Uno de los objetivos declarados de la reforma laboral de 2012 era estimular la firma de convenios de empresa. Por eso se concedió prioridad de aplicación en materias fundamentales –salarios, horario, horas extra, clasificación profesional, contratación– a lo que se negocie en estos convenios frente a las condiciones establecidas en los convenios sectoriales. A tenor de las estadísticas, el Gobierno lo ha conseguido: el número de nuevos convenios de empresa se ha disparado en los dos últimos años: hasta octubre, se han firmado 343, frente a sólo ocho de sector. Antes de la reforma, asegura CCOO en su último informe sobre negociación colectiva, el número de convenios de empresa anuales no superaba los 250.
Pero lo que para el Ejecutivo es un incentivo a la “gestión flexible” de las condiciones de trabajo, al negociarlas “en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas y de sus trabajadores” –así dice la ley 3/2012–, para los sindicatos se ha convertido en una fuente de “prácticas fraudulentas y abusivas”. Además de en un nuevo mecanismo de dumping, o competencia desleal, entre empresas.
Pese a su gran número, estos convenios cubren a sólo 29.901 trabajadores, frente a los 73.796 asalariados protegidos por los ocho convenios de sector firmados en lo que va de año. La razón estriba en que la mayoría de ellos se negocian en empresas pequeñas, explica CCOO, incluso en algunas de menos de 10 trabajadores. En estos casos pero también en compañías más grandes se recurre a una práctica que la Audiencia Nacional ha condenado en sentencias reiteradas –más de una decena en los dos últimos años–. La dirección pacta el convenio sólo con un delegado sindical o con el comité de un centro de trabajo y luego lo extiende al resto de ellos. El sindicato asegura que a veces se negocia donde no existe representación legal de los trabajadores, creando comisiones ad hoc pese a que la ley no lo permite para este fin –sólo para despidos colectivos, descuelgues, traslados…–.
Por ejemplo, el Grupo Constant negoció sólo con el comité de Barcelona, y no con los representantes de sus nueve centros de trabajo repartidos por toda España –337 empleados–. Kidsco Balance se sentó únicamente con su comité de Madrid y una delegada de Murcia, pese a que cuenta con 28 centros de trabajo. Alliance Outsourcing firmó su propio convenio tras hablar sólo con su delegada de Madrid. En todos estos casos, la Audiencia Nacional anuló los convenios de empresa e incluso en el segundo obligó a aplicar a los trabajadores el convenio del sector.
Cualquier tipo de servicio imaginable
Una característica común a estas empresas es que son multiservicios, prestan todo tipo de servicios a otras empresas o a las administraciones. Originalmente, ofrecían mantenimiento, limpieza, asesoría administrativa o informática… Pero en los últimos años su actividad se ha extendido a todos los campos imaginables o incluso más allá. Y con la reforma laboral, además, han descubierto las ventajas competitivas de negociar sus propios convenios de empresa. “La desregulación que sufre este sector la suplíamos antes con los convenios sectoriales”, se lamenta Encarni Bonilla, responsable de Política Sectorial de la Federación de Servicios de CCOO. Ahora, tras la reforma laboral, ya hay 150 empresas multiservicios con sus propios convenios, entre las divisiones que han creado grandes compañías –ETT como Adecco y Randstad, multinacionales de infraestructuras como Acciona, firmas de seguridad como Seguriber o Securitas–y otras más pequeñas.
Ya no se dedican sólo a ofrecer jardineros o limpiadoras a otras empresas. El catálogo de personal es tan amplio y exhaustivo que, en el convenio de Randstad Project Services, por ejemplo, firmado el pasado mes de marzo, ocupa cuatro páginas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ofrece un total de 51 actividades: bomberos en montes, bosques, fincas, viviendas e industrias; asistencia sanitaria y gestión de residencias o centros de rehabilitación; manipulación, elaboración y condimentación de comidas para catering; servicios relacionados con la peletería y confección de prendas de vestir; servicios relacionados con la enseñanza, mediante profesores debidamente titulados; transporte de viajeros y mercancías por carretera con cualquier vehículo y carga; estiba y desestiba; mediciones de temperatura y humedad en viales; atraque y amarre de embarcaciones.
“Invaden cualquier sector”, resume Encarni Bonilla. ¿Qué convenio se le aplica a un bombero, a un profesor o a un estibador portuario que trabajan para la misma empresa? CCOO remitió una consulta al Ministerio de Empleo, y su contestación fue clara: debe aplicarse a cada trabajador el convenio de su sector y, sólo si éste no existe, el convenio de la empresa multiservicios. Algunos de estos convenios, pero son los menos, incluyen una cláusula que limita su ámbito al personal de estructura. El operativo –los trabajadores prestados a terceros– depende del convenio que rija su actividad y que establece sueldos más altos y mejores condiciones laborales.
Compiten en salarios
Los salarios perderían hasta 1,3 puntos de poder adquisitivo con las subidas propuestas por la CEOE
Porque es en los salarios donde estas empresas compiten. Como queda dicho, algunas son filiales de grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT) pero, curiosamente, sus salarios son inferiores. Paradigma del empleo precario, la ley obliga a las ETT, sin embargo, a pagar a cada uno de los trabajadores que ponen a disposición de otras empresas el mismo sueldo que cobran los empleados de éstas de la misma categoría. Los ofrecidos por las divisiones multiservicios de esas mismas compañías, por el contrario, tienen retribuciones que apenas mejoran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 645,30 euros al mes.
“Sus convenios incluyen tablas salariales muy básicas, con muy pocos grupos y sueldos base pegados al SMI”, explica la dirigente de CCOO. El convenio de Randstad Project Services establece salarios de entre 6.857,33 hasta 8.552,04 euros anuales para el personal operativo. Es decir, el 80% de la plantilla de las empresas cobra estas cantidades de sueldo base. Entre ellos trabajadores a los que se exige el título de doctor, licenciado o ingeniero. CCOO lamenta que estos sueldos “pasen el filtro” del Ministerio de Empleo. “La empresas aducen que, con los complementos, el sueldo final supera el SMI”, apunta Encarni Bonilla. Lo que no evita discriminaciones como las sufridas por las camareras de piso, añade la responsable sindical, una de las “externalizaciones” a las que se han abonado las cadenas hoteleras en los últimos tiempos: “En un mismo hotel hay camareras cobrando el SMI y otras, hasta cuatro veces más, haciendo el mismo trabajo”.
Es precisamente en esa brecha salarial donde las empresas multiservicios basan su modelo de negocio. “Compiten en costes laborales con las empresas de los sectores que invaden invadeny con esa ventaja competitiva pueden presentar ofertas más bajas en los concursos de las administraciones públicas”, explica Bonilla. “Eso es dumping empresarial”, concede. O competencia desleal, pero consagrada en el propio convenio colectivo, un instrumento legal, registrado en el Ministerio de Empleo y publicado en el BOE.
Uno de los objetivos declarados de la reforma laboral de 2012 era estimular la firma de convenios de empresa. Por eso se concedió prioridad de aplicación en materias fundamentales –salarios, horario, horas extra, clasificación profesional, contratación– a lo que se negocie en estos convenios frente a las condiciones establecidas en los convenios sectoriales. A tenor de las estadísticas, el Gobierno lo ha conseguido: el número de nuevos convenios de empresa se ha disparado en los dos últimos años: hasta octubre, se han firmado 343, frente a sólo ocho de sector. Antes de la reforma, asegura CCOO en su último informe sobre negociación colectiva, el número de convenios de empresa anuales no superaba los 250.