La Inspección descubre seis veces más trabajadores sin alta en la Seguridad Social que defraudadores del paro

El Ministerio de Empleo ha hecho de la lucha contra la economía irregular y el fraude a la Seguridad Social uno de sus caballos de batalla, de gestión y propagandísticos. Tras la reforma laboral, la búsqueda y captura de parados que cobren al mismo tiempo la prestación por desempleo ha sido la principal seña de identidad de su política desde 2012. La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), en cambio, considera un error “estigmatizar y criminalizar” a los desempleados –y a los extranjeros sin permiso de trabajo– justo cuando la tasa de protección es la más baja de la crisis: casi el 70% de los parados no percibe prestación alguna. Es más, los inspectores acusan al ministerio de obviar que “el principal fraude” se produce hoy en otros ámbitos. En concreto, en las horas extra ilegales, los excesos de jornada que no se cotizan y en el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial.

Para probarlo, la UPIT ha elaborado su propio estudio sobre la actividad de la Inspección de Trabajo en 2013 a partir de los datos oficiales del Ministerio de Empleo. De los 1,24 millones de actuaciones realizadas ese año, casi el 58% correspondieron al apartado de Seguridad Social y economía irregular. Como resultado de esas inspecciones y controles, se afloraron 79.484 empleos, de los cuales sólo 11.689 corresponden a trabajadores que cobraban indebidamente la prestación de desempleo. Hace un año, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, llegó a decir que, entre enero de 2012 y junio de 2013, se habían descubierto 520.000 personas que cobraban de manera fraudulenta el seguro de desempleo, lo que equivalía a un ahorro de 3.160 millones de euros. 

El informe de UPIT ha medido la eficacia de la Inspección de Trabajo en esta materia –medida como la relación entre el número de incumplimientos descubiertos y el total de actuaciones– y calcula que es sólo del 9,13%. Únicamente el 5,77% de las actuaciones en economía irregular terminan en procedimientos sancionadores.

“El actual Gobierno quiere convencernos de que es más eficaz en la lucha contra la economía irregular, como principal materia de la que debe ocuparse la Inspección, mientras que desdeña el resto, especialmente las condiciones de trabajo, sin que los datos lo respalden”, critica el informe.

Los inspectores progresistas destacan así que, por cada 100 inspecciones, en 2013 detectaron sólo 2,32 trabajadores que cobraban la prestación de paro al mismo tiempo. Mientras que el número de trabajadores a quienes el empresario no había dado de alta en la Seguridad Social se elevó a 13,67, casi seis veces más. Abundando en el dato, el estudio destaca que, pese a aumentar un 76,45% la cifra de inspecciones, la de infracciones por este motivo sólo creció un 23,67% desde 2012 –de 9.452 a 11.689–. Esos defraudadores equivalen únicamente al 0,4% de la media anual de beneficiarios de prestaciones. Y la cuantía indebidamente cobrada y recuperada supone apenas el 2,8% de los 1.037 millones de euros recaudados gracias a las actuaciones de la Inspección de Trabajo en todo el año.

En comparación, el apartado por el que la Inspección recauda más son los llamados “expedientes de derivación de responsabilidad”, 450,87 millones de euros, el 43% de las cantidades desviadas por unos empresarios a otros o a los administradores en casos de concurso de acreedores.

Nuevas formas de fraude

El informe de la UPIT denuncia que, pese a que “las condiciones laborales se han degradado hasta límites que hace años serían impensables”, la Inspección de Trabajo sólo dedicó 137.154 de sus 1,24 millones de actuaciones en 2013 –el 11%– a vigilar impagos de salarios, el uso fraudulento de los contratos temporales o los abusos en materia de jornada y horas extraordinarias. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con la lucha contra la economía irregular, los niveles de eficacia de los inspectores en este apartado son mucho mayores, asegura la UPIT.

Así, aunque sólo firmaron 14.097 actuaciones para comprobar el tiempo de trabajo de los asalariados, un exiguo 1,13%, su nivel de eficacia roza el 40%. En la detección de contratos de trabajo fraudulentos su eficacia es del 31%, y del 39,16% en incumplimientos relacionados con horas extraordinarias. En impagos de salarios y finiquitos, el 25,34%.

A juicio de estos inspectores, la proliferación de contratos a tiempo parcial que enmascaran jornadas de ocho horas –o incluso más– se ha convertido en un nuevo tipo de fraude, nacido al amparo de la reforma laboral de 2012 y sus posteriores modificaciones, sobre la que debería poner mucho más empeño el Ministerio de Empleo. Se está consumando, advierten, “un desplazamiento de la economía sumergida” hacia estas formas de abuso “cada vez más recurrentes”. De hecho, el número de trabajadores rescatados por la Inspección de irregularidades laborales relacionadas con sus salarios, contratos o jornadas fue en 2013 de 146.352rescatados, bastantes más que los salvados por actuaciones contra el fraude a la Seguridad Social: 105.229.

Desciende en 14.688 el número de personas registradas en demanda de empleo

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Encuesta del Ministerio de Empleo

Para apoyar sus tesis, la UPIT incluye en el informe los resultados de una encuesta que el propio Ministerio de Empleo hizo a los inspectores de trabajo en 2013. Preguntados sobre cuáles consideran los 10 incumplimientos laborales de mayor trascendencia social, el cobro indebido de prestaciones de desempleo sólo aparece en el octavo lugar de la lista. Por el contrario, sitúan como el principal problema “el impago o retraso en el pago de salarios o el pago en cuantía inferior al mínimo legal establecido”. En segundo y tercer lugar, la falta de alta y el impago de cotizaciones a la Seguridad Social. El contrato temporal a tiempo parcial extendido a jornada completa es la cuarta infracción más grave a juicio de los inspectores.

“Cuanto más flexibles sean las normas laborales, más necesario será el control por parte de la Inspección de Trabajo, para así evitar situaciones de fraude y desprotección de la parte más débil de la relación entre empleador y empleado”, zanja el informe.