El Gobierno cambió el sistema de formación profesional para el empleo en una reforma que presentó como urgente en 2015 y que ha arrancado con retraso –el decreto que la desarrolla no se aprobó hasta el pasado mes de julio– y con todo tipo de problemas: la Audiencia Nacional anuló la convocatoria de subvenciones de 2014 y tiene pendiente pronunciarse sobre la de 2016, tras ser denunciadas ambas por la patronal y los sindicatos, además de que un juzgado de lo Contencioso acaba de anular parte de esta última.
El Ministerio de Empleo ha publicitado como uno de los cambios más importantes de la reforma la “apertura de la gestión de los fondos” para financiar los cursos de formación a la “concurrencia competitiva”. Sindicatos y patronal dejaban de ser “juez y parte” en el reparto del dinero. Y las empresas de formación pasaban a impartir directamente los cursos, tras competir entre ellas por las subvenciones, en lugar de ser subcontratadas por los agentes sociales como antes.
El pasado mes de mayo se aprobó la lista provisional de adjudicatarios de las ayudas y aún no se ha cerrado el procedimiento. Pero desde entonces un buen número de empresas han renunciado a las subvenciones que les fueron concedidas. Según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre, a fecha del pasado día 15 de noviembre han devuelto o renunciado a un total de 9,71 millones de euros en subvenciones. De los 402 planes de formación con propuesta de aprobación, 28 han quedado en el cajón. El plan de 2016 ascendía a un total de 250 millones de euros, pero sólo se han aprobado 198,6 millones. Es decir, más de 52 millones de euros han terminado en el limbo. Fuentes de la CEOE, además, calculan que al final del procedimiento el importe de los desestimientos puede dejar pequeños los 9,7 millones de euros actuales y superar los 20 millones.
El pasado octubre, el sindicato CCOO ya avanzó que el 26% de los sectores productivos se habían quedado sin cursos de formación en la convocatoria de 2016 porque no habían concurrido empresas de formación interesadas en impartirlos. CCOO advertía igualmente de que el 48% de los sectores han perdido casi 50 millones de euros que no se pudieron adjudicar por falta de solicitudes.
Riesgo de perder dinero
“Somos empresas que tienen una actividad económica pero nos han puesto bajo el paraguas de las subvenciones, el sistema que funcionaba para los agentes sociales, aunque para nosotros no tiene sentido”, lamenta María Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, consejera delegada de Adams, una de las grandes consultoras de formación. Las subvenciones impiden a los adjudicatarios obtener un beneficio económico: tienen que justificar hasta el último céntimo que reciben. El 90% del dinero debe ser destinado a sufragar los costes directos –profesores, instalaciones, material–. El problema, explican las empresas con las que ha hablado este periódico, es que el 10% reservado a costes indirectos es insuficiente. Antes era el 20%. Los costes “comerciales” –de captación de alumnos, por ejemplo–, que son “imprescindibles”, subraya María Jesús Pérez, pueden llegar a suponer “un 20% o 30%” de la cuantía percibida y quedan excluidos de esa partida mínima de costes indirectos. De manera que corren a cargo de la propia empresa, que asume así un “riesgo tremendo”. No es que no ganen dinero, sino que incluso temen perderlo aceptando la subvención. “Gastando tanto dinero en la captación de alumnos se pone en riesgo la calidad de la ejecución y nosotros nos ponemos en riesgo económico de sufrir pérdidas importantes”, advierte el responsable de otra empresa que ha renunciado a la convocatoria y pide el anonimato.
Además, el sistema de penalizaciones aplicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), responsable de la concesión de las ayudas, resulta “muy agresivo” e incluso “irracional”, protestan las empresas de formación. Los incumplimientos les suponen minoraciones “altísimas” en la cuantía de la subvención percibida. “Aunque haya ejecutado ya el 80% del plan, y por tanto habiendo invertido muchísimo dinero, puedo tener que devolver la ayuda íntegra”, destacan. Ya sea porque no han cumplido los porcentajes establecidos de participantes pertenecientes a colectivos prioritarios –mujeres, mayores de 45 años, parados de larga duración…– o porque no han conseguido alumnos en todas las comunidades autónomas, por ejemplo.
Las empresas recalcan mucho la importancia de la labor de captación de alumnos que deben hacer. “La tasa de abandonos es tan alta que debemos calcular siempre un 20% más de los alumnos previstos para cumplir con el 100%”, explica la responsable de Adams. Además, el SEPE ha prescindido de los desempleados como participantes en los cursos, pese a que la convocatoria establece que puedan incluirse hasta un 30% de parados. “Diseñamos los planes contando con ese 30%, al desaparecer nos los han descabalado, lo que puede suponer que incurramos en desviaciones [de los objetivos] o incumplamos el principio de territorialidad”, apunta María Jesús Pérez, “y eso nos puede obligar a devolver toda la subvención”.
“Todos somos sospechosos”
Todas las empresas consultadas coinciden en que el SEPE los trata como a “sospechosos”. Y culpan a los “abusos anteriores” que sindicatos, patronal y algunas empresas infligieron al sistema de formación de que Empleo haya optado por unos “criterios tan puramente intervencionistas”. La CEOE habla de criterios “intransigentes e inflexibles”. “Las bases son imposibles de cumplir”, sentencian las empresas.
