España continúa sin actuar contra Volkswagen por el escándalo de las emisiones: "Hay una protección tremenda"

La justicia australiana decidió este viernes condenar a Volkswagen al pago de una multa de 86 millones de dólares (77,4 millones de euros) por el escándalo ya mundialmente conocido como dieselgate. Hace once días, fueron las autoridades canadienses las que decidieron actuar. Presentaron 58 cargos contra la compañía por violar leyes medioambientales. Pero estos no han sido los únicos países que han tomado medidas ante el escándalo. Cuando la Agencia de Protección Ambiental americana (EPA, por sus siglas en inglés) destapó el escándalo en 2015, otros países como Alemania o Francia iniciaron investigaciones a los coches de la marca. En Estados Unidos, por su parte, el exdirectivo Oliver Schmidt fue condenado a siete años de cárcel y al pago de una multa de 400.000 dólares. Y España, ¿qué medidas ha tomado? Ninguna. El Ministerio de Industria, que sería competente a la hora de aplicar posibles sanciones, todavía no ha actuado. Y el procedimiento penal se encuentra viajando hacia Alemania porque así lo ha decidido la Audiencia Nacional. No es casualidad, según denuncia Alberto Rey Núñez, abogado y vicepresidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen: "Hay una protección de Volkswagen por parte del Estado tremenda", denuncia. 

El escándalo se desveló en septiembre de 2015, hace ya más de cuatro años: Volkswagen había instalado un software cuyo cometido era reducir las emisiones contaminantes de sus vehículos con motores diésel cuando se sometieran a pruebas de laboratorio. La técnica era sencilla. Tal y como explica Rey Núñez, "el coche era capaz de detectar que estaba siendo sometido a una prueba". Entonces, en ese momento, se activaba "una válvula que cerraba la emisión de gases contaminantes". "Durante unos minutos el coche parecía que no contaminaba, pero cuando detectaba que estaba en carretera, esa válvula dejaba de funcionar y circulaba en el modo contaminante", explica. Y ese descubrimiento, que comenzó siendo el escándalo Volkswagen, poco después se convirtió en el dieselgate. Y es que aunque todo había saltado en Estados Unidos, salpicó a Europa. Y a más marcas de vehículos. "Volkswagen también fabrica motores para Audi, Seat o Skoda", recuerda Rey Núñez. 

Y desde ese momento ya comenzaron las diferencias entre países en la forma de gestionar la polémica. "En Europa se les abrieron expedientes", dice Rey Núñez. Pero en España no. "El Ministerio de Industria no multó" a la compañía alemana "con la excusa de que, como ya estaba abierta la causa penal, no podía hacer nada", critica Rubén Sánchez, portavoz de la organización Facua-Consumidores en Acción. Un argumento esgrimido entonces por el equipo del conservador José Manuel Soria que continúa vigente. Fuentes de la institución dirigida ahora por la socialista Reyes Maroto aseguran a infoLibre que, de momento, no se tomará ninguna medida. "En su día se instruyó un expediente sancionador, pero todo quedó suspendido porque existen actuaciones judiciales en curso. Hasta que los tribunales no dictaminen lo que consideren oportuno no va a haber nuevas actuaciones", confirman. 

Un proceso penal de viaje hacia Alemania

¿Y cómo está el asunto en los tribunales? Hace un año, la Audiencia Nacional —que fue el tribunal que acogió la causa por ser un caso que afecta a personas de distintas provincias, explica Rey Núñez— decidió trasladar el procedimiento penal que tenía abierto a la justicia alemana. "Nosotros creemos que eso vulnera la tutela judicial efectiva para los españoles, así que hemos presentado un recurso ante el Tribunal Supremo y estamos a la espera de sentencia", explica Sánchez que, no obstante, admite ser "consciente" de la "enorme dificultad" de que el alto tribunal resuelva a su favor. Por eso, dice, han buscado "alternativas" para sus socios, que podrán continuar con su causa en los tribunales alemanes gracias al acuerdo con un grupo de abogados alemanes que trabajaron con una organización de consumidores del país. 

Pero lo cierto es que, según denuncia Rey Núñez, durante el tiempo que el magistrado Ismael Moreno mantuvo abierto el procedimiento, no se hizo suficiente. "No se citó a declarar a nadie y sólo se ha hecho una pericial técnica que confirmó que los vehículos tenían dos modos de funcionamiento", explica: el que más contaminaba —que se activaba en carretera— y el que no producía tantas emisiones —que funcionaba cuando el coche detectaba que estaba pasando por algún control—. No se hicieron peritajes, por tanto, del estado en el que quedaron los vehículos que fueron reparados por Volkswagen cuando saltó el escándalo.

