España pierde 1.000 millones de dólares anuales por los beneficios que las multinacionales desvían a Luxemburgo

Los paraísos fiscales son, en realidad, infiernos para el resto de las naciones del planeta. Sumideros por los que cada año se escapan miles de millones que, como se ha podido comprobar con la pandemia, dejan de aprovecharse para comprar vacunas, contratar médicos y enfermeras o construir hospitales, también para apuntalar los estados de bienestar de quienes los disfrutan o para construirlos donde aspiran a tenerlos. El debate es recurrente y sube de temperatura con cada nueva investigación periodística (como la que ha empezado a publicar infoLibre) 0 cuando se anuncian acuerdos “históricos” que prometen una fiscalidad mundial más justa.

Pese a la dificultad de cuantificar una actividad financiera que se basa esencialmente en la opacidad, las cifras existentes muestran a las claras su gran volumen y la gravedad de sus consecuencias. Cerca del 40% de los beneficios que las multinacionales obtienen fuera del país donde tienen instalada su matriz se trasladan a paraísos fiscales. Son datos de 2017 aportados por los investigadores de la Universidad de Copenhague Thomas Tørsløv y de la Universidad de Berkeley Ludvig Wier y Gabriel Zucman, que han publicado en missingprofits.world. Son 700.000 millones de dólares en ganancias corporativas que reducen la recaudación fiscal mundial en más de 200.000 millones, el 10% de lo que ingresan las arcas públicas de todo el planeta.

Los países de la Unión Europea aparecen, además, como los principales perdedores de ese desvío de beneficios a territorios offshore, con baja o nula tributación y sin ninguna transparencia, puesto que pierden un 20% de sus ingresos tributarios. Por el contrario, los paraísos fiscales que atraen esos capitales recaudan más –porcentualmente respecto a su renta nacional– que Estados Unidos y la UE, subrayan los investigadores.

En concreto, España pierde cada año un 14% de su recaudación fiscal, 4.242 millones de dólares –3.482 millones de euros–, porque se le escapan 16.967 millones de beneficios que las grandes empresas envían a paraísos offshore. Pero lo más grave es que, de esa cantidad, el 85%, 3.606 millones, se traslada a paraísos fiscales situados dentro de la propia Unión Europea. Países Bajos es el primer receptor de beneficios perdidos –5.743 millones de dólares, que se traducen en 1.436 millones de impuestos distraídos– y Luxemburgo, el segundo. Cada año se le escapan a la Hacienda española en dirección hacia el Gran Ducado 4.226 millones de dólares –3.469 millones de euros– en beneficios de las grandes corporaciones, por los que deja de ingresar 1.056 millones de dólares –866,9 millones de euros– en impuestos. El 3% de su recaudación anual. Cantidades menores se desplazan a Bélgica, Chipre, Irlanda –3.313 millones de dólares en beneficios, 828 millones en impuestos– y Malta.

A paraísos fiscales extracomunitarios se transfiere menos dinero: 2.544 millones de dólares quedan sin gravar, lo que supone una pérdida de 636 millones para Hacienda. De ellos, 444 millones corresponden a Suiza. El resto se reparten entre las Islas Bermudas y otras plazas del Caribe, Hong Kong, Singapur…

Por el contrario, el 58% de la recaudación de Luxemburgo por el impuesto sobre sociedades procede de los 66.000 millones de dólares de beneficios que le envían las multinacionales desde países con tipos más elevados que el suyo, un 3% efectivo, según explican Tørsløv, Wier y Zucman. De los 3.300 millones de dólares que ingresa gravando las ganancias corporativas, 1.900 millones tienen su origen en el extranjero.

Tipos fiscales y pago de intereses 

Y es que, aunque el tipo máximo –nominal– de sociedades en Luxemburgo es del 24,94% –incluido un 7% de tasa de solidaridad y un 6,75% de tasa municipal en la capital del Gran Ducado–, puede reducirse al 15%, si la facturación de la empresa no supera los 175.000 euros, o al 17% si su volumen de negocio excede de 200.000 euros. Estos tipos pueden recortarse aún más si se hace uso de las exenciones de hasta el 25% durante ocho años que se ofrecen para atraer a empresas extranjeras.

