Los directores de Servicios Sociales aplauden que el Gobierno recupere lo recortado en Dependencia pero reclaman medidas concretas

El Consejo Territorial ha aprobado con todos los apoyos la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia en 2021 con un incremento de 623 millones de euros. De este modo, el aporte del Gobierno para Dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48% y la reversión, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, de los recortes en Dependencia sufridos desde el año 2012.

De acuerdo a los últimos datos oficiales recogidos por la organización, en España hay 232.243 personas en el “limbo de la dependencia” (a pesar de haberles reconocido el derecho, no reciben atención, ni prestación ni servicio). A ellos hay que añadir las 141.556 personas que están pendiente de valoración. De este modo, la desatención total alcanza a 344.568 personas. El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 432 días.

El número de personas fallecidas a la espera de ser atendidos ha ascendido considerablemente desde el inicio de la pandemia del covid-19 y sus consecuencias en la saturación de los servicios sanitarios.

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Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, "la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la absoluta prioridad del incremento de la financiación". Además, los expertos opinan que "deben agilizarse los trámites, simplificar y unificar los procedimientos y evitar los servicios low cost, fomentando la creación de empleo".

De acuerdo a sus estimaciones, con el presupuesto acordado se puede conseguir eliminar la lista de espera y lograr "la plena atención" en once comunidades en este año.

Pero sus gobiernos deben colaborar. Según la organización, los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia. Las diez comunidades que este año han disminuido en número de beneficiarios deben recuperar esa tasa de reposición y se deben ocupar las 15.000 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, máxime cuando hay 96.351 personas con grado III y II, en el limbo de la dependencia.