La nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado 19 de octubre, obliga a las empresas adjudicatarias de concursos públicos a cumplir las condiciones salariales establecidas en los convenios sectoriales. La norma no entrará en vigor hasta el mes de marzo, pero supone una victoria para los miles de vigilantes privados que llevan años denunciando los sueldos mínimos pagados por las firmas low cost del sector gracias a unos convenios de empresa que han anulado en repetidas ocasiones los tribunales.
Hace sólo una semana, el Ministerio de Empleo firmaba con los de Fomento e Interior, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO un acuerdo que, entre otras medidas, garantiza como referencia el convenio del sector para fijar los costes laborales de los contratos de seguridad privada en las instalaciones dependientes del departamento dirigido por Íñigo de la Serna. El documento fue fruto del grupo de trabajo creado tras la huelga de los vigilantes del aeropuerto de El Prat (Barcelona) en agosto, que dejó al descubierto las condiciones laborales en estas subcontratas.
Además, en los dos últimos años la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado cuatro convenios la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado cuatro conveniosde las dos principales empresas low cost de la seguridad privada: Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. En el caso de la primera, además, lo hizo a instancias del propio Ministerio de Empleo, que denunció que el convenio de 2016 había sido negociado de forma ilegal. Esa misma empresa ha perdido un megacontrato de 16 millones de euros adjudicado en diciembre de 2016 por Defensa, después de que el ministerio abriera el pasado septiembre el procedimiento para rescindírselo. El retraso en el pago de las nóminas y los incumplimientos que le costaron más de 170 actas de infracción170 actas de infracción fueron los motivos esgrimidos por el departamento de María Dolores de Cospedal para prescindir de los servicios de Marsegur.
En el camino, jalonado de protestas sindicales, algunas administraciones han empezado a introducir cláusulas sociales en sus concursos públicos para evitar que empresas con sueldos mínimos y condiciones laborales precarias consigan contratos presentando las ofertas más bajas. Lo ha hecho el Ayuntamiento madrileño. Y el portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció el pasado día 28 que los pliegos de condiciones de los nuevos contratos incluirán la obligación de que las empresas se sometan al convenio sectorial de seguridad, para garantizar a los vigilantes “un salario digno”.
Además, el pasado junio, el Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el contrato que había firmado con la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Cyrasa Seguridad para que vigilara los edificios de la administración de la Junta y del Servicio de Salud en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. Ambas empresas desoyeron la advertencia del Ejecutivo manchego para que en el plazo de dos días comenzaran a aplicar a 130 vigilantes las condiciones del convenio estatal del sector. La Junta de Castilla-La Mancha también excluyó a Sinergias y Marsegur del concurso para proveer de vigilancia al Hospital Universitario de Ciudad Real.
11 adjudicaciones a Marsegur y Sinergias
Por el contrario, el Ministerio de Empleo permanece ajeno a este cambio de política. Pese a tener entre sus competencias el “impulso de las condiciones laborales”, no predica con el ejemplo en su propia casa. De las 28 licitaciones abiertas desde agosto para dotar de vigilancia privada a sus instalaciones, sólo tres incluyen cláusulas que obliguen a las empresas candidatas a respetar el convenio del sector. Otras 19 ya han sido adjudicadas y de ellas 11 han caído en manos de las dos low cost por excelencia: ocho a Sinergias de Vigilancia y Seguridad y tres a Marsegurlow cost. Seis más están pendientes aún de resolverse.
De hecho, los 11 contratos concedidos por el Ministerio de Empleo son la mitad de los conseguidos por ambas empresas en lo que va de año, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. Es decir, el departamento de Fátima Báñez resulta ser su principal adjudicador. En total, 2,55 millones de euros.
Y no sólo ahora. En 2016 Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, revela la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De esos 22,12 millones de euros, 16 millones correspondían al macrocontrato para vigilar las instalaciones de Defensa antes citado. Si se descuenta ese concurso, la mitad de las adjudicaciones a estas empresas correspondían al Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros.
Sólo Lugo, Huelva y Valencia
Desde el pasado agosto, sólo las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Lugo, Huelva y Valencia incluyeron menciones expresas en los pliegos a las condiciones laborales de los vigilantes. “El contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad, deberá subrogarse en los contratos de los trabajadores adscritos al servicio, respetarles todos los derechos que tuvieren reconocidos en su anterior empresa y mantenerles las condiciones económicas y sociales del citado convenio”, reza la cláusula 19.5 del pliego elaborado por la TGSS de Huelva. De hecho, la mesa de contratación excluyó del procedimiento a Marsegur y a otra empresa, Alcor Seguridad, por incumplir esta condición.
También fueron apartadas Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad del concurso abierto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Valencia, que obliga en los pliegos a los contratistas a cumplir el convenio del sector, “y especialmente los aspectos referidos a los derechos sociales y económicos de los trabajadores”.
Por el contrario, la TGSS en Ciudad Real ha sido la última en adjudicar la vigilancia de sus instalaciones a Marsegur, por un importe de 307.441 euros. Antes hizo lo propio la TGSS de Tenerife, por 263.463 euros. Y el INSS de León, por 211.580 euros más. A Sinergias le han concedido la vigilancia de las TGSS de Cádiz, Castellón, Málaga, Toledo y Sevilla, además del INSS de Tenerife y Toledo. Y la policlínica del Instituto Social de la Marina (ISM) en Madrid.
