Los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, repiten que su afán es hacer del despido el último recurso de las empresas para hacer frente a sus problemas económicos. Más aún cuando las sucesivas crisis no han hecho más que situar la destrucción del empleo en el centro de las políticas laborales. Pero hasta el momento su éxito ha sido muy limitado. Al menos a tenor de las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España cada vez se despide más y cada vez es mayor el número de despidos que terminan en los tribunales. Si en 2017 el número de trabajadores a los que se privó de su empleo fue de 415.927 –la menor cifra desde que terminó la crisis financiera–, desde entonces no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los 479.181 en 2020. Un aumento del 15,2%. 2020 fue el año de la pandemia, pero también de los ERTE, el mecanismo público pensado para proteger a los trabajadores del despido.
El ministerio no hará públicos los datos sobre los despidos ejecutados en 2021 hasta el mes de diciembre, por lo que hasta entonces no se desvelará si la tendencia al alza ha continuado una vez recuperada la actividad que había quedado paralizada por culpa del virus. En cambio, sí cuenta con estadísticas más actualizadas el CGPJ respecto a los despidos que acabaron en los tribunales. Y en ellas se observa igualmente una tendencia al alza que es incluso superior. Desde 2017, que fue el año con menos despidos judicializados, 97.763, hasta 2021, las extinciones de contrato impugnadas ante un tribunal crecieron un 38,45%, alcanzando los 135.361 casos. Si en 2017 el 29,2% de los asuntos resueltos en la jurisdicción de lo Social eran despidos, esa cuota ha pasado a ser del 45,6% en 2021. Es decir, casi la mitad de los procesos fueron despidos, como destaca el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Baylos, tras reunir y comparar las cifras en su blog.
“Una parte del crecimiento se explica por el desplazamiento de asuntos durante 2020 [debido a la suspensión de plazos y vistas por el covid], pero la tendencia va más allá de ese aspecto coyuntural”, asegura a infoLibre. Por el contrario, otros procedimientos, como las reclamaciones de cantidades y de derechos “se han detenido o, por decirlo de otra manera, no se ejercitan”. Estas demandas, que se presentan cuando el contrato de trabajo aún está vigente, han disminuido desde las 168.735 de 2010 hasta 144.055 en 2019. Bajaron aún más en el año de la pandemia, hasta 107.960, y se dispararon en 2021, con 161.328.
En todo caso, la tasa de litigiosidad –el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes– en los tribunales de lo Social tampoco ha dejado de crecer en los últimos años. De un mínimo de 8,2 en 2016 se llegó al 9,2 en 2019 y tras una caída al 8,4 en 2020 ha regresado a 9,4 en 2021, lo que le acerca a los máximos de lo peor de la crisis anterior, cuando ascendió a 9,8 en 2012 y a 10 en 2013.
Se hunde la compensación media en los despidos colectivos
De los 479.181 despidos de 2021, la mayoría son individuales. Por causas objetivas –económicas, organizativas, técnicas o de producción–, perdieron su empleo 269.002 trabajadores el año pasado, mientras que otros 106.571 fueron despedidos por motivos disciplinarios. Sólo 81.294 sufrieron un despido colectivo, los conocidos como ERE (Expediente de Regulación de Empleo) antes de la reforma laboral de 2012.
Pero son precisamente los despidos colectivos los que más crecieron en 2020. De hecho, el número de trabajadores que se quedaron sin empleo por culpa de un ERE en el año del covid más que se duplicó respecto a 2019, cuando resultaron afectadas 38.469 personas. Pero la tendencia al alza ya venía de atrás. En 2017 se redujo hasta el mínimo de la década, con 24.854 despedidos. Los 81.294 de 2021 casi replican los 82.876 de 2012, nada más aprobarse la reforma laboral que facilitó y abarató los despidos en general y los colectivos en particular.
Al mismo tiempo, la cuantía media pagada a los despedidos en estos procedimientos colectivos ha caído desde 22.593 euros en 2019 hasta 12.459 euros un año después, un 44,85%. Pero la tendencia a la baja ya era anterior: en 2015, el año más antiguo del que publica datos el Ministerio de Trabajo, la indemnización media que se pagó en un despido colectivo ascendió a 31.854 euros. Por tanto, ha caído casi un 61% desde entonces.
