El dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto español a la banca advierte de los riesgos que para el sector financiero y la economía en general puede suponer su aprobación tal y como lo ha diseñado el Gobierno. Entre ellos, que el futuro impuesto limite la capacidad de las entidades para conceder créditos, les obligue a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes y termine perjudicando el crecimiento económico. Por eso, recomienda al Gobierno que haga un análisis “exhaustivo” del impacto del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Y que impida a éstas repercutirlo en los clientes. El informe, de apenas seis páginas, ha recibido el aplauso de las patronales bancarias AEB y CECA: algunas de las principales entidades ya han anunciado que llevarán el impuesto a los tribunales para impedir su aplicación.
En su documento, el BCE menciona otros cinco dictámenes anteriores sobre impuestos a la banca en cuatro países europeos, pero ha emitido muchos más. Los citados evalúan tributos de Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumania. El más reciente de estos es de 2020 y el más antiguo, de 2016. En el referido a España el BCE reúne advertencias estándar, ya presentes en informes previos, y particularidades del impuesto español. Quizá es a lo que se refería el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando aseguró que el supervisor europeo debe de haber hecho “un corta y pega” de un “tipo de informe normalizado”. “Lo tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual [de subida de tipos de interés], resulta un poco sorprendente”, apuntó el ministro, que fue jefe de la División de Política Monetaria del BCE entre 1999 y 2004.
Por ejemplo, el supervisor bancario reproduce literalmente párrafos y argumentos de anteriores dictámenes. Es una doctrina que tiene asentada. El primero, que considera recomendables este tipo de gravámenes sólo si se utilizan para nutrir fondos de garantía de depósitos, que cubran las insolvencias de las entidades, pero no para aumentar los recursos presupuestarios de los gobiernos, como es el caso no sólo del impuesto español, sino también del eslovaco, lituano y polaco. El rumano está pensado para estimular la intermediación financiera y reducir el coste del crédito a los hogares. También repite el “impacto” que la tasa puede tener sobre “la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”. O advierte de que un impuesto ad hoc a los bancos destinado a conseguir recursos presupuestarios generales reducirá la “resiliencia” de las entidades, que entonces se verían obligadas a conceder menos créditos y reducir sus servicios y actividades. En todos los dictámenes el BCE pide a los gobiernos que preparen un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto.
Los beneficios crecen un 32%
Ya con carácter específico, el informe sobre el gravamen español alerta ante el riesgo de que a los bancos afectados se les haga tributar atendiendo a sus ingresos de 2019 pero tengan que pagar después, cuando es posible que hayan reducido sus beneficios o incluso hayan incurrido en pérdidas. Sin embargo, el tributo se empezará a cobrar el 1 de enero de 2023 y, según los resultados que hicieron públicos la semana pasada, los cinco mayores bancos ganaron hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. El impuesto gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras cuyos ingresos en 2019 fueran superiores a los 800 millones de euros por ambos conceptos. Por tanto, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectará a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. En los nueve primeros meses de este año, las tres primeras entidades –Cajamar no presenta sus cuentas hasta el próximo lunes– han tenido unos beneficios de 678,2 millones de euros: Unicaja supera en un 67% las de ese mismo periodo en 2021, Ibercaja mejora un 15,4% y Kutxabank en un 42%. Es decir, todas ellas están lejos de las pérdidas.
Como la base del impuesto son el margen de intereses y las comisiones, no los beneficios, en lo que va de año la cifra ingresada por los seis principales bancos –los cinco que cotizan en el Íbex 35 y Unicaja– suma 22.453 millones de euros, un 6% más que el año anterior, informa Europa Press. Según la agencia Scope Ratings, Caixabank tendría que pagar unos 400 millones de euros, por ser la entidad que más ingresa por intereses y comisiones –7.250 millones hasta septiembre, un 11,4% más que en 2021–, por encima incluso del Santander, que debería abonar al Estado 300 millones de euros. El BBVA tributaría por unos 250 millones y Sabadell por 200 millones.
