"Estamos arañando el suelo del parque carbonífero para aprovechar todo porque nos hemos quedado sin material, nos hemos quedado sin nada y hemos estado perforando varios metros hacia abajo. Tanto que en la última, quemamos hasta los restos de lignito de la mina vieja". De esta forma tan gráfica explican fuentes de la plantilla de la central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña), que tenía previsto dar por finalizada la quema de carbón este jueves por la tarde tras acabar con el último suministro —las 240.000 toneladas con origen en Indonesia llegaron en marzo— y aprovechar al máximo los restos del combustible presentes aún en la instalación.
La central pone fin así al proceso de reactivación iniciado el pasado mes de noviembre, cuando con las bajas temperaturas, la subida imparable de los precios mayoristas de la electricidad o las restricciones en un mercado del gas con los precios disparados obligaron al Gobierno central a proponer una prórroga a la térmica, que estaba en standby y cuya clausura estaba prevista en 2021. Todo mientras Enel —grupo propietario de Endesa— y la propia compañía presionan ahora al Gobierno central para que acelere el cierre definitivo y otorgue la autorización administrativa para cerrar de una vez la planta.
Lo que pretendía ser una solución de urgencia hasta finales de 2021 se amplió varios meses más. La guerra de Ucrania, los elevados precios del gas y las facturas de la luz disparadas han obligado a prorrogar el tiempo extra y tirar de nuevo del carbón en As Pontes, una de las fuentes más caras y contaminantes, en pleno proceso de transición energética y de cierre de las centrales térmicas en España.
Con el gas marcando el ritmo del pool eléctrico donde se compra la energía y la generación de renovables aún insuficiente, la quema de carbón se ha disparado en España hasta los máximos alcanzados durante el temporal Filomena. Tanto es así que en alguna jornada de la semana pasada las centrales térmicas concentraron, según Red Eléctrica, más del 5% de toda la generación eléctrica del Estado, algo que no se había producido desde las olas de frío de enero de 2020 y de 2021, según destaca El Periódico de España. Sin embargo, la compañía asegura que la contribución para paliar la situación del mercado energético es muy limitada.
De hecho, Endesa se ha reactivado bajo mínimos y no está dispuesta a comprar ni más carbón ni a reactivar la central, salvo exigencia del Gobierno. Los permisos y certificaciones necesarios para poder seguir funcionando requieren inversiones que la empresa no está dispuesta a realizar y, mucho menos, cuando espera el permiso para su cierre y cuando los precios de la tonelada del carbón y de su transporte continúan subiendo.
De hecho, desde que se reactivó en noviembre, la central sólo ha funcionado en uno de los cuatro grupos generadores. El 3 y el 4 estaban paralizados al no haberse adaptado a los requisitos de sulfuración necesarios, mientras que el 2 —que sí que está adaptado a los requisitos de la UE— ya había consumido el máximo de horas de funcionamiento antes de realizar una revisión que supondría una inversión de entre dos y cinco millones de euros que Endesa ni siquiera meditó. El grupo 1, que sí que funcionó, termina su vida útil el próximo otoño si la compañía insiste en adaptarlo a las exigencias legales. Pero ni siquiera tiene previsto comprar más carbón.
La idea de la eléctrica, según fuentes de la plantilla, es comenzar en breve con los trabajados para la "seguridad de la instalación", paso previo al desmantelamiento. Porque, aunque todavía no hay autorización para el cierre, los trabajadores de la central ya han sido advertidos de la próxima puesta en marcha de "maniobras reversibles": labores como el vaciado de aceites y de otros productos que, en el caso hipotético e improbable de otra reactivación futura, no supusiera un problema.
La decisión de Endesa es clara, tanto que ya la ha comunicado a varios de los trabajadores que han regresado temporalmente a sus antiguos puestos en As Pontes, y que volverán próximamente a los complejos donde estaban reubicados. "Algún trabajador de limpieza termina hoy el contrato y ya sabe que no se le va a renovar; la central se va a apagar y, aunque no se desmantelará todavía, técnicamente ya no estará operativa", insisten las mismas fuentes.
En estos momentos, siguen trabajando en la planta alrededor de medio centenar de trabajadores de Endesa, además de más de un centenar de subcontratados a los que se les ha garantizado trabajo en la central hasta el 31 de julio. En el caso de que la autorización de cierre llegue antes, se rescindirían los contratos de estas empresas, que pasarían a trabajar para la compañía que tutelará el proceso de demolición. "Pero nada está claro en la situación actual", ha destacado Marcos Prieto, secretario de Organización de UGT-FICA Endesa Galicia.
Mientras esto ocurre, Endesa, que solicitó el cierre de la central en diciembre de 2019, ha instado al Gobierno central a que conceda la autorización administrativa, porque, aclaran, cuanto antes llegue más posibilidades tendrán de captar fondos europeos para futuros proyectos. La eléctrica suele recordar que el desmantelamiento de la planta generará más puestos de trabajo con los que cuenta ahora tras la reactivación.
Desde los sindicatos, Prieto también ha pedido implicación y rapidez a las administraciones, a las que critica por haber "bloqueado" muchos proyectos de futuro, así como a la propia Endesa. Ha lamentado que aún no se hayan concretado los planes para la planta de hidrógeno y la de biocombustibles y que se desbloqueen las iniciativas para las instalaciones eólicas. Desde el comité han reclamado que las inversiones tantas veces anunciadas lleguen "de una vez" y que se garantice el trabajo para el personal y las auxiliares.
"Están abandonando As Pontes; aquí lo único que se sabe es que se va a hacer un carril bici, pero del resto no sabemos nada. No sólo tendremos que marchar muchos, sino que no van a quedar alternativas para muchos más", ha lamentado Prieto.
El BIC de la chimenea de la térmica
Por otro lado, el grupo de trabajo local de As Pontes para una transición conjunta ha reclamado en una reunión urgente con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el vicepresidente primero, Francisco Conde, antes del inicio de los trámites para declarar la chimenea de la central térmica de la localidad como Bien de Interés Cultural (BIC), una "decisión tomada unilateralmente por el ejecutivo autonómico".
El grupo de trabajo, en el que están representados el Ayuntamiento de As Pontes, CCOO, CIG, UGT, el comité de empresa de Endesa, Cohempo, Seara y la Asociación de Transportistas de Carbón, ha exigido a la Xunta "una explicación de los motivos por los cuales se puso en marcha este proceso, así como su impacto a corto, medio y largo plazo en términos socioeconómicos".
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Así, han advertido del impacto que esta declaración puede tener sobre "el mantenimiento de las infraestructuras, las posibles limitaciones que existiría para la implantación de nuevos proyectos industriales para la zona, el impacto en el proceso de desmantelamiento así como en el empleo vinculado".
Aquí puedes leer el texto original en gallego.
"Estamos arañando el suelo del parque carbonífero para aprovechar todo porque nos hemos quedado sin material, nos hemos quedado sin nada y hemos estado perforando varios metros hacia abajo. Tanto que en la última, quemamos hasta los restos de lignito de la mina vieja". De esta forma tan gráfica explican fuentes de la plantilla de la central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña), que tenía previsto dar por finalizada la quema de carbón este jueves por la tarde tras acabar con el último suministro —las 240.000 toneladas con origen en Indonesia llegaron en marzo— y aprovechar al máximo los restos del combustible presentes aún en la instalación.