Coca Cola saludó la llegada del año de la recuperación económica con el despido de 750 trabajadores y el cierre de cuatro de sus siete plantas embotelladoras. Hasta noviembre de 2013 consiguió unos beneficios de 800 millones de euros, por lo que aduce causas organizativas y productivas para ejecutar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que incluirá otras 500 recolocaciones. Según el presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, la medida atiende a la “lógica empresarial”. Los trabajadores, atendiendo a la lógica de la supervivencia, comenzarán este domingo una huelga indefinida en Madrid y Alicante.huelga indefinida
No han pasado ni 30 días del nuevo año, pero las embotelladoras de Coca Cola son sólo el caso que más ha llamado la atención pública de una lista que pone nombres y apellidos a las estadísticas oficiales de empleo.
El pasado día 17 Renfe presentó a los sindicatos un ERE para 600 trabajadores, el 4% de la plantilla, que será voluntario y universal. A finales de año, Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, pactó otro en diciembre para 250 empleados. La medida sigue a la segregación de la empresa pública en cuatro nuevas sociedades –Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Talleres y Renfe Alquiler de Material–, con la que pretende hacer frente a la competencia de otras compañías privadas en el transporte de viajeros a partir de este año. Renfe ofrece a los trabajadores 20 días de indemnización por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, los mínimos legales, igual que Adif. Ambas empresas calculan que el recorte de plantillas les va a costar 27 millones de euros.
NH Hoteles ejecuta este mes su segundo ERE en menos de un año, esta vez para 106 trabajadores. En abril presentó otro que se cerró en octubre con 377 despidos. En ambos casos la cadena paga 31 días con un límite de 18 mensualidades. Lo mismo ocurre con FCC Construcción, que pactó con los sindicatos en diciembre 875 despidos, aunque su primera propuesta ascendía a 1.267, el 40% de la plantilla. En el caso de la empresa de Esther Koplowitz, se trata del cuarto ERE en sólo un año: dos en la división de construcción, otro en los servicios centrales y uno más en la sección de energía. Se fueron 263 trabajadores.
El Banco Gallego, que Banco Sabadell compró al FROB por un euro el pasado mes de abril, acaba de cerrar un acuerdo con los sindicatos para despedir a 90 personas y prejubilar a otras 50. Sus condiciones, como suele ocurrir en la banca, son sensiblemente mejores que en el resto de los sectores: 35 días por año trabajado, más 15.000 euros para quienes cobren más de 30.000 euros y 10.000 euros para quienes no lleguen a esa cifra. A cambio, la plantilla superviviente del Banco Gallego, antes en manos de Novacaixagalicia, consigue la homologación de sus condiciones laborales con la del Banco Sabadell.
La cadena de perfumerías Marionnaud despedirá a 421 trabajadores, el 67% de la plantilla, tras perder 94 millones entre 2008 y 2013. La compañía, que cuenta con 116 tiendas, cerrará tres: dos en Bilbao y una en Madrid. Instalada en España desde 2002 y aunque de origen francés, pertenece a una multinacional con sede en Hong Kong, Hutchinson Whampoa.
Sector público
También el sector público continúa con sus recortes de personal en 2014. La Empresa Pública de Gestión Medioambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) acaba de anunciar un ERE para 385 trabajadores. Éste es el quinto intento emprendido desde 2012 por el Gobierno autonómico de recortar su plantilla, actualmente de unos 2.000 empleados. El primero fue declarado nulo por el Tribunal Supremo (TS), el segundo fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y está pendiente de recurso en el TS, el tercero fue retirado por la propia empresa y el cuarto ha sido el único con acuerdo sindical y puesto en marcha: incluía 150 bajas incentivadas voluntarias para mayores de 59 años.
El último, como los anteriores con 20 días de indemnización, ya cuenta con el rechazo de los sindicatos, que lo ven como un intento de despedir a los trabajadores –el 40% de los previstos por la empresa– que se negaron el año pasado a cambiar su contrato fijo por otro como fijos discontinuos. La Junta castellanomanchega alega causas económicas para los despidos: ha reducido a la mitad desde 2011 el presupuesto de Geacam, hasta dejarlo en 50 millones de euros para este año, explica el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO en Castilla-La Mancha, José Sánchez de los Silos.
En pocos días comenzará igualmente a despedir a 1.336 de sus trabajadores otra empresa pública de características y cometido similar a Geacam: Tragsa. Aunque los sindicatos han impugnado el ERE en la Audiencia Nacional, tanto el de la matriz como el de la filial, Tragsatec, el grupo seguirá adelante con la medida, tras fracasar las negociaciones el pasado mes de diciembre. El pasado 10 de enero terminó el plazo para que la empresa contestara a la solicitud de bajas voluntarias. Se trata del mayor despido en una empresa pública mayor despido en una empresa públicahasta el momento.
Sectores punteros y tradicionales
El pasado día 14 fueron los trabajadores de Isofotón, que fabrica placas fotovoltaicas, quienes se vieron abocados al despido. En este caso fue el Juzgado de lo Mercantil número dos de Málaga el que dio vía libre a la medida, puesto que la empresa malagueña se encuentra en concurso de acreedores. Cobrarán la indemnización mínima legal 297 personas, toda la plantilla, a quienes, además, se les adeudan sueldos por un importe medio de 9.000 euros.
