El Gobierno estima que el ingreso mínimo vital que aprobará este viernes 29 de mayo en Consejo de Ministros Extraordinario llegará a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Además, el Ejecutivo calcula que el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer. El objetivo es reducir en un 80% la pobreza extrema en España, según informa Europa Press a partir de fuentes del Gobierno.
El ingreso mínimo vital será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. El objetivo es reducir la tasa de pobreza en España. Para ello, se fijará un umbral para cada tipo de hogar --que dependerá del número de miembros, y con un complemento adicional para las familias monoparentales--. Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, el ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar. Las cuantías de la prestación oscilarán entre unos 460 euros al mes en 12 pagas --el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo--y 1.000 euros al mes en 12 pagas, algo menos que el salario mínimo interprofesional.
Para acceder a la prestación, se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular. Si bien, se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.
Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un "test de riqueza", algo "bastante poco común" en España, pero sí "habitual" en otros países, según precisan las mismas fuentes. Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual. Con ello, se asegura el acceso a personas "realmente vulnerables" y no sólo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez pero, por ejemplo, con "un considerable patrimonio inmobiliario".
Asimismo, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años. También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que hayan abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
Por otro lado, el ingreso mínimo vital será compatible con las rentas mínimas de las CCAA, de forma que fijará un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos y las CCAA podrán complementar estos ingresos, en la forma en que ellas lo consideren oportuno.
Mejora de la inclusión e incentivos al empleo
El ingreso mínimo se podrá solicitar desde el 15 de junio y 100.000 hogares lo recibirán sin necesidad de pedirlo
La prestación estará ligada a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión, con la filosofía de "facilitar la transición de los individuos desde la exclusión hacia la participación plena en la sociedad y en la economía". Estas medidas, establecidas por las comunidades autónomas y entes locales en el ámbito de sus competencias, estarán vinculadas a la participación en el mercado de trabajo y también al acceso a la formación y serán específicas a las características de cada beneficiario.
Además, incorporará incentivos al empleo, de tal forma que las personas que se beneficien del ingreso mínimo vital no se vean penalizadas en términos de la prestación al acceder a oportunidades laborales. Las mismas fuentes precisan que están trabajando en la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos y con ayuda de las entidades del tercer sector.
Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
El Gobierno estima que el ingreso mínimo vital que aprobará este viernes 29 de mayo en Consejo de Ministros Extraordinario llegará a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Además, el Ejecutivo calcula que el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer. El objetivo es reducir en un 80% la pobreza extrema en España, según informa Europa Press a partir de fuentes del Gobierno.