Para el BCE, otro riesgo es que, como el impuesto no tendrá en cuenta los gastos de explotación ni otros costes, puede que no sea proporcional a la rentabilidad del banco. Los responsables de las mayores entidades argumentan contra el impuesto que, pese a los elevados beneficios de este año, su rentabilidad está por debajo de los costes de capital.
Lituania, Eslovaquia, Polonia siguieron adelante
El dictamen, tal y como han destacado este viernes tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como el vicepresidente del BCE y exministro de Economía del PP Luis de Guindos, no es vinculante. Así que los cuatro países cuyos impuestos a la banca evaluó antes el supervisor europeos siguieron adelante con sus respectivos diseños, que fueron aprobados por sus parlamentos y aplicados.
En el caso de Lituania, los bancos empezaron a pagar un 5% adicional sobre sus beneficios en el impuesto de sociedades, por lo que el tipo por el que tributaban pasó del 15% al 20%. El objetivo de la medida era dedicar la recaudación a cubrir necesidades públicas. En principio, estaba previsto que el tributo se aplicara sólo durante tres años. Pero en diciembre de 2021 el Parlamento decidió prorrogarla indefinidamente. Pese a que una de las recomendaciones del BCE es precisamente que estos impuestos se limiten en el tiempo. El español estará en vigor dos años, de acuerdo con el plan del Gobierno.
Eslovaquia también ha aplicado su propia tasa a los bancos. La aprobó en 2011 y estaba destinada a cubrir los costes del rescate financiera y crear un fondo de protección para futuras crisis. En principio consistía en un 0,2% del pasivo de los bancos, pero en 2021 se duplicó. Cada año recaudaba unos 150 millones de euros, que pasaron a 300 millones tras la subida. El ministro de Economía que lo impulsó, Peter Kazimir, se convirtió en 2019 en gobernador del Banco Central de Eslovaquia y, sorprendentemente en uno de los principales enemigos de la tasa. Dijo que había sido un error. En 2020 el Gobierno presentó un proyecto para anular el impuesto. Si en el caso lituano, el BCE actuó de oficio, y en el español el dictamen fue solicitado por el Banco de España, en el eslovaco, el supervisor evaluó tanto la creación como la subida y la abolición de la tasa a petición del propio Ministerio de Finanzas. En su último y breve informe –apenas dos páginas– antes del dedicado a España, el BCE celebra que el Gobierno de Bratislava suprima el tributo, porque cree que su eliminación aumentará la capacidad de los bancos para generar capital y proveer de créditos a la economía real.
Polonia tampoco cambió su política fiscal tras el dictamen del BCE. En 2016 el Gobierno creó una tasa mensual del 0,0366% sobre los activos de bancos, aseguradoras y entidades de crédito al consumo. La recaudación, una vez más, se destinaba a financiar el gasto público, en especial en materia de seguridad social. En 2020, el Estado polaco ingresó por este concepto unos 900 millones de euros.
Del mismo modo ha avanzado el Gobierno español que mantendrá su impuesto. En la cumbre hispano-lusa en Viana do Castelo, el presidente, Pedro Sánchez, se ha referido a Luis de Guindos, quien aseguró horas antes que, con su dictamen, el BCE “trata de ayudar”, como ya ha hecho en el pasado con otros gobiernos. Tras repasar su currículo como ministro de Economía del PP, “artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española” y responsable de Lehman Brothers, Sánchez le agradeció sus “consejos”. “Pero vamos a seguir adelante”, zanjó.
Los impuestos a la banca en Reino Unido, Francia y el resto de Europa
Los cuatro países evaluados por el BCE no son los únicos europeos que gravan a los bancos con impuestos específicos. Desde 2011, las entidades financieras británicas pagan una tasa –bank levy– por su pasivo y fondos propios, del 0,1% si son a corto plazo y del 0,05% si son a largo. Además, en 2015, el Gobierno del conservador David Cameron estableció el Banking Corporation Tax Surcharge, que grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. Se planteó entonces como la “justa contribución” de las entidades financieras por “el riesgo potencial que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Un seguro frente al peligro sistémico que puede representar una banca que toma excesivos riesgos. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico recaudó unos 8.000 millones de libras hasta 2022 por este recargo. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras –unos 1.713 millones de euros–. Gracias a la tasa ingresó mucho más: 25.000 millones de libras desde 2011. Este año la recaudación ascenderá a 1.300 millones.