También va a cerrar la fábrica del grupo industrial Duro Felguera en Langreo (Asturias), lo que supondrá el despido de sus 102 trabajadores. La empresa les ofrece, una vez más, el mínimo legal de indemnización, 20 días.
Aunque en el sector puntero de las tecnologías de la información, tampoco escapa la filial española de British Telecom a la crisis. Y quiere desprenderse de un total de 107 empleados, en vista de la caída de sus ingresos. Aún no ha empezado el periodo de consultas con los sindicatos.
Conflictos enquistados
Por el contrario, las plantillas de Panrico y Unipost han ido más allá de la mesa de negociación y llevan meses en conflicto. En la fábrica barcelonesa de Santa Perpètua superan ya los 100 días de huelga, la más larga de la crisis. La empresa pretende aplicar 234 despidos y una reducción salarial de entre el 15% y el 40%. La Generalitat ha intentado una mediación que no ha tenido éxito y el 13 de febrero se verá en los tribunales la denuncia de Panrico contra los huelguistas, a quienes reclama cuatro millones de euros por daños. Por el contrario, el Gobierno catalán abrió expediente a la empresa por vulnerar el derecho de huelga.
En Unipost, competidor de Correos, la huelga fue desconvocada por CGT el pasado día 11, pero el conflicto contra un ERE con 425 despidos continúa. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en la que se sientan, además de CCOO, UGT y CIG, la CEOE y la Administración, ha rechazado por “desproporcionado” el intento de la empresa de rebajar a la plantilla un 10% los sueldos.Los próximos meses
Los citados son sólo algunos de los despidos colectivos ya presentados, en negociación o incluso ejecutados, pero en un horizonte no muy lejano se avecinan algunos más y de considerable impacto. Desde los anunciados por el sindicato UGT en Cataluña –55 despidos– y en Andalucía –aún sin concretar– hasta los que se ciernen sobre empresas de primera línea como la pública Navantia o Pescanova. En los astilleros públicos la falta de carga de trabajo amenaza los puestos de sus 5.500 empleados. El consejo de administración estudió un preplan de viabilidad hasta 2018 en el que se habla de la necesidad de recortar costes hasta un 55% mediante cambios, entre otros asuntos, en las condiciones laborales de la plantilla para mejorar su “flexibilidad y eficiencia”. Pero se omiten compromisos concretos de mantenimiento del empleo, según se quejaron los sindicatos cuando fueron informados de las medidas. Los astilleros públicos culpan de parte de sus 100 millones de pérdidas a no haber reducido la plantilla al tiempo que se recortaba su producción: Navantia no ha contratado ningún pedido desde hace siete años. El último barco que salió de sus gradas, el pasado 3 de diciembre, fue un megabuque para la Armada australiana contratado en 2007. Desde entonces, los astilleros –con instalaciones en Ferrol, Cádiz y Cartagena– se encuentran parados. Hoy la petrolera mexicana Pemex debería hacer público, tras meses y meses de retrasar la decisión, si adjudica al vigués Barreras y a Navantia la construcción de dos floteles –barcos-hotel de apoyo a las plataformas petrolíferas–. Un pequeño alivio para la situación desesperada de la empresa pública, incapaz de competir con los astilleros asiáticos. En cualquier caso, ya hay damnificados de la inactividad de Navantia: las empresas auxiliares. Una quincena de ellas han desaparecido. La última, Maessa, una filial de la constructora ACS, que va a despedir a sus 85 trabajadores de Ferrol.
En Pescanova, otrora líder pesquero mundial, la hora de la verdad será a finales de febrero. Entonces se dilucidará si la empresa gallega llega a un acuerdo con sus acreedores. Según explica Xosé Fernández Piñeiro, responsable de Alimentación, Mar y Transportes de la CIG, hasta el momento se han presentado dos ofertas por Pescanova, una comandada por la cervecera Damm y otra por los fondos de inversión Centerbridge y Bluecrest. Ambas incluyen quitas considerables en la deuda de la empresa con los bancos –superiores al 70%–, pero no hablan de mantener el empleo, asegura Fernández Piñeiro. Así que su “confianza” en que los problemas de gestión de Pescanova no afecten a sus más de 1.000 trabajadores –sin contar los de la maraña de filiales que tejió el expresidente Manuel Fernández de Sousa– es casi nula. “Seguro que habrá reducción de plantilla”, vaticina el responsable sindical, aunque cree que hasta finales de marzo o incluso principios de abril no quedará claro en qué volumen.
Coca Cola saludó la llegada del año de la recuperación económica con el despido de 750 trabajadores y el cierre de cuatro de sus siete plantas embotelladoras. Hasta noviembre de 2013 consiguió unos beneficios de 800 millones de euros, por lo que aduce causas organizativas y productivas para ejecutar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que incluirá otras 500 recolocaciones. Según el presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, la medida atiende a la “lógica empresarial”. Los trabajadores, atendiendo a la lógica de la supervivencia, comenzarán este domingo una huelga indefinida en Madrid y Alicante.huelga indefinida