A 48 horas de que el Consejo de Ministros vuelva a debatir si da luz verde a la venta del 49% de la empresa pública de aeopuertos AENA, las diferencias entre ministerios se enconan. Lo que desde el Ministerio de Economía y desde la Oficina Económica de Presidencia se calificó como un simple "problema de procedimiento" que obligó a aplazar la autorización de la privatización la pasada semana, es algo más. Hay profundas diferencias entre los ministerios de Hacienda, de Economía y de Fomento por la forma en que se ha diseñado la operación y en cómo se presentó al Consejo de Ministros.
La palabra es desconfianza. Fuentes ministeriales aseguran que fue el Ministerio de Hacienda el que se opuso a la aprobación de la oferta pública de venta (OPV) de AENA el 24 de octubre. Lo hizo por más razones que el papel de la compañía PwC como auditora y emisora de la carta de conformidad (comfort letter) de la OPV, algo habitual en las operaciones privadas de venta de acciones.
Tras la oposición de Hacienda –convertida en un simple asunto de procedimiento, según la versión del ministro Luis de Guindos–, se oculta el recelo por la forma en que los diseñadores de la OPV han esquivado en el proceso a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el deseo de analizar todos los detalles en torno a AENA: desde el papel de la auditora PwC hasta las retribuciones del equipo directivo de AENA que encabeza José Manuel Vargas tras la privatización.
La decisión, el viernes
El Ministerio de Hacienda declinó hacer comentarios sobre las diferencias con otros departamentos, mientras que el Ministerio de Economía se limitó a explicar que el Consejo de Ministros decidirá el viernes si aprueba o retrasa la operación de venta prevista para el 12 de noviembre. El Ministerio de Fomento, por su parte, señaló que "más allá de las divergencias y de los plazos de la operación, lo relevante es que la operación [de privatización] se va a hacer".
Los abogados del Estado trabajan a marchas forzadas para buscar una salida al embrollo en torno a la venta de acciones. El Ministerio de Fomento cree que las diferencias –entre departamenrtos que no identifica– podrán solucionarse. La posible salida sería convocar un concurso público para que sea un auditor distinto que PwC el que avale el último examen de cuentas de AENA antes de la oferta pública de acciones.
Pero hay un problema. Convocar un concurso público, con la concurrencia de al menos tres ofertas y cumpliendo los plazos para examinar los últimos números de la sociedad pública (el plazo no debe superar los 135 días desde la última revisión del estado de la sociedad), impediría hacer la OPV en la fecha prevista.Privatización parcial
La venta de acciones de AENA es la segunda parte del proceso de privatización parcial que el Gobierno aborda en el operador de aeropuertos. La primera parte del proceso culminó con la selección por AENA de los tres socios de referencia que conformarán su núcleo duro y tomarán un 21% de su capital. Son Corporación Financiera Alba con un 8%, Ferrovial con un 6,5% y el fondo británico TCF con otro 6,5%.
Con la OPV, los ingresos del Estado, en el mejor de los casos, pueden llegar a 3.932 millones. El dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre el folleto de la OPV conocido el pasado viernes estima que las acciones de AENA costarán entre 41,5 y 53,5 euros, lo que supone valorar el 100% de la compañía entre 6.225 millones y 8.025 millones de euros.
Paradójicamente, la pelea en el seno del Gobierno por la forma en que se va a vender AENA puede arrojar luz sobre extremos que permanecen en sombras. Por ejemplo, las retribuciones de la cúpula de la empresa pública. Los diputados de CiU Pere Macías y de Izquierda Unida Ricardo Sixto han presentado decenas de preguntas al Gobierno para saber cuánto cobran los directivos de AENA. No lo han logrado. Al menos no lo han logrado en detalle.
Medias salariales
José Manuel Vargas, el gestor al que no le gustaba que AENA fuera una empresa pública
El Gobierno sólo contestó con las “medias” salariales en AENA por categorías y con porcentajes, producto de comparar los sueldos de los directivos con el máximo legal autorizado. Según la respuesta del Gobierno, en AENA hay 11 altos cargos que tienen contratos de alta dirección. De ellos hay cuatro, correspondientes a AENA SA, la sociedad mercantil, que en 2013 cobraron de media “un 42% menos del máximo autorizado”. El máximo autorizado para las entidades consideradas del grupo 1, como AENA, debe ser inferior a 210.000 euros brutos anuales.
Paravender AENA (46 aeropuertos en España, 15 fuera de España, 500 millones de pasajeros al año), el Gobierno del PP acometió la tarea de remozar su fachada. En 2012, el grupo, compuesto por los aeropuertos más navegación aérea, perdió 69 millones de euros. En 2013, con el plan de venta en marcha, ganó 715 millones.
Por el camino quedaron 1.200 empleos tras un ERE pactado con los sindicatos en 2012 para mayores de 55 años. Menos carga de empleo y también menos deuda (-20%), aunque todavía es un lastre de más de 11.000 millones de euros.
A 48 horas de que el Consejo de Ministros vuelva a debatir si da luz verde a la venta del 49% de la empresa pública de aeopuertos AENA, las diferencias entre ministerios se enconan. Lo que desde el Ministerio de Economía y desde la Oficina Económica de Presidencia se calificó como un simple "problema de procedimiento" que obligó a aplazar la autorización de la privatización la pasada semana, es algo más. Hay profundas diferencias entre los ministerios de Hacienda, de Economía y de Fomento por la forma en que se ha diseñado la operación y en cómo se presentó al Consejo de Ministros.