La lucha de los 75 trabajadores del antiguo centro logístico de la multinacional UPS en Vallecas (Madrid) por mantener sus empleos se ha recrudecido después de que el pasado viernes la empresa que lo adquirió por un euro, Integración Logística Complementaria (ILC), les anunció por burofax una rebaja salarial de hasta el 62%, resultado de aplicarles el convenio estatal de mensajería y de abandonar el de empresa que los protegía hasta ahora.
ILC, propiedad del empresario navarro Fermín Elizalde Urmeneta y dedicada a la limpieza de interiores, compró el centro de UPS en el barrio madrileño hace un año. Terrenos, un inmueble de 3.500 metros cuadrados valorado en 1,5 millones, vehículos, contratos de suministro, licencias necesarias para la actividad y la plantilla, todo por un euro. El Juzgado de lo Social número 30 anuló la operación por fraudulenta, no sin acusar a la firma navarra y a la multinacional estadounidense de “tráfico ilícito de mano de obra”, “temeridad y mala fe”. No obstante, tanto ILC como UPS recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el juzgado se negó a ejecutar la sentencia mientras no haya sentencia firme.
En ese contrato de compraventa se prohíbe a ILC a ejecutar despidos colectivos durante 18 meses. Hasta el próximo mes de enero. La firma navarra, entretanto, ha puesto en marcha ya dos ERE sucesivos de suspensión de contratos. El último acaba, precisamente, el 30 de enero. Para entonces, los trabajadores de Vallecas se ven definitivamente en la calle.
Abaratar los despidos
De momento, sólo 14 de los 75 empleados siguen trabajando en las instalaciones de la calle Gamonal. El resto acude casi cada día a protestar ante las puertas de la empresa vallecana. No han cobrado aún la prestación por desempleo de este segundo ERE. Algunos tienen aún pendientes cantidades del primero. Según explican, la intención de ILC con el descuelgue salarial recién anunciado es clara: reducir su base reguladora a la mitad para bajar aún más las cantidades con las que les despedirán dentro de seis meses.
El pasado martes comité y empresa celebraron su primera reunión –la reforma laboral establece un periodo de consultas para modificar las condiciones de trabajo de 15 días–, en la que los trabajadores no reconocieron a ILC como su empleadora. “Somos UPS”, recalcan a infoLibre. Reiteraron que la venta fue fraudulenta y acusaron a la multinacional de estar detrás de la “asfixia” a la que están sometiendo a la plantilla.
Comité, empresa y Policía Nacional
ILC, que no ha contestado a los requerimientos de información de este periódico, aduce “razones económicas y productivas” para la rebaja salarial y asegura que su objetivo es “facilitar la viabilidad de la empresa”, no liquidarla como le reprochan los trabajadores. Según el comité, el propietario de ILC, Fermín Elizalde Urmeneta, no es más que un “liquidador de empresas”. En el registro mercantil aparece como administrador único de cerca de 60 sociedades.
La plantilla también denuncia que esa primera reunión se celebró con la presencia de la Policía Nacional, que fue reclamada por la empresa. Finalmente, a petición del comité, los agentes abandonaron la sala, pero no las instalaciones, explican los trabajadores.
En Vallecas los sueldos oscilan entre los 1.200 euros mensuales de un mozo o un administrativo hasta los 2.300 de un conductor. La mayoría de ellos quedará reducida a la mitad si se les aplica el convenio estatal de mensajería. Un problema añadido es que la renovación de ese convenio se encuentra bloqueada desde 2008, por lo que hay muchas probabilidades de que decaiga el próximo 8 de julio. Es en esa fecha cuando caducará el año en que la reforma laboral ha limitado el principio de ultraactividad –la prórroga automática de los convenios mientras se renegocian–. En ese supuesto, la única regulación laboral a la que podrán acogerse los trabajadores de Vallecas será el Estatuto de los Trabajadores y la empresa podría, incluso, imponer el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 645,30 euros al mes, como única referencia.
Contra una plantilla de trabajadores fijos y con antigüedad
El TSJ condena a UPS por tráfico de mano de obra al vender su centro de Vallecas
La sentencia del Juzgado de lo Social número 30 consideró en su día la venta del centro de logística vallecano como el culmen de “una estrategia iniciada en 2001 para cerrarlo y prescindir del peronal de UPS”. La multinacional entró en España comprando en 1991 Transportes Cualladó. La plantilla de la calle Gamonal ha terminado siendo la única de UPS en España con contratos fijos y antigüedades que rozan los 30 años. En el resto de sus centros de trabajo, la empresa ha optado por emplear autónomos o subcontratas. En 2001, abrió unas nuevas instalaciones en Coslada, a las que desvió la carga de trabajo de Vallecas. Su intención, nunca ocultada, era cerrar el centro original de Cualladó.
Según la sentencia, ILC sólo tiene como clientela la que le ha suministrado UPS. Los transportes que realiza, considera probado el juez, se limitan al “tráfico hasta y desde Coslada”. El comité de empresa explica que en los buenos tiempos Vallecas manipulaba hasta 15.000 paquetes; ahora no supera los 200 diarios.
Después de sobrevivir a tres ERE de extinción, que fueron rechazados por las autoridades laborales; al intento de despido de 18 de ellos, declarados improcedentes por el juez; con 14 demandas contra UPS en los tribunales y tras meses en el paro sin cobrar la prestación y una venta con fraude, los trabajadores no dudan en hablar de "ensañamiento". Dicen que la rebaja salarial se hará sin el acuerdo de la plantilla –la reforma laboral así lo permite– y que ya sólo les queda acudir a la Defensora del Pueblo, a la espera de que los tribunales les sigan dando la razón.
La lucha de los 75 trabajadores del antiguo centro logístico de la multinacional UPS en Vallecas (Madrid) por mantener sus empleos se ha recrudecido después de que el pasado viernes la empresa que lo adquirió por un euro, Integración Logística Complementaria (ILC), les anunció por burofax una rebaja salarial de hasta el 62%, resultado de aplicarles el convenio estatal de mensajería y de abandonar el de empresa que los protegía hasta ahora.