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Deutsche Bank y Santander han recurrido ante el Tribunal Supremo varias sentencias pioneras formuladas a finales de diciembre por la Audiencia Provincial de Oviedo que obligaban a los bancos a devolver a sus clientes el 100% de los gastos hipotecarios. Así ha tenido constancia infoLibre, que ha podido confirmar cómo el Santander el pasado viernes 15 de enero y el Deutsche este lunes 18 reclamaban una "certificación" de la sentencia dictada "con el objeto de interponer un recurso de casación".
El recurso no es un procedimiento habitual de la banca en la polémica sobre los gastos de gestoría y notaría de las hipotecas, hasta ahora asumidos al 50% entre las entidades y sus clientes: ninguno de los dos bancos recurrió las sentencias –favorables a los consumidores– en primera instancia, pero ahora sí lo hacen ante el alto tribunal, que en los últimos años se ha caracterizado por dar más la razón a las entidades financieras. Tal ha sido así que la semana pasada la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, elevó una denuncia denuncia contra el Reino de Españay, en concreto, contra el Supremo por la sistemática vulneración de la Directiva comunitaria sobre las cláusulas abusivasen los contratos firmados con consumidores. Entre ellos los gastos hipotecarios.
Los fallos de la Audiencia de Oviedo responden a recursos de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), que lleva mucho tiempo litigando: el caso de los gastos hipotecarios llegó al Supremo en 2018, y casi tres años después continúa sin solución en espera de que el alto tribunal –que ha tenido que modificar su criterio tras las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)– resuelva la situación.
¿Cuál es el alcance de la sentencia? Asufin, a partir de los datos del Banco de España, estima que un mínimo de ocho millones de hipotecas actualmente vivas, es decir, que no han terminado de pagarse. "Pero el alcance podría ser mucho mayor si se aplica la retroactividad. Y la retroactividad ya se aplicó con las cláusulas suelo, por ejemplo", afirma Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores.
Posible retroactividad
La media a devolver se sitúa por cliente en alrededor de 1.200 euros, lo que puede suponer un problema mayúsculo para la banca después de que el informe de transparencia de la Agencia Bancaria Europea (EBA, en inglés) publicado en diciembre de 2020 situara a las entidades españoles como las menos solventes de Europa por su ratio de capital. Y la cantidad podría ser mayor en el caso de los recurrentes, 4.000 socios de la Unión de Consumidores. "Vamos a ver incrementada la devolución en un 30%, además de los intereses", augura Alonso.
La historia de los gastos hipotecarios es larga, y la banca ha salido airosa en no pocas ocasiones. La más famosa de todas ellas, el controvertido fallo de noviembre de 2018, en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo adoptó por 15 votos a 13 la salomónica decisión de repartir los gastos hipotecarios: el 100% de los Actos Jurídicos Documentados (AJD) los asumiría el cliente, mientras que cada parte haría lo propio con el 50% de los gastos de notaría, gestoría y tasación. La Sala del Supremo se corregía así de su propio cambio de parecer tres semanas antes, cuando había obligado a las entidades a abonar todos los gastos.
Pero la justicia europea cambió finalmente la posición del alto tribunal. En julio de 2020, el TJUE resolvió que los bancos pagarían todos los gastos hipotecarios si la cláusula era abusiva. A esto hubo que sumarle que, durante el revuelo del Supremo de noviembre de 2018, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aprobó días después por Real Decreto una modificación en artículo 29 de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TP/AJD) imponiendo a los bancos este último gasto.
Comisión de Apertura, próxima batalla
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Según el abogado colaborador de UCE, Unai Alonso, el recurso del Banco Santander y de Deutsche Bank "solo busca enseñar las cartas. Dilatar el proceso y encomendar a una suerte de valedor de derechos de la banca el fallo final", dice el letrado en referencia al Supremo.
Así, los gastos AJD recaen sobre las entidades financieras, los de gestoría y notaría dependen de la decisión del Supremo y los de tasación también esperan la resolución del alto tribunal. Las reclamaciones no terminan ahí: la próxima batalla es la Comisión de Apertura de las hipotecas, "que también los bancos impusieron a todos sus clientes cuando se formalizó el contrato y que viene a significar entre 1.500 y 2.500 euros", resume Dacio Alonso. Esto puede equivaler al 0,5% de las cláusulas hipotecarias y sería otro mazazo para el sector financiero.
Por último, varias asociaciones de consumidores querellantes (UCE, Asufin, Facua, OCU) destacan su malestar con el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón. Consumo publicó en diciembre pasado una nota informativa precisando que los denunciantes de los gastos hipotecarios abusivos tenían hasta el próximo 21 de enero para reclamar. Las organizaciones aseguran que es un error que el ministerio debe corregir, porque los litigios continúan en activo y, en caso de optar por la vía judicial, los clientes podrían o no percibir todo lo que en teoría les corresponde o incluso perderlo todo si no hay una jurisprudencia bien marcada por el Supremo.
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