades tienen unas emisiones derivadas de su negocio de 100,36 millones de toneladas de dióxido de carbono. En contexto, esta cifra equivale al 40% de las emisiones netas de España en 2022, sin contar con las emisiones por cambios en los usos de la tierra y el suelo (las conocidas como LULUCF). Esto no significa que los cinco bancos sean responsables del 40% de las emisiones dentro de España, ya que con sus créditos financian proyectos por todo el mundo. Esa cantidad también es similar a todos los derechos de emisiones que compraron las empresas españolas en 2022.
Según las cifras recogidas por el IIDMA, CaixaBank es el que más contaminación tiene ligada a sus préstamos, con 30,9 millones de toneladas de CO₂, seguido de BBVA (30,6), Santander (30,39), Sabadell (6,3) y Bankinter (2,17). Aunque estas cantidades se han publicado junto a las cuentas de 2022, corresponden a emisiones del año 2020, el año de la pandemia, por lo que probablemente en un año normal sean superiores.
Este tipo de contaminación indirecta procede de terceras empresas que han financiado sus proyectos de energía, industria o aviación gracias a los créditos de estas cinco entidades. En el pasado este tipo de contaminación pasaba desapercibida entre la banca porque se entendía que no formaba parte del negocio propio de la entidad, pero en 2014 la Unión Europea publicó una nueva Directiva para obligar a todas las empresas cotizadas a calcular esa huella de carbono y publicarla, aunque todavía hoy se incumple ampliamente en los Veintisiete.
"Hablamos de un sector que nunca en su vida tuvo estas emisiones en cuenta y ha tenido que ponerse a ello desde cero", opina Ana Barreira, directora del IIDMA y una de las autoras del informe. Por una parte, entiende que hasta hace unos pocos años no había metodología para llevar a cabo este cálculo complejo de emisiones indirectas y que lleva tiempo adaptarse, pero también ve "diferencias llamativas" entre unos bancos españoles que publican esta información más detallada y otros que menos. "Se está mejorando año a año, pero queda mucho por hacer", señala.
Entre los bancos analizados, Bankinter es el único que ya publicó en su información no financiera de 2021 sus emisiones derivadas del negocio, mientras que el resto de bancos se estrenaron con las de 2022, por lo que todavía no se puede analizar si han aumentado o han disminuido. Bankinter también tiene más nivel de detalle que el resto, ya que su huella de carbono solo es para España y Portugal, mientras que los demás no acotan por regiones.
En el caso del Santander, el IIDMA recoge su información no financiera correspondiente a 2019, aunque el pasado junio la entidad ya publicó los datos del año 2020. En ellos explica que el 2,3% de su cartera crediticia corresponde a empresas de electricidad, petróleo, gas, aviación o acero, los sectores más contaminantes, a las que prestó ese año 20.700 millones de euros. En el BBVA, sus 34,5 millones de toneladas de CO₂ se reparten principalmente entre el sector Fabricación (16,4 millones), Generación de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (5,4) y Minería y cantera (4,4). Mientras, CaixaBank solo publicó en 2022 sus emisiones derivadas de la financiación del sector Petróleo y gas (26,9 millones de toneladas) y Electricidad (4), pero no reporta la huella de carbono de la industria o del sector primario. Por último, Banco Sabadell indica haber calculado su huella de carbono de alcance 1 y 2 para el 95% de su cartera financiada, y solo reporta 6,3 millones de toneladas por préstamos a Petróleo y gas.
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Los expertos del IIDMA que han analizado la información valoran que la información es más amplia que en los tres años anteriores que han hecho este análisis, pero critican que cada empresa presenta los datos de una manera diferente, por lo que es muy difícil compararlos entre sí. En todo caso, Barreira insiste en que la banca está incumpliendo la Ley 11/2018, una trasposición de la Directiva europea de Información No Financiera de 2014, y asegura que su fundación ha comunicado varias veces estas deficiencias a la CNMV, el órgano que debe asegurar que se cumple la norma.
De hecho, la CNMV es de sobra consciente de la situación. En su informe sobre la información no financiera para el ejercicio de 2021 y publicado en marzo de 2023, afirma que la banca "aún no han considerado las emisiones de la cartera de clientes a los que han otorgado financiación en los desgloses relativos al alcance 3", es decir, la contaminación que deriva de sus préstamos. El regulador "es consciente de que una parte de este tipo de emisiones puede escapar o escapa al control directo (…). No obstante, sigue recomendando a los emisores que continúen realizando un esfuerzo por avanzar en su cálculo", insiste la CNMV. De hecho, ese mismo informe cita un estudio del Banco Central Europeo de marzo de 2022 que dice que "solo el 15 % de los bancos en la zona euro divulga las emisiones de alcance 3, lo que representa en estos casos el 93 % del total de sus emisiones".
En todo caso, desde IIDMA recuerdan que en enero de 2023 entró en vigor la nueva Directiva europea de Información Sobre Sostenibilidad, que unifica el estándar para comunicar la huella de carbono de las empresas, por lo que ninguna entidad podrá descafeinar la información. Se aplicará por primera vez con los reportes del año fiscal de 2024, aunque no se publicarán hasta 2025.
