La Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) contrató hace dos años a Accenture para que la ayudara en la puesta en marcha de un nuevo modelo de lucha contra el fraude en las cotizaciones y el empleo en negro. El trabajo de los nueve consultores contratados le ha costado al erario público 2,72 millones de euros. Pero no ha terminado. La TGSS acaba de convocar de nuevo un concurso, esta vez para “mantener y desarrollar” el modelo que implantó Accenture. Son otros dos años de trabajo, aunque el precio de licitación es ahora mayor, 6,2 millones –el valor del primer contrato fue calculado en cinco millones–, y se aumenta el número de consultores a doce.
El concurso fue publicado el pasado 18 de julio en la Plataforma de Contratación del Estado y el plazo límite para presentar ofertas se cierra el próximo lunes. Por tanto, aún es pronto para saber si Accenture volverá a hacerse cargo de desarrollar su propio sistema pero, en cualquier caso, el adjudicatario deberá ser una gran consultora. Así se desprende de los requisitos incluidos en el pliego de cláusulas administrativas, que restringe la convocatoria a empresas con más de 300 empleados que facturen “al menos el doble del valor estimado del contrato”, es decir, un mínimo de 12,7 millones de euros anuales.
En el primer contrato, el límite era superior: se exigía una facturación que al menos cuadriplicara su importe, más de 20 millones de euros. infoLibre ha preguntado a Accenture por su trabajo para la Seguridad Social durante los dos últimos años y si se presenta al concurso para continuarlo, pero no ha obtenido respuesta por encontrarse sus responsables de vacaciones. Lo mismo ha ocurrido con el Ministerio de Empleo, que tampoco ha respondido a las preguntas de este periódico.
Cuando se adjudicó a Accenture el primer contrato, en mayo de 2014, el Ministerio de Empleo justificó el recurso a una consultora privada en que la Seguridad Social carece de expertos en el manejo de “herramientas de análisis” para detectar “patrones de comportamiento”, tanto de empresas como de trabajadores, que desembocan en fraudes.
Según el pliego de prescripciones técnicas de la convocatoria, los consultores realizan análisis de datos para establecer “nuevos controles” que permitan verificar si la información aportada por empresas y trabajadores es correcta. También emplean análisis de riesgos a partir de la definición de “patrones de comportamiento” en afiliaciones, cotizaciones y recaudación. Así pretende la Seguridad Social conseguir la “detección temprana” de insolvencias que puedan derivar en fraude y de empresas ficticias –sociedades sin actividad que dan de alta a trabajadores durante el tiempo suficiente para tener derecho a una prestación–. O de portales de comercio electrónico que no pagan cuotas. A continuación, la consultora deberá elaborar “un plan de transferencia de conocimientos a los funcionarios”, de manera que se “garanticen las habilidades necesarias para mantener y evolucionar el modelo”.
La labor de los inspectores de Trabajo, no de la TGSS
Sin embargo, los inspectores de Trabajo, que son los encargados de detectar y combatir el fraude laboral, no han notado la labor realizada por Accenture desde 2014. “Nadie nos ha mostrado esas herramientas ni ha habido ningún cambio en la forma de trabajar”, asegura a infoLibre Isabel San José, responsable del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Tampoco ha recibido información alguna la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). “En realidad, ellos deberían preguntarnos a nosotros, que somos quienes tenemos experiencia”, protesta su portavoz, Fermín Yébenes. “Es la Inspección de Trabajo, ni siquiera la Tesorería de la Seguridad Social, la que cuenta con los datos, competencias, personal y experiencia en materia de economía no declarada”, añade. Según recalca, las competencias de la TGSS se ciñen a la recaudación. El portavoz de UPIT lamenta la “falta de coordinación” con la Tesorería y que no se le haya dado “participación” alguna a la Inspección, el organismo especializado en la lucha contra el fraude laboral. “La base de esa detección es estar en la calle”, apunta por su parte Isabel San José, “y no hay nadie que esté más pegado al terreno que nosotros”. “Está de más hacer estas inversiones millonarias, sería mejor que a los inspectores nos dieran más herramientas para desarrollar nuestra labor”, reclama.
Yébenes deja claro que las “habilidades” de los inspectores no han aumentado gracias a los análisis de Accenture. “Lo que necesitamos son herramientas en las visitas que hacemos a las empresas”, explica. El portavoz de UPIT se queja de que los inspectores carecen de protocolos de actuación que les permitan, por ejemplo, hacer inspecciones simultáneas en las empresas de toda un área geográfica o sector. Así se evita que la visita a una empresa ponga en guardia a las del resto de un polígono industrial o de una determinada actividad. “Al día siguiente [de la primera inspección] ya no los sorprendes”, lamenta.
También les gustaría “no ir solos” a las empresas, “cuando en muchos casos el recibimiento no es precisamente cordial”, advierte Isabel San José. Y echa en falta, en las inspecciones planificadas, ayuda en la identificación de focos de economía sumergida y el descubrimiento de las nuevas formas de fraude que van apareciendo.
Además, recuerdan los inspectores de UPIT, la información que puede utilizar la consultora siempre será “limitada": “Los datos que comunican las empresas; es decir, son datos declarados y, paradójicamente, lo que se busca en la lucha contra el fraude son los no declarados”.
Pese a que el primer contrato tenía por objeto poner en marcha ese nuevo modelo mientras el segundo servirá para desarrollarlo y mantenerlo, los pliegos de ambos son prácticamente idénticos. Calcados casi párrafo por párrafo: desde los referidos a la “observación permanente del fraude” mediante las herramientas de análisis antes citadas, hasta las menciones a la “gestión del cambio” en la Seguridad Social, la coordinación con la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y las Haciendas forales o la puesta en marcha de campañas de concienciación social.
Los pliegos también detallan las retribuciones de los consultores, idénticas en ambos contratos. El gerente de la consultoría en la Seguridad Social recibirá un máximo de 325.878 euros brutos por dos años de trabajo –a razón de 86,12 euros la hora–. Los dos responsables de negocio, 238.921 euros cada uno. Y los nueve analistas de datos, 222.007 euros por cada nómina en esos dos años.
Más adjudicaciones
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El pasado día 12 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó otra adjudicación a Accenture: el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones informáticas de la plataforma Lince a cambio de 3,9 millones de euros. Se trata de uno de los cinco lotes en que se divide el macrocontrato de servicios informáticos del Ministerio de Empleo, 33,3 millones de euros repartidos entre la citada consultora, Indra, Babel, Connectis ICT y Axpe.
De mantener la plataforma Lince, un proyecto para adaptar la Inspección de Trabajo a las tecnologías de la información, se lleva encargando Accenture desde 2005.
El Ministerio de Empleo también recurrió a la consultora en 2014 el diseño de un “nuevo modelo estructural y operativo” para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), un trabajo de tres meses por el que cobró 43.073 euros.
La Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) contrató hace dos años a Accenture para que la ayudara en la puesta en marcha de un nuevo modelo de lucha contra el fraude en las cotizaciones y el empleo en negro. El trabajo de los nueve consultores contratados le ha costado al erario público 2,72 millones de euros. Pero no ha terminado. La TGSS acaba de convocar de nuevo un concurso, esta vez para “mantener y desarrollar” el modelo que implantó Accenture. Son otros dos años de trabajo, aunque el precio de licitación es ahora mayor, 6,2 millones –el valor del primer contrato fue calculado en cinco millones–, y se aumenta el número de consultores a doce.