No es ningún secreto que las grandes compañías energéticas españolas apuestan, con sus más y con sus menos, en público y en privado, por la transición energética. Saben que da muy mala prensa oponerse a la "revolución renovable", anunciada desde hace años y que se resiste a llegar. Pero también saben que es una apuesta segura, ya que el futuro del sistema solo pasa por lo verde. Y saben que da dinero. En ese sentido, las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las principales compañías del país pueden alinearse sin miedo con el desarrollo sostenible, con el medioambiente, con la biodiversidad o con los objetivos de descarbonización. Sus cuentas de resultados están a salvo. Además, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha elaborado con el beneplácito, al menos parcial, del llamado oligopolio eléctrico, cuyos presidentes estuvieron en la presentación. También financiarán la cumbre del clima de Madrid. Pero en cuanto la política se distancia de sus intereses, se movilizan.
Todas las grandes compañías energéticas tienen su fundación, una organización separada pero dependiente en la que concentran sus esfuerzos de RSC: la contribución voluntaria de las empresas al bienestar social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su reputación y su valor añadido. Fundaciones como la de Endesa o la de Iberdrola organizan voluntariados ambientales, patrocinan iniciativas y abarcan ámbitos no solo relacionados, al menos directamente, con lo ambiental o lo energético. Otras fundaciones, como la de Naturgy o la de Repsol, funcionan en parte como legitimadoras de su modelo de negocio. Tras la intención de "fomentar un desarrollo sostenible", la gasística utiliza la Fundación Naturgy como un think tank para promover el uso de gas natural como combustible "de transición"think tank, entre el contaminante carbón y las energías renovables.
Y esto lo hace utilizando la ciencia: invita a investigadores y difunde sus trabajos siempre que ofrezcan una visión positiva o al menos neutra del uso de gas natural en el mix energético del paísmix, o como combustible para el transporte del presente y del futuro. También financia cátedras universitarias que, a través de investigaciones supuestamente imparciales, defiendan sus postulados. El uso de la ciencia para vender un modelo de negocio como parte del "sentido común", seleccionando solo los estudios que apoyan sus hipótesis y desechando el resto, es ampliamente estudiado por el Corporate Europe Observatory (CEO) en su informe Lobby planet: en Bruselas, grandes empresas intentan influir en las decisiones de la Unión Europea y sus órganos, utilizando esa y otras tácticas, para que la política sirva a sus intereses.
En el caso de la Fundación Naturgy, se trata de la fundación de una energética española más activa en lo que llaman "la generación de conocimiento": la promoción, el patrocinio y la publicación del trabajo de investigadores que apoyan el gas natural como combustible "de transición" entre un pasado sucio y un futuro limpio. La antiguamente conocida como Gas Natural Fenosa no tiene la batalla del todo ganada con su combustible fósil preferido. La empresa y sus afines defienden que el gas como generador de electricidad es mucho más limpio que el carbón, y por tanto pueden servir de respaldo a las renovables cuando éstas no puedan funcionar por motivos atmosféricos. Suelen obviar, como señalan los ecologistas, que las fugas de metano que se producen en el traslado y el tratamiento son, también, causantes del cambio climático.
En el ámbito del transporte también se producen encontronazos entre las empresas dedicadas al gas y el ecologismo. Tanto el sector del automóvil como las compañías que generan electricidad a través de gas natural y lo distribuyen aseguran que este combustible, ya sea comprimido (GNC) o licuado (GNL), ayuda a reducir la contaminación atmosférica en las ciudades. Los ecologistas opinan que, si bien en ciertos ámbitos ofrecen ventajas, no tiene sentido montar una infraestructura entera para un combustible que también contamina en un contexto de urgencia climática y de salud pública. La organización Transport & Environment señala que los vehículos ligeros propulsados por gas natural emiten menos NO (dióxidos de nitrógeno, culpables de los problemas con la calidad del aire) que los diésel y prácticamente lo mismo que los de gasolina. En cuanto al CO, gas de efecto invernadero, emiten mucho menos que los de gasolina y algo más que los que incorporan un motor de gasóleo. Sin embargo, en cuanto a vehículos pesados (autobuses y camiones), las diferencias en cuanto a contaminantes son mínimas o incluso negativas para el gas natural.
