El ex consejero delegado de la cadena textil Blanco, Gerry Waters, y su director financiero, Nuno Ferreira, declararon este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tras haber sido demandados por la plantilla de la empresa por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Blanco pidió el concurso de acreedores en noviembre de 2016 y la liquidación un mes más tarde. Despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.
La querella se presentó contra la empresa saudí Alhokair, el fondo dubaití AC Modus y los administradores de Global Leiva, la empresa propietaria de la cadena de moda. También han sido llamados a declarar en la Audiencia Nacional Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, administradores de Global Leiva. administradores de Global LeivaLa querella fue interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón (Madrid), donde tiene su domicilio esta sociedad, pero la Audiencia Nacional se hizo cargo del caso el pasado agosto tras declararse competente por el volumen del supuesto perjuicio económico causado.
Waters y Ferreira se negaron a contestar a las preguntas de los abogados de la plantilla. Pero, interrogados por el fiscal, aseguraron que el único valor de Blanco cuando la adquirió Global Leiva en 2013 era la marca. Esta fue la sociedad que utilizó el gigante saudí Alhokair para hacerse con la cadena de tiendas.
Ambos directivos sí contestaron a sus abogados, pero sólo para intentar desvincular a Global Leiva de Alhokair, explica a infoLibre el letrado de los trabajadores de Blanco, Alfredo Camacho. Por el contrario, la plantilla de la cadena argumenta que la empresa saudí ha sido siempre el administrador de facto de Global Leiva, que en realidad no era más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. De hecho, su tesis es que Global Leiva fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.
Según explican, Alhokair ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. De hecho, uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.
Los saudíes respondían, financiaban y pagaban nóminas
“Ha sido Alhokair quien ha estado detrás de Blanco todo el tiempo”, subraya Alfredo Camacho, “por eso el juzgado de lo Mercantil autorizó la venta en 2013 a Global Leiva, constituida con sólo 3.000 euros de capital unos meses antes de la operación, y lo señalan los propios gestores de la empresa en sus cuentas anuales cuando los auditores advierten de que está en causa de disolución y dejan claro que Alhokair responderá ante los proveedores”.
Además, los trabajadores sostienen en su querella que el grupo saudí siguió financiando a Blanco tras vendérsela al fondo dubaití AC Modus en noviembre de 2016 y sus directivos continuaron gestionándola. Es lo que intentarán demostrar en la Audiencia Nacional los abogados de la plantilla con la práctica de una batería de diligencias, el aporte de documentación y el testimonio de los trabajadores de la empresa: ellos seguían reportando a Alhokair, que nunca abandonó el control de Blanco. También aseguran que el director financiero, Nuno Ferreira, ha actuado siempre de administrador de facto de la empresa y como su portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Gerry Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, además, no sólo eran miembros de la alta dirección de Alhokair, sino que el grupo saudí era también el que pagaba sus sueldos.
Los directivos tampoco asumieron ante el juez ninguna responsabilidad por la mala situación de la empresa, de la que culparon a la crisis económica. La plantilla, en cambio, denuncia en su querella “la falta de diligencia en la llevanza del negocio” de los gestores de Blanco, a su juicio “difícilmente explicable desde un punto de vista de razonabilidad empresarial”. Y llega a tachar de “actitud depredadora” la del grupo saudí con Global Leiva: “Su objetivo nunca fue conseguir el reflotamiento de la empresa, sino obtener la titularidad de la marca”.
El concurso sigue su trámite en Toledo
Mientras la Audiencia Nacional investiga la quiebra de Blanco, la Audiencia Provincial de Toledo debe decidir si el Juzgado de lo Mercantil de Toledo donde Global Leiva solicitó el concurso de acreedores es competente para hacerse cargo del asunto. Los trabajadores entienden que no. La sociedad acudió al juzgado toledano pese a que su sede social se encuentra en la localidad madrileña de Alcorcón. Adujo que posee una nave tiene un “centro de interés” en Seseña (Toledo), una nave donde sólo trabajaban cuatro personas. Pese a que el artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”, el juzgado de Toledo se declaró competente para gestionar el concurso de Blanco.
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Además, la plantilla de Blanco ha recurrido el nombramiento del administrador concursal. Antonio Muñoz Perea también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, coincidió con él como administrador –en representación de Caixabank– Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva. Los trabajadores desconfían de la gestión que Muñoz Perea ha llevado a cabo. El juzgado aún debe dictaminar si el concurso de Blanco fue culpable.
Los 818 trabajadores de la cadena de ropa fueron despedidos en enero de 2017. Sus indemnizaciones de despido las ha abonado el Fondo de Garantía Salarial.
Pese a la entrada de capital saudí y dubaití desde 2014 y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena, fundada por el empresario cántabro Bernardo Blanco en 1960, no consiguió levantar la cabeza. En sus mejores días llegó a tener 1.200 tiendas repartidas por todo el mundo, pero terminó sufriendo dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus a la espera de un inversor que nunca apareció.
El ex consejero delegado de la cadena textil Blanco, Gerry Waters, y su director financiero, Nuno Ferreira, declararon este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tras haber sido demandados por la plantilla de la empresa por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Blanco pidió el concurso de acreedores en noviembre de 2016 y la liquidación un mes más tarde. Despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.