Un empresario dedicado a impartir cursos de formación a trabajadores ha puesto a la venta un censo de 15 certificados de profesionalidad por vía telemática y 50 acuerdos que firmó con academias para dar clases presenciales. Los ha ofrecido en un envío múltiple de correos electrónicos, en los que pide 50.000 euros por todo el paquete. Según explica el Ministerio de Trabajo a preguntas de infoLibre, vender esas acreditaciones que concede el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) es ilegal e incluso puede tratarse de una “estafa”.
De hecho, la CEOE ya lo ha comunicado tanto al SEPE como a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), aunque ambas instituciones dicen no haber recibidio una denuncia formal. “La noticia de los correos nos ha llegado a través de algún centro de formación que lo ha recibido, incluso se envió al propio centro de formación de la CEOE”, asegura Manuel San Juan, vocal de los empresarios en el patronato de la Fundae, que gestiona la formación para el empleo y donde están representados tanto la Administración como la patronal y los principales sindicatos.
San Juan deja claro que esas acreditaciones no se pueden vender y explica que, como apreció “connotaciones dudosas” en la “anómala” oferta, la puso en conocimiento del SEPE y la Fundae para que la investiguen. “Aunque fuera legal, sería cuestionable”, resume. El vocal de la CEOE destaca que ahora es “un buen momento” para vender esas acreditaciones puesto que acaba de abrirse el periodo de solicitud de subvenciones públicas para la convocatoria de 2018.
Los certificados de profesionalidad son acreditaciones oficiales, expedidas por el SEPE, que garantizan la posesión de unas competencias profesionales, un perfil o capacitación de las 26 familias que componen el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Esas competencias pueden adquirirse mediante formación o mediante la experiencia laboral. En el primer caso, sólo la pueden impartir centros privados convenientemente registrados en el SEPE –además de centros de formación profesional, centros públicos o las empresas–. Para que una academia o centro de formación privada dé estos cursos debe acreditar ante el SEPE que cumple con un determinado número de requisitos. Así, tiene que poseer un proyecto formativo con una planificación didáctica, una metodología y tutorías, así como disponer de instalaciones, formadores acreditados y una plataforma informática a la que se conecten los alumnos si la enseñanza es en modalidad de teleformación –las clases pueden ser también presenciales–.
Una vez que el SEPE ha verificado el cumplimiento de estas condiciones, concede las acreditaciones y revisa cada año si la empresa las sigue satisfaciendo o no. Puede ocurrir que quien compre las acreditaciones que esta empresa ha puesto a la venta no cumpla sin embargo los requisitos gracias a los cuales fue expedida para ella. El SEPE es el encargado del “seguimiento y control de las acciones formativas” que ejecutan estas empresas, explica a este periódico la Fundae.
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“Una gran oportunidad”
En los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, Rafael Galobart, que se presenta como socio director de la consultora Necesitas Formación SL, cita su número de registro en el SEPE como centro de teleformación y adjunta un enlace al registro oficial donde aparecen los 15 certificados de profesionalidad que tiene acreditados: administrativo, mantenimiento de jardines, auxiliar de almacén y de comercio, vendedor, camarero de piso, camareros y cocineros, profesor de Formación Profesional y atención a dependientes. También dice contar con “más de 50 acuerdos (la mayoría en la zona centro)” para dar clases presenciales en toda España. “Se presenta una gran oportunidad, ya que se pueden abrir/aumentar diferentes líneas de negocio: contratos de formación y aprendizaje, impartir formación a través de iniciativa privada o formación programada [en empresas] y subvenciones públicas, para desempleados y trabajadores”, invita.
A continuación, el empresario explica que por “cese de actividad” ofrece esos censos por 50.000 euros. Manuel San Juan apunta que Galobart puede vender la sociedad o las acciones, pero no las acreditaciones oficiales. “Puedo vender todo lo que tengo en la empresa”, responde su dueño a este periódico. Cuando se le pregunta si lo ha conseguido, dice que aún está “en ello” y que le parece “absurdo” que no se le permita hacerlo.
Un empresario dedicado a impartir cursos de formación a trabajadores ha puesto a la venta un censo de 15 certificados de profesionalidad por vía telemática y 50 acuerdos que firmó con academias para dar clases presenciales. Los ha ofrecido en un envío múltiple de correos electrónicos, en los que pide 50.000 euros por todo el paquete. Según explica el Ministerio de Trabajo a preguntas de infoLibre, vender esas acreditaciones que concede el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) es ilegal e incluso puede tratarse de una “estafa”.