Mención aparte merece la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), que coordina los cursos de formación para trabajadores y desempleados y está integrada por el ministerio, la patronal y los sindicatos. En los pliegos del concurso por el que adjudica la vigilancia de su sede en Madrid se limita a citar como normas aplicables “el convenio colectivo estatal” o “el convenio propio de la empresa”. La mesa otorgó el contrato a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Lo mismo hizo la TGSS de Málaga, pese a que incluyó en el pliego entre las reglas que debía cumplir el contratista “la evaluación de los costes laborales […] de acuerdo con el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad”.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Empleo no había contestado a las preguntas de infoLibre sobre las directrices del departamento relativas a la contratación de estos servicios.
Huelgas por el impago de nóminas
CCOO, que intentó sin éxito, hasta en cinco ocasiones, reunirse con los responsables de contratación y con el secretario de la Tesorería de la Seguridad Social de Ciudad Real, ya ha convocado una huelga el 1 de enero de 2018huelga el 1 de enero de 2018. La mayoría de los contratos antes citados entran en vigor en esa fecha y su duración es de un año.
Antes, el próximo 12 de diciembre, también han sido convocados a la huelga por CCOO e Intersindical Canaria los trabajadores de Marsegur, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Seguridad Integral Canaria en el archipiélago. Ambos sindicatos firmaron con Seguridad Integral un acuerdo hace sólo un par de semanas por el que dejaban en suspenso los embargos judiciales de las cuentas de la empresa a cambio de que se pagaran las nóminas a la plantilla. Como Seguridad Integral Canaria no ha cumplido –sólo ha abonado las de octubre de un centenar de trabajadores–, CCOO e Intersindical han considerado roto el pacto y han anunciado medidas de protesta.
Porque estas tres empresas no sólo pagan poco sino que, además, pagan tarde o no lo hacen. Los vigilantes del Metro de Madrid –Seguridad Integral Canaria– se han declarado en huelga por los retrasos e impagos de nóminas. La misma empresa tampoco ha pagado los finiquitos de los vigilantes que fueron subrogados por Marsegur cuando ésta consiguió el megacontrato de Defensa o de los que ha cedido en Canarias a otras empresas tras anunciar que abandonaba los servicios de vigilancia porque pierde dinero con ellos. Los trabajadores de limpieza del Grupo Ralons, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, al igual que Seguridad Integral Canaria, irán a la huelga igualmente, en protesta por la falta de abono de sus sueldos. La mayoría son trabajadoras a tiempo parcial con sueldos de 400 euros al mes, denuncia CCOO.
Marsegur, que en septiembre cambió su denominación social para llamarse Novo Segur Seguridad Privada, es una de las empresas, junto a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, ligadas a Miguel Ángel Ramírez. El polémico empresario, donante del PP, indultado por el Gobierno tras ser condenado por el Supremo y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, siempre ha negado cualquier vínculo con las dos low cost. No obstante, tanto Seguridad Integral Canaria, como Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. Además, en Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas. Curiosamente, después de anunciar que prescindía del negocio de la vigilancia, el empresario ha cedido todos sus contratos en esta actividad a Sinergias de Vigilancia. Ramírez aduce que ésta fue la única interesada.
Salario base de 660 euros, seis céntimos de plus
Las condiciones laborales en las tres empresas han estado siempre en el punto de mira de los sindicatos e incluso de la propia patronal del sector, que les acusa de competencia desleal. Ramírez intentó recortar en unos 300 euros al mes los sueldos de Seguridad Integral Canaria, aplicando a la plantilla un descuelgue salarial que anuló el Tribunal Supremo. El tribunal dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa. Miguel Ángel Ramírez debe por este motivo a su plantilla unos cinco millones de euros, que le están reclamando en los juzgados.
El sistema utilizado en Seguridad Integral Canaria es el mismo que sirvió para negociar los convenios de Sinergias y Marsegur anulados por el Supremo y la Audiencia Nacional. Así se garantizaron las empresas convenios “a la carta”, ciertamente poco usuales: con 10 años de duración, de los que cinco son de congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.
Seguridad Integral Canaria intenta salvar la quiebra con una guerra contra el creador de la vigilancia 'low cost'
El de Sinergias fija un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año.
Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.
Aunque los convenios de Marsegur han sido anulados, la empresa ha recurrido al Tribunal Supremo y sigue aplicándolos a sus trabajadores, pese a que la Audiencia Nacional le exigió la ejecución inmediata de la sentencia.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada el pasado 19 de octubre, obliga a las empresas adjudicatarias de concursos públicos a cumplir las condiciones salariales establecidas en los convenios sectoriales. La norma no entrará en vigor hasta el mes de marzo, pero supone una victoria para los miles de vigilantes privados que llevan años denunciando los sueldos mínimos pagados por las firmas low cost del sector gracias a unos convenios de empresa que han anulado en repetidas ocasiones los tribunales.