La contratación pública en España no puede presumir de competencia. Es la advertencia que hace la CNMC, el órgano encargado de vigilar que no se vulnere la libre concurrencia en los mercados, en su Radiografía de los procedimientos de contratación pública, que ha analizado los desarrollados entre 2012 y 2017 sólo en la Administración estatal. Según sus cálculos, al 33,6% de los contratos que se licitaron en esos cinco años sólo concurrió una empresa. En otro 15,3% únicamente se presentaron dos y en el 15,9%, tres. Es decir, en el 64,8% de los concursos no compitieron más de tres candidatos.
La CNMC explica que la falta de competencia tiene como resultado la falta de eficiencia. No sólo se desaprovechan los recursos públicos –“siempre escasos y costosos”, precisa– sino que también aumenta el riesgo de colusión entre empresas –de que pacten para perjudicar a terceros– y de corrupcióncorrupción.
Una de las causas del bajo número de licitantes en los concursos públicos es el abuso del procedimiento negociado sin publicidad. Hasta el 61,2% de los contratos con un solo candidato eran de este tipo. Se trata de un procedimiento en el que el órgano de contratación designa a un mínimo de tres empresas, de las que selecciona a una tras consultar y negociar con ellas las condiciones. En principio, sólo puede utilizarse de forma excepcional y limitada: por ejemplo, cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, no se presente ninguna oferta, sólo puedan ser encomendados a un determinado empresario –la compra de una obra de arte– o se dé una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles”. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, en noviembre de 2017, además, sólo podían utilizarse los contratos negociados sin anuncio público para adjudicar servicios y suministros con un importe inferior a 60.000 euros y obras de menos de 200.000 euros.
Sin embargo, según el estudio de la CNMC, hasta el 42,1% de los lotes licitados entre 2012 y 2017 fueron negociados sin publicidad. En el 50,6% se utilizó el procedimiento abierto. El resto se lo llevaron los negociados con publicidad –6,9%–, los restringidos –0,4%– y el diálogo competitivo –0,01%–. Debido a las restricciones por cuantía antes citadas, los negociados sin publicidad son contratos de importes más reducidos que los abiertos. Mientras el presupuesto mediano de uno de estos concursos se sitúa en 58.681 euros, el de un procedimiento abierto asciende a 121.777 euros.
Es más, la CNMC alerta del efecto umbral que ha detectado en los concursos negociados sin publicidad. Casi el 100% de los contratos de suministros y servicios que tienen importes entre 59.500 y 60.000 euros se adjudicaron por este procedimiento. Y lo mismo ocurre en el 70% de los de obras presupuestados entre 199.500 y 200.000 euros.
El departamento que celebra más concursos con un licitante único es el Ministerio de Defensa. Y dentro de él, el Ejército de Tierra es el más asiduo a este tipo de contratos. Le siguen el Ejército del Aire, la Armada, y la Secretaría de Estado de Defensa. Fuera de ese ámbito, la Secretaría de Estado de Cultura, la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias y el Imserso acuden con mayor frecuencia al negociado sin anuncio público. La CNMC matiza que la ley establece el negociado con publicidad como el procedimiento “ordinario” para los contratos de defensa y seguridad, y justifica en “razones técnicas”que el negociado sin publicidad sea habitual en estos casos.
El procedimiento abierto duplica las rebajas del precio de licitación
El perjuicio que el bajo nivel de competencia ocasiona en la gestión de los recursos públicos se revela al analizar las bajas sobre el precio de licitación que ofrecen las empresas ganadoras de los concursos. La baja aumenta según lo hace el número de candidatos: se sitúa en sólo un 3,3% de media cuando se presenta una empresa, en el 12,2% si acuden tres, en el 20,2% si son seis los concursantes y hasta en el 27,1% cuando llegan a 10.
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De otro modo, elegir un procedimiento abierto se traduce en una asistencia media de siete empresas y en una baja en el precio del 17,2%. Pero con un negociado sin publicidad, únicamente se garantiza la participación de una media de 2,3 empresas y una baja del 8%, menos de la mitad que en el concurso abierto. De hecho, el informe cifra en un 2,1% la rebaja media sobre el precio de licitación que supone añadir una empresa en cada contrato.
Basándose en esos porcentajes, la CNMC calcula el ahorro que habrían obtenido todas las administraciones –estatal, autonómica y local– si les hubiera sido posible utilizar el procedimiento abierto en todas las licitaciones incluidas en el Registro de Contratos del Sector Público: 1.771,37 millones de euros entre 2012 y 2016. De esa cantidad, 440 millones habrían correspondido a la Administración estatal.
Pero advierte de que la cifra puede ser muy superior. Porque sólo el 51% de los ayuntamientos y el 59% de las comunidades autónomas publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Estadopublican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Estado. Así, el importe de los contratos de ese registro asciende a 23.369 millones de euros anuales, el 2% del PIB. Sin embargo, según las estadísticas de la OCDE, la contratación pública en España representa el 10,5% del PIB. Y según la propia CNMC, el 18,5%. Por tanto, el ahorro hipotético puede multiplicar la cifra anterior por cinco o incluso casi por 10.
La contratación pública en España no puede presumir de competencia. Es la advertencia que hace la CNMC, el órgano encargado de vigilar que no se vulnere la libre concurrencia en los mercados, en su Radiografía de los procedimientos de contratación pública, que ha analizado los desarrollados entre 2012 y 2017 sólo en la Administración estatal. Según sus cálculos, al 33,6% de los contratos que se licitaron en esos cinco años sólo concurrió una empresa. En otro 15,3% únicamente se presentaron dos y en el 15,9%, tres. Es decir, en el 64,8% de los concursos no compitieron más de tres candidatos.