No obstante, cabe señalar que las indemnizaciones en los despidos colectivos son siempre mucho mayores que las pagadas en los individuales. En 2015, las primeras casi cuadriplicaban la cuantía de las segundas –8.233,3 euros –. En 2021, al caer tanto las cobradas en los despidos colectivos, la distancia con los individuales se ha reducido y son un 59% superiores, pero aun así menores que hace seis años –7.840 euros–.
Menos antigüedad, menos indemnización
A juicio de Antonio Baylos, el aumento de los despidos colectivos tiene que ver con “la utilización por las empresas de la llamada flexibilidad numérica o ajuste de empleo definitivo para casos que escapaban de las mallas protectoras” previstas por los decretos-ley que reconfiguraron los ERTE en 2020. En ellos se incluyó una salvaguarda del empleo que prohibía despedir a trabajadores hasta seis meses después de la reanudación de la actividad por parte de la empresa, bajo pena de tener que devolver las cotizaciones a la Seguridad Social de las que se la había exonerado.
Por lo que se refiere a la rebaja considerable de la cuantía media con que se está indemnizando a los trabajadores despedidos en esos procedimientos colectivos, Baylos apunta a que éstos han afectado a empleados con poca antigüedad, que reciben por tanto compensaciones más pequeñas. “Pero los datos nos impiden saber si se trata de empresas medias y grandes, como normalmente coincide los despidos colectivos, o si se ha reducido plantilla también en empresas medias y bajas, o si se trata de cierres de empresas mediano-pequeñas”, precisa. Tampoco si hubo mediación sindical en el procedimiento. “En cualquier caso”, añade, “la disminución de las indemnizaciones por despido es una constante desde 2015, pero en las de los despidos colectivos no había habido un descenso tan grande hasta 2020”.
Más conciliaciones, menos juicios
La destrucción de empleo temporal por la pandemia casi iguala el récord histórico de la crisis de 2008
Aunque también hay que culpar al atasco judicial. Cuanto más retraso acumulan los juzgados de lo Social, más conciliaciones se firman. Y las conciliaciones implican siempre indemnizaciones menores. La cuantía media por sentencia en 2021 ascendió a 10.653,5 euros, según las estadísticas del CGPJ, mientras que la compensación tras conciliar y evitar el juicio se quedó en 7.913,6 euros.
Además, la tendencia es clara desde la última crisis: aumentan las conciliaciones en detrimento de los juicios. En 2009 y 2010, más de la mitad de los despidos terminaban con una sentencia judicial; en 2019 sólo el 30%. El año pasado, apenas el 28,2%. Por el contrario, las conciliaciones han crecido desde el 22,8% de 2009 hasta el 46,2% de 2021. El salto por encima del 30% se produjo a partir de 2012, con la aprobación de la reforma laboral.
En cualquier caso, las cuantías difieren, y mucho, dependiendo del tipo de contrato. Para un trabajador temporal a tiempo parcial –12 días por año trabajado– la indemnización media es sólo de 506,2 euros, de 1.267,9 euros si la jornada es completa. Para los indefinidos a tiempo parcial la indemnización media se eleva a 3.772 euros y a 15.418 euros para los de jornada completa. En su blog, Antonio Baylos destaca el dato de que las indemnizaciones de los trabajadores temporales quedan por debajo del coste laboral medio en España: 2.874,6 euros al mes.
Los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, repiten que su afán es hacer del despido el último recurso de las empresas para hacer frente a sus problemas económicos. Más aún cuando las sucesivas crisis no han hecho más que situar la destrucción del empleo en el centro de las políticas laborales. Pero hasta el momento su éxito ha sido muy limitado. Al menos a tenor de las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España cada vez se despide más y cada vez es mayor el número de despidos que terminan en los tribunales. Si en 2017 el número de trabajadores a los que se privó de su empleo fue de 415.927 –la menor cifra desde que terminó la crisis financiera–, desde entonces no ha dejado de crecer, hasta alcanzar los 479.181 en 2020. Un aumento del 15,2%. 2020 fue el año de la pandemia, pero también de los ERTE, el mecanismo público pensado para proteger a los trabajadores del despido.