Vuelve al Gobierno la guerra de los becarios. El pasado 30 de agosto los universitarios en prácticas recuperaron su derecho a cotizar a la Seguridad Social cuando el Ministerio de Empleo cumplió la sentencia del Tribunal Supremo que, en mayo, había anulado el decreto de noviembre de 2011 que se lo negaba. Ese decreto del Ministerio de Presidencia se publicó a instancias del de Educación y, a su vez, contradecía a otro anterior de Empleo que, sólo un mes antes, asimilaba a trabajadores por cuenta ajena a los participantes en programas de formación. Siempre y cuando éstos fueran financiados por entidades públicas o privadas, no tuvieran un carácter exclusivamente lectivo e incluyeran prácticas retribuidas con una contraprestación económica.
Pues bien, apenas 40 días después, CCOO denuncia que el Ministerio de Educación está preparando un nuevo decreto que vuelve a excluir de la obligación de cotizar a una parte de los becarios universitarios: los que hacen prácticas al mismo tiempo que están estudiando. Y, de nuevo, se atribuye el movimiento a la presión de los rectores de las universidades. Según el sindicato, Educación alega que los “trámites de las altas suponen importantes problemas de gestión para las empresas”. Y los rectores temen que esas obligaciones retraigan a las compañías a la hora de ofrecer becas.
CCOO pone en duda la validez de ese argumento. Por un becario una empresa paga a la Seguridad Social sólo 34,72 euros al mes. El becario cotiza 6,09 euros. Además, apunta el sindicato, “las empresas pueden desgravarse esa cuantía como gasto deducible”.
Sin embargo, Nicolás Díaz de Lezcano, vicerrector de la Universidad de Las Palmas y coordinador de una de las comisiones sectoriales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE), aseguraba este verano a infoLibre que, para una empresa como el Banco Santander, que empleará este año a unos 5.000 becarios, el coste final puede ser elevado.
Pugna entre Educación y Empleo
El Ministerio de Educación ha sometido a información pública el proyecto de real decreto, que se encuentra colgado en su página web. En su artículo 2 deja claro que las prácticas externas tienen “carácter formativo” y no generan las “obligaciones propias de una relación laboral”. En la disposición adicional primera excluye expresamente de la Seguridad Social a los “estudiantes que realicen prácticas académicas externas curriculares”, pues éstas se consideran actividades integradas en el plan de estudios. Educación no ha contestado al requerimiento de infoLibre para que diera su punto de vista sobre el asunto.
Desde que el TS emitió su sentencia, en mayo, y Empleo emitió la instrucción donde detallaba cómo debían cotizar los becarios, en agosto, la Tesorería General de la Seguridad Social dejó en el limbo a los universitarios y a las empresas que los contrataban. El motivo fue la batalla que se entabló durante todo el verano entre el departamento de Fátima Báñez, que apoyaba el derecho de los becarios a cotizar, y Educación, que se hacía eco del rechazo de los rectores.
“Confío en que [la instrucción de Empleo sobre los becarios] sirva para eliminar la precariedad que fueron dejando los gobiernos socialistas en el pasado”, aseguró la ministra Fátima Báñez cuando anunció en el Congreso que las prácticas podían volver a cotizar. “Eso sí que son minijobs: minisueldos, jornada completa y cero cotización. Y eso también lo ha cambiado ya el Gobierno del PP. Ahora los empresarios tendrán que cotizar por esas prácticas”, remachó.
Dos meses antes, nada más conocerse la sentencia del TS, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, animaba a tanto a las empresas como a las instituciones a reanudar “lo antes posible” la cotización de los becarios, porque “aumentará los cotizantes y los ingresos de la Seguridad Social”.
Becarios en el lado oscuro: fraude, explotación y trabajo gratis
Otra vez 40.000 becarios dados de alta
La sentencia del TS falló a favor de un recurso presentado por CCOO. Aunque anuló el decreto por una cuestión formal –no fue sometido a la preceptiva consulta al Consejo de Estado–, su nulidad tiene carácter retroactivo y permite reclamar las cotizaciones no efectuadas desde noviembre de 2011.
En ese momento, había en España más de 41.000 becarios dados de alta y cotizando. Entonces pagaban por contingencias comunes y accidentes de trabajo, también para la jubilación, aunque no para el desempleo. Además, se les quitaba un 2% en concepto de IRPF. Como consecuencia del decreto de 2011, las altas se redujeron a la mitad. En los 40 días de vigencia de la nueva instrucción de Empleo, volvieron a recuperarse las 40.000 altas, asegura el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Pero no existen estadísticas sobre el número de becarios españoles. Díaz de Lezcano los cifra en unos 200.000.
Vuelve al Gobierno la guerra de los becarios. El pasado 30 de agosto los universitarios en prácticas recuperaron su derecho a cotizar a la Seguridad Social cuando el Ministerio de Empleo cumplió la sentencia del Tribunal Supremo que, en mayo, había anulado el decreto de noviembre de 2011 que se lo negaba. Ese decreto del Ministerio de Presidencia se publicó a instancias del de Educación y, a su vez, contradecía a otro anterior de Empleo que, sólo un mes antes, asimilaba a trabajadores por cuenta ajena a los participantes en programas de formación. Siempre y cuando éstos fueran financiados por entidades públicas o privadas, no tuvieran un carácter exclusivamente lectivo e incluyeran prácticas retribuidas con una contraprestación económica.