Con esas tasas, Luxemburgo consigue recaudar el equivalente al 5,9% de su PIB, el país con mayor porcentaje de la UE junto con Chipre –5,9%– y Malta –5,7%–. España, en cambio, no reúne más que el 2,1% de su PIB gracias al impuesto de sociedades, un poco más que Italia –1,9%– y un poco menos que Alemania –2,7%– o Francia –2,8%–, según los cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Es decir, dos primeras potencias económicas como Berlín y París ingresan menos por los beneficios de las empresas que un pequeño país como Luxemburgo, de sólo 626.000 habitantes. Claro que el tipo máximo del impuesto de sociedades en España es del 25%, en Italia del 27,8%, en Alemania del 29,9%, en Francia del 34,4%...

Pero no es ése el imán irresistible para las grandes compañías. Sino que gran parte del traslado de beneficios se realiza a través del pago de intereses. Como detallan de nuevo Tørsløv, Wier y Zucman, los intereses netos pagados por las sociedades no financieras son especialmente elevados en Luxemburgo, lo que a su juicio revela pagos por valores “híbridos”; es decir, títulos “tratados como bonos [como deuda] a efectos fiscales en Luxemburgo y como acciones [capital] a efectos fiscales y regulatorios en otros países”. Así se evita el impuesto de sociedades.

Hay que recordar que Luxemburgo no practica retención alguna ni en los intereses por préstamos entre filiales del mismo grupo ni en los royalties de los pagos que las filiales creadas en el Gran Ducado hacen a sus matrices en terceros países, y ofrece exenciones a los dividendos si las sociedades cumplen determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con las plusvalías, las ganancias de capital obtenidas por la venta o transferencia de activos.

Este conjunto de ventajas ha convertido Luxemburgo en una plaza atractiva para el capital corporativo internacional hasta el punto de que el 90% de las empresas domiciliadas en el Gran Ducado están registradas a nombre de ciudadanos extranjeros. De hecho, el 76% del valor añadido nacional luxemburgués procede del sector empresarial, mientras que en Estados Unidos esa cifra no supera el 57%.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal, que se tramita en el Senado, amplía la definición de “paraíso fiscal”: no sólo los territorios que cumplan con los requisitos internacionales de transparencia o carezcan de acuerdos de intercambio de información tributaria con España serán desde ahora considerados “jurisdicciones no cooperativas”, sino también aquellos en los que exista “baja o nula tributación”. Este último criterio podría suponer, en teoría, la inclusión de paraísos europeos como Luxemburgo o Irlanda en la lista negra española. Al menos es la expectativa que sostiene Gestha. El problema es que aún hay que concretar cuánto de baja debe ser esa tributación. El proyecto sólo establece que será “un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes”.

Y, como resalta Xavier Varela, vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), más que la baja tributación el verdadero problema es la opacidad. Y que las rentas pasivas –dividendos, royalties, intereses– no se graven en Luxemburgo. También que no pueda identificarse a los verdaderos titulares de las sociedades, ocultos tras testaferros o sociedades pantalla. “La ocultación es el auténtico fraude”, subraya.

Intercambio de información

No obstante, tanto Varela como José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), coinciden en asegurar que Luxemburgo “colabora” cuando España le pide información. El acuerdo de intercambio funciona. Es automático y los datos se remiten cada mes de octubre con la información acumulada del ejercicio precedente. Los miembros de la UE tienen la obligación de comunicar los tax rulings –acuerdos fiscales con empresas o contribuyentes concretos– que firman, y Luxemburgo lo hace, indica Xavier Varela. También informa si la Agencia Tributaria le solicita datos sobre las cuentas bancarias de una sociedad o un contribuyente español concreto o le pregunta quién es el titular real de una empresa. Lo mismo ocurre con las peticiones singulares de información, añade Mollinedo. Incluso existen mecanismos para que los inspectores de Hacienda españoles puedan viajar a Luxemburgo y comprobar in situ in situsi una determinada sociedad existe, por ejemplo. “Pero no se suele ir, porque el país colabora”, matiza Varela.