Uno de los planes del actual primer ministro británico, Rishi Sunak, cuando era ministro de Finanzas en el Gobierno de Boris Johnson, era recortar del 8% al 3% el recargo a los bancos. Sorprendentemente, su sucesor en el breve Gobierno de Liz Truss, Kwasi Kwarteng, no incluyó esa reducción en el fallido plan de rebaja generalizada de impuestos. Está por ver cuál va a ser la decisión de Sunak al respecto una vez que el recorte fiscal de Truss ha quedado en el camino.
También en Francia existe un impuesto que grava a los bancos por su riesgo sistémico, la TRS (Taxe de Risque Systémique), que en 2012 se elevó del 0,25% al 0,50% de la base imponible. Curiosamente, fue una iniciativa de Christine Lagarde, ministra de Economía en 2011, cuando se creó el tributo, y hoy presidenta del BCE. Desde 2014 se empezó a reducir hasta su desaparición en 2019, pero en 2015 se creó otro impuesto similar destinado a financiar a los ayuntamientos que contrataron préstamos tóxicos. En 2012 el fisco francés recaudó 500 millones de euros gracias a la TRS.
La gran banca dispara un 32% los beneficios mientras se resiste a compensar a sus plantillas por la inflación
En plena crisis financiera, también Austria y Bélgica gravaron a sus bancos. Tras la pandemia, en diciembre de 2021, el Parlamento sueco aprobó una tasa del 0,05% de la base imponible para 2022 y del 0,06% para 2023 de los bancos cuyo pasivo supere los 150.000 millones de coronas suecas –unos 14.000 millones de euros–. Ahora, en plena crisis energética y de precios, además de España, Hungría, República Checa, Italia y Grecia han anunciado su intención de unirse al club.
Las 'gracias' de Sánchez a De Guindos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo estudiará el informe del Banco Central Europeo, pero ha confirmado que continúa con su hoja de ruta de crear el gravamen, informa Europa Press. Sánchez ha comparecido junto al primer ministro de Portugal, António Costa, en Viana do Castelo, tras la firma de acuerdos bilaterales, un día después de que el BCE cuestionase distintos aspectos del impuesto a la banca. "Evidentemente tomamos nota y estudiaremos el informe, pero el Gobierno continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto. Sobre todo, porque a la luz de los datos que hemos conocido de los beneficios y los dividendos que está dando el sector financiero como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, creo que está justificado que arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles y las españolas", ha señalado Sánchez tras ser preguntado por el citado dictamen.
El presidente ha sido especialmente duro con al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos: “He escuchado al señor De Guindos decir que solamente quiere ayudar. Fue ministro de Economía del Gobierno del PP artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española, previamente fue responsable de Lehman Brothers, hoy es vicepresidente del BCE... Le agradezco sin ninguna duda las ganas de ayudar del señor De Guindos“, ha reprochado Sánchez.
El dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto español a la banca advierte de los riesgos que para el sector financiero y la economía en general puede suponer su aprobación tal y como lo ha diseñado el Gobierno. Entre ellos, que el futuro impuesto limite la capacidad de las entidades para conceder créditos, les obligue a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes y termine perjudicando el crecimiento económico. Por eso, recomienda al Gobierno que haga un análisis “exhaustivo” del impacto del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Y que impida a éstas repercutirlo en los clientes. El informe, de apenas seis páginas, ha recibido el aplauso de las patronales bancarias AEB y CECA: algunas de las principales entidades ya han anunciado que llevarán el impuesto a los tribunales para impedir su aplicación.