Y es que, tal y como recuerda Rey Núñez, además de no iniciar un procedimiento sancionador, el entonces ministro Soria llegó a un acuerdo con el fabricante alemán para reajustar ese software de tal manera que dejara de distinguir entre esos dos modos de funcionamientosoftware y permitiera, únicamente, el uso del que emite menos gases. "Volskwagen empezó a ofrecer un parche gratuito con el que defendían que el vehículo ya estaba apto para la circulación", explica el abogado. "Pero con el paso del tiempo se descubrió" que los coches comenzaron a funcionar peor. "Tenían menos potencia, consumían mucho más y empezaron a dar problemas de combustión", critica. Pero eso no se ha comprobado en España. Sólo se tienen los testimonios y, además, una sentencia del tribunal alemán de Dusseldorf que, según asegura el abogado, determina que está "acreditado que el parche no funciona en determinadas condiciones". 

En base a esto, Rey Núñez no descarta iniciar nuevas acciones judiciales en España. "Pensamos en hacer otra reclamación colectiva en España a raíz de la sentencia alemana", admite. "El caso ya no es que el coche esté mal, sino que la solución que le han dado a la gente también es fraudulenta. Es un fraude sobre el fraude que nos abre la posibilidad de volver a reclamar", explica. 

Algunas resoluciones en las audiencias provinciales

Pero el dieselgate no sólo se ha movido en el ámbito penal. Tal y como explican Rey Núñez y Sánchez, audiencias provinciales y juzgados de distintos puntos de España se han pronunciado. Eso sí, en causas civiles. La primera vez fue en 2016, cuando el juzgado de primera instancia número 12 de Valladolid condenó al fabricante a indemnizar a un afectado con 5.006 euros por los perjuicios ocasionados. El denunciante, propietario de un Audi adquirido por 50.065 euros, solicitaba que la marca le entregase un vehículo similar nuevo de iguales características y, si no fuera posible, otro de categoría superior. También reclamaba la resolución del contrato de compraventa y el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. 

Sin embargo, el juez consideró que, si bien el demandante podía circular por España y Europa con un coche considerado apto para el fin por el que fueron adquiridos, quedó acreditado que "el Grupo Volkswagen instaló un software para burlar el control de las emisiones de partículas en el trámite de homologación". "Esa conducta infringe, a criterio de este juzgador, los deberes de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones que le son propias como vendedora del producto y afecta a la confianza del consumidor, por el engaño a las autoridades de control y al público en general", señaló el juez.

Años más tarde, la Audiencia Provincial de Palma condenó a la compañía alemana a pagar de nuevo 500 euros a un cliente, el mismo importe que recibió un cliente cuyo caso acabó en la Audiencia Provincial de Segovia. Pero no siempre han ganado los consumidores. "Hay gente que ha ganado y gente que ha perdido", recuerda Sánchez. 

Fue el caso, por ejemplo, de una demandante que solicitó la nulidad del contrato de compraventa de un Audi A1. Reclamaba que el vehículo que había adquirido tenía menos emisiones contaminantes y era más eficiente y sostenible que en la realidad, puesto que estaba afectado por un software engañoso. Pero la Audiencia Provincial de Valencia declaró que el software aludido no afectaba a las emisiones de CO2, sino sólo a las de óxido de nitrógeno, y que, por tanto, no hubo engaño en la publicidad de la compañía cuando se hizo hincapié en las emisiones de ese tipo de gas.

La de Barcelona emitió una sentencia similar. El juez consideró que el demandante no acreditó la realidad de los daños que reclamaba y que auguraba un fallo "hipotético y futuro", según publicó El Periódico. 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por su parte, interpuso también una demanda colectiva que irá a juicio en febrero. La organización representa a más de 7.500 consumidores afectados, para los que exige más de 22,5 millones de euros en indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios, en torno a unos 3.000 euros por perjudicado.

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"Por otro lado, las comunidades, que pueden multar aplicando la legislación en materia de consumo porque se trata de un fraude y de publicidad engañosa, tampoco han hecho nada", critica Sánchez. Al menos, la inmensa mayoría. De hecho, Sánchez reconoce que su organización sólo tiene conocimiento de expedientes sancionadores abiertos en Galicia. La Xunta de Galicia sancionó en 2017 a Volkwagen-Audi España con 33.800 euros, casi el doble del valor del Golf de la denunciante, una usuaria de Ourense que compró el vehículo de segunda mano hace seis años.

 

"Es la única comunidad que ha destacado un poquito. Todas podrían haber abierto un expediente sancionador y haber impuesto, por tanto, 17 multas. Pero no se ha hecho porque, lamentablemente, en este país la protección al consumidor está absolutamente abandonada por la inmensa mayoría de las autoridades de consumo", denuncia Sánchez. "Tampoco el Ministerio de Sanidad y Consumo impulsó la coordinación de esos expedientes", sentencia.