Financiando "conocimiento"
El debate está abierto y la Fundación Naturgy, que se define como una organización cuyos ejes troncales son "la formación, divulgación y sensibilización en temas de energía y medio ambiente, con el objetivo fundamental de promover el uso racional de los recursos energéticos y fomentar un desarrollo sostenible", está poniendo toda la carne en el asador para, a través de la ciencia, promover y popularizar el combustible fósil que les da de comer. La semana pasada, la fundación invitó a España al científico Vaclav Smil, que aseguró en una conferencia que España "va retrasada" en la transición energética, ante lo que recomendó "impulsar más el uso del gas natural para estar al mismo nivel que otros países europeos, para ser un país moderno".
La organización cuenta en su página web con un "centro de conocimiento", un espacio mediante el cual se puede acceder a todo el contenido investigador que la Fundación Naturgy promociona, patrocina y realiza, previo registro. De las últimas diez publicaciones en dicho apartado de la web en el momento de realización de este reportaje, que comprenden diapositivas de ponencias, informes e investigaciones, cinco vienen a respaldar sin ambages los planteamientos de la compañía gasística. En portada se puede encontrar al investigador Christopher Jones, que no solo fue invitado a Madrid a celebrar una ponencia sino que elaboró un informe en el que llama a la Comisión Europea a iniciar un "debate informado" en la opinión pública sobre los beneficios del gas natural.
Esta práctica de la Fundación Naturgy no es nueva. Cuando se llamaba Fundación Gas Natural Fenosa, impulsó la publicación del libro La calidad del aire en las ciudades, coordinado por el investigador del CSIC y experto en la materia Xavier Querol. La nota de prensa de la presentación se titulaba así: "La sustitución del 13% del parque móvil de Madrid y Barcelona por coches a gas natural reduciría 50.000 toneladas de emisiones al año". Transport & Environment reaccionó señalando que lo que hace reducir las emisiones es el abandono del diésel, no la implantación del gas: y que para luchar contra la contaminación, los vehículos eléctricos son muchísimo más eficaces. Querol, consultado por infoLibre, matizó dicho titular: en el contenido del libro, aseguró, se explica que el modelo a seguir es el de un parque móvil mucho más reducido como condición indispensable, y que los que queden se repartan el pastel: diésel mejorado, eficiente y fuera de estafas en las mediciones, eléctricos, híbridos y a gas. El investigador también afirmó que contó con "libertad absoluta" a la hora de realizar el trabajo.
Más allá del papel del gas natural en la descarbonización del país, la Fundación Naturgy también promociona trabajos que, en otros ámbitos, también defienden el papel y las posturas de la empresa, al margen del "desarrollo sostenible" que supuestamente fomenta la organización. Un trabajo coordinado por la investigadora de la Universitat de Barcelona María Teresa Costa-Campi, titulado La pobreza energética en España. Aproximación desde una perspectiva de ingresos, y publicado en el centro de conocimiento de la Fundación, asegura lo siguiente en su resumen: "Las actuaciones propuestas sostienen que parte del coste de hacer frente a la pobreza energética debe ser financiado por parte de las empresas del sector. Esta visión es incorrecta, no solo porque es regresiva e ineficiente, sino porque no busca resolver la verdadera naturaleza del problema".
Costa-Campi coordina la cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona (UB) en colaboración con Funseam, una fundación formada por las principales compañías energéticas de nuestro país. Incluida Naturgy. La investigadora asegura, ante las preguntas de infoLibre, que Funseam financia "una parte muy importante de los costes de la cátedra, sin los cuales no podría realizar su trabajo de investigación". No ha respondido, por el momento, a la pregunta de si los investigadores de dicha cátedra cuentan con independencia a la hora de hacer su trabajo.
Preguntada sobre si la defensa activa y prácticamente continua del gas natural como "combustible de transición" es compatible con sus pilares de promover "el desarrollo sostenible", la Fundación Naturgy responde que no solo se dedican a eso. "La temática de las publicaciones y jornadas de la fundación abarca otros temas de interés relacionados con la energía, como la calidad del aire, el etiquetaje de vehículos, la eficiencia energética, la rehabilitación energética de viviendas, la economía circular, las renovables, la digitalización o la generación eléctrica distribuida. De toda esta actividad, la Fundación ha publicado en su web cerca de 200 libros, ponencias y artículos en los dos últimos años", aseguran.