La ventaja de la que se aprovecha Luxemburgo –también Países Bajos– es que funciona como un auténtico “caballo de Troya” en la Unión Europea. Es la puerta de entrada en el selecto club continental, advierte el inspector de Hacienda. “De esta forma puedes utilizar los convenios internos, como la directiva matriz/filial [que exime de retención en origen a los beneficios pagados por la filial a su sociedad madre], de los que están excluidos terceros países”, precisa Xavier Varela.

También es un paraíso para las grandes fortunasparaíso para las grandes fortunas. Muchos artistas, añade el vocal de IHE, cobran royalties a través de sociedades constituidas en Luxemburgo, tras conseguir un tax rulingtax ruling que les garantiza que no tendrán que tributar por, digamos, sus conciertos. “Esos royalties nosotros ni los vemos”, se queja. En otros casos, los ultrarricos utilizan Luxemburgo para que sus fondos “fluyan hacia otros países”. Además, los luxemburgueses pueden presumir de ser “muy eficientes”, “muy profesionales” y “muy rápidos” constituyendo sociedades. Lo que no quiere decir que sean baratos. Exigen unas comisiones muy elevadas, apunta Varela, por sus servicios de gestión. No es muy distinto a lo que ocurre en Suiza, donde cobran “hasta por el anonimato”.

Apenas un 3% del beneficio, ni siquiera un 3% de las ventas

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En todo caso, el inspector de Hacienda echa en falta una necesaria “armonización” fiscal dentro de la UE. Ya se ha conseguido en los impuestos especiales y el IVA, explica, pero está pendiente la imposición directa, que “cada vez da más problemas al generar distorsiones”. Por eso saludaría que se estableciera una retención en salida de los dividendos, por ejemplo. Y aplaude tanto los informes país por país, obligatorios para las multinacionales, que acaban de aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo, como los registros de titularidades reales que deben poner en marcha ya los Estados miembros. “Esta década y este año ha habido muchísimos avances, desde la estrategia contra la erosión de las bases imponibles de la OCDE y las directivas de cooperación fiscal (DAC) hasta el acuerdo del G7 anunciado esta semana”, enumera. Nada que ver, recalca, con los problemas para recabar información de otros países hace sólo seis años.

Pero tanto Varela como Mollinedo advierten de que ese tipo mínimo del 15% recién publicitado es “insuficiente”. “La estructura va a estar ahí”, concede el inspector, pero el responsable de Gestha no duda en calificar de “decepcionante” que sólo se vaya a gravar “el 15% del 20% de los beneficios” obtenidos por las multinacionales fuera de su territorio de origen. “Es decir, apenas un 3% del beneficio, ni siquiera un 3% de las ventas”, protesta José María Mollinedo. “Por eso están tan contentas las grandes compañías”, lamenta, que a cambio van a conseguir también la supresión de las tasas Google europeas. El responsable de Gestha confía, no obstante, en que el G20 y la OCDE tengan “mayor ambición” y suban el mínimo.

Para Xavier Varela, no hay duda de que estos últimos años se está “arrinconado” más a los paraísos fiscales, pero también recuerda que no han dejado de adaptarse a la cada vez mayor “presión” ejercida contra ellos. José María Mollinedo cree que los paraísos fiscales dentro de la UE perderán atractivo con el nuevo tipo mínimo, pero eso no significa, ni de lejos, que las multinacionales vayan a desmantelar sus estructuras en Irlanda o Luxemburgo. “Viven más de la opacidad que de los tipos bajos”, insiste Varela.