Otra de las quejas repetidas se refiere al pago de la subvención. El abono anticipado tiene un límite máximo del 25% del importe concedido. Una vez empiezan los cursos, se les paga un 35% adicional. El último plazo, el 40% final, sólo se hará efectivo al acabar los cursos y tras justificar la actividad, sin más precisión. El retraso en el ingreso de la subvención provoca “tensiones de tesorería por valor de ese 40%”, advierten las empresas de formación, que se ven “en la práctica, financiando a la Administración”. Los costes financieros tampoco pueden incluirlos en la justificación de las subvenciones.
Como ejemplo de la “inseguridad” que supone participar en la convocatoria con la actual regulación, las empresas recuerdan que este mes el SEPE ha empezado a pagar el primer plazo de las subvenciones de la convocatoria de 2014, aprobadas en marzo de 2016. “Es decir, un año y ocho meses después”, destacan, “y eso, naturalmente, nos parte por la mitad”.
El resultado es que una de las empresas con las que este periódico ha hablado, y que se presentó en un programa agrupado junto con otras 14 más, sólo va a ejecutar uno de los cinco planes inicialmente adjudicados, “el más seguro”. También que no sólo empresas especializadas sino también patronales y sindicatos que se habían presentado a la convocatoria han desistido de impartir cursos. Es lo que ha ocurrido con el Instituto Superior de Estudios Empresariales, el centro de formación de la CEOE, al que se le concedieron dos subvenciones por un importe total de 2,58 millones de euros. Y con Confemetal, la patronal del sector del metal, que ha renunciado a parte de los 1,28 millones de euros que le fueron adjudicados en cuatro subvenciones.
“Esta convocatoria ha sido un suplicio”, señala la responsable de una de las empresas consultadas. “Un drama”, abundan las fuentes de la CEOE. Por eso piden que se cambien las subvenciones por “módulos económicos”, sugiere María Jesús Pérez, o por concursos públicos o por el cheque de formación, que permite altrabajador canjearlo por la formación que desee. “No tiene sentido que las empresas de formación seamos las beneficiarias del sistema”, añade, “deben serlo los alumnos”. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, Empleo eliminó los incentivos para el uso del cheque de formación, presionado por las comunidades autónomas. Tampoco cuenta con el apoyo de los sindicatos.
Cambio en la dirección del SEPE
El Ministerio de Empleo quita hierro al problema reduciéndolo a “quejas por motivos burocráticos”. “Todos los años se producen renuncias y desestimientos”, responde a infoLibre. “En esta ocasión ha podido influir la coincidencia con convocatorias autonómicas”, apunta un portavoz del departamento dirigido por Fátima Báñez.
Empleo cede ante sindicatos y patronal y les devuelve parte del control sobre la formación
Pese a que el ministerio no reconoce oficialmente el problema, las empresas de formación aseguran que le han puesto encima de la mesa todo el catálogo de dificultades que les supone la normativa, y que están dialogando para encontrar nuevas fórmulas. El relevo en la dirección del SEPE el pasado enero, cuando Julio Martínez Meroño sustituyó a Reyes Zatarain, ha supuesto un cambio de actitud considerable, coinciden todas las fuentes interpeladas. “Ahora hay buena disposición, con la anterior dirección era imposible”, resaltan. Aunque una de las empresas matiza que los cambios incluidos en el borrador de la convocatoria de 2017 son “mínimos”, por lo que sólo participarán después de estudiar detenidamente los requisitos y comprobar cuáles van a ser las penalizaciones.
En estos momentos, los agentes sociales negocian con Empleo las condiciones de la convocatoria de formación en competencias digitales, presupuestada en 60 millones de euros, que la ministra anunció hace sólo tres semanas. CEOE alaba el cambio de comportamiento que ha advertido en el SEPE en esta mesa. “Pedimos más libertad en la ejecución”, resume una de las empresas. “Flexibilización de los criterios”, insiste la CEOE, algo indispensable para que sobreviva un sector que, según dice, “está agonizando”. Menos interés en la “auditoría y el control, en perseguir a los alumnos” y más valorar la calidad de las empresas y la ejecución”, propone otra consultora.
El ministerio sólo responde que ya se han pactado mejoras para próximas convocatorias y que, en cualquier caso, “el sistema está en permanente revisión y mejora técnica en el marco del diálogo con el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) [encargada de coordinar la ejecución de los planes de formación] y en las mesas de negociación con los agentes sociales”.
El Gobierno cambió el sistema de formación profesional para el empleo en una reforma que presentó como urgente en 2015 y que ha arrancado con retraso –el decreto que la desarrolla no se aprobó hasta el pasado mes de julio– y con todo tipo de problemas: la Audiencia Nacional anuló la convocatoria de subvenciones de 2014 y tiene pendiente pronunciarse sobre la de 2016, tras ser denunciadas ambas por la patronal y los sindicatos, además de que un juzgado de lo Contencioso acaba de anular parte de esta última.