Además, defienden la independencia y la "visión transversal" de los temas planteados: "Tanto en sus publicaciones como en las jornadas que organiza siempre ha contado con expertos de las diferentes temáticas que se plantean y que aportan su visión sin mediación por parte de la fundación ni de la compañía".
El caso de Repsol
La petrolera Repsol también se ha sumado al carro del uso de cátedras universitarias, financiadas parcial o totalmente por las compañías energéticas, que impulsan investigaciones acordes con el modelo de negocio de la empresa para influir en el debate público. En septiembre de este año, la Fundación Repsol anunció la creación de la cátedra de Transición Energética en la misma universidad que la de Funseam: la Universitat de Barcelona. Dicha cátedra se dedicará prácticamente en exclusiva, según anunciaron sus responsables, a "la investigación y divulgación de los sistemas de recuperación y aprovechamiento de CO2, uno de los grandes retos en la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, clave para cumplir con las metas fijadas en el Acuerdo de París". La Universitat de Barcelona confirma también que dicha cátedra está financiada por la empresa, aunque no aclaran si parcial o totalmente.
Para entender por qué la Fundación Repsol impulsa una cátedra para investigar sobre la recuperación y el aprovechamiento de dióxido de carbono, hay que entender previamente tanto el papel de Repsol en la transición energética como su posicionamiento, expresado en diversas ocasiones por su presidente, Antonio Brufau. La compañía se encuentra en una posición más complicada que las eléctricas: su negocio siempre ha sido el petróleo, en claras vías de extinción, y en su cartera, hasta hace unos años, nunca han tenido hueco las energías renovables.
El sector eléctrico afronta el desafío de la transición lastrado por la omnipotencia de un oligopolio intocable
Brufau, expresidente de Gas Natural Fenosa, no sigue el mismo discurso que los presidentes de Endesa, Iberdrola, Naturgy y otras corporaciones más centradas en el mercado eléctrico: ha atacado en varias ocasiones con dureza a los vehículos eléctricos por la inmadurez de su desarrollo y, en cuanto a la acción climática, siempre se ha mostrado contrario a hacer demasiados esfuerzos. Es más partidario de soluciones que, aún siendo parciales, no pongan en riesgo su negocio: por ejemplo, en julio de 2019 defendió con ahínco las plantaciones masivas de árboles, sumideros de carbono. "Si España dedicara el 20% del impuesto que se carga a hidrocarburos a la reforestación, habría emisiones netas negativas", dijo. Ignoró los efectos negativos que podría tener esta acción en el uso y consumo de recursos y en la biodiversidad de los ecosistemas, abordados en un estudio de Nature publicado pocas semanas después de sus declaraciones.
La tecnología de almacenamiento de carbono, aún en pañales y entre serias dudas de que algún día pueda llegar a convertirse en una realidad para atajar los peores efectos del cambio climático, cumple para Repsol la misma función que la plantación de árboles: soluciones que no aportan demasiado sin un recorte drástico de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que son cómodas de defender para grandes empresas cuya cartera de servicios es altamente contaminante.
No es ningún secreto que las grandes compañías energéticas españolas apuestan, con sus más y con sus menos, en público y en privado, por la transición energética. Saben que da muy mala prensa oponerse a la "revolución renovable", anunciada desde hace años y que se resiste a llegar. Pero también saben que es una apuesta segura, ya que el futuro del sistema solo pasa por lo verde. Y saben que da dinero. En ese sentido, las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las principales compañías del país pueden alinearse sin miedo con el desarrollo sostenible, con el medioambiente, con la biodiversidad o con los objetivos de descarbonización. Sus cuentas de resultados están a salvo. Además, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha elaborado con el beneplácito, al menos parcial, del llamado oligopolio eléctrico, cuyos presidentes estuvieron en la presentación. También financiarán la cumbre del clima de Madrid. Pero en cuanto la política se distancia de sus intereses, se movilizan.