La estafa europea de los fondos 'verdes': invierten 81.000 millones en los 200 mayores emisores de CO2
Ganar dinero mientras se ayuda a salvar el planeta. Eso es lo que prometen a los ahorradores los bancos que comercializan los llamados fondos de inversión verdes o ASG (criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Pero estos fondos supuestamente sostenibles siguen invirtiendo decenas de miles de millones de euros en los mayores emisores de CO2 del mundo. Estas son las conclusiones de una investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio on line europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros del London Stock Exchange Group (LSEG), la Bolsa de Londres.
Este engaño perfectamente legal es posible gracias a la laxa normativa de la Unión Europea sobre financiación sostenible. Concebida en un principio para reorientar cientos de miles de millones de euros del ahorro europeo hacia la transición climática, en realidad fomenta el greenwashing, el ecopostureo, o las falsas promesas.
Son los bancos y los gestores de fondos quienes deciden dónde colocar el dinero que les confían sus clientes, tanto particulares como inversores institucionales, deseosos de hacer una inversión rentable.
EIC ha analizado las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.342 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura.
Estos fondos, teóricamente ecológicos, han invertido sin embargo 87.000 millones de dólares –81.000 millones de euros– en una muestra de 200 empresas ultracontaminantes. Y al hacerlo han contribuido a la emisión de cantidades masivas de dióxido de carbono.
Es más, los fondos verdes han invertido 33.000 millones de dólares en las 25 petroleras más perjudiciales para el clima –la francesa TotalEnergies, la italiana ENI, la angloholandesa Shell–, lo que hace a estos fondos supuestamente sostenibles corresponsables de la emisión de 110 millones de toneladas de CO2 al año, lo que equivale a una cuarta parte de las emisiones anuales de Francia.
También han financiado con 20.000 millones de dólares a los mayores emisores de dióxido de carbono de la industria automovilística –Toyota, Stellantis, Mercedes Benz, General Motors–, 14.000 millones en la industria de la moda, 9.000 millones en la industria aeroespacial e incluso 623 millones de dólares en el sector del carbón, la fuente de energía menos respetuoso con el clima.
TotalEnergies es el mayor beneficiario de este mecanismo de financiación, con 10.000 millones de dólares invertidos por fondos verdes. Al mismo tiempo, el campeón francés del petróleo y el gas está desarrollando nuevos yacimientos gigantescos que son totalmente incompatibles con el Acuerdo de París, un tratado internacional jurídicamente vinculante cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados.
En otras empresas las inversiones verdes alcanzan los 5.000 millones de dólares en Stellantis –que controla Peugeot y Citroën–, 3.000 millones de en Airbus, 2.000 millones en el fabricante de motores aeronáuticos Safran, 192 millones de euros en Dassault Aviation –fabricante de jets privados especialmente respetuosos con el aire acondicionado– y 611 millones en ArcelorMittal, la empresa que más CO2 emite en Francia.
Los fondos verdes también han inyectado 5.266 millones de dólares en Inditex, el grupo de moda que emite más dióxido de carbono; 641 millones en el grupo suizo Glencore, que es el primer productor mundial de carbón; 2.800 millones en el gigante minero Rio Tinto, e incluso 265 millones en la petrolera saudí Saudi Aramco, la mayor emisora de dióxido de carbono del mundo.
La mayoría de las grandes instituciones financieras están implicadas en este ecopostureo. Los tres mayores gestores de activos implicados son el estadounidense BlackRock –número uno mundial–, el alemán Deutsche Bank y el francés Crédit Agricole/Amundi, cada uno con más de 5.000 millones de dólares invertidos en algunas de las 200 empresas supercontaminantes.
Contactados los tres mayores inversores de la clasificación de EIC, han rechazado comentar estos datos. BlackRock responde que sus fondos verdes tienen una metodología “transparente” y “cumplen la normativa europea”. Amundi se limita a indicar que cumple “toda la normativa aplicable”. Pero detrás de ellos hay otros gestores internacionalmente reconocidos: Intensa Sanpaolo Eurizon Capital, Fidelity International, JP Morgan Asset Management, Northern Trust, Templeton y Allianz. Esta decena de gestores son responsables de más de una cuarta parte –23.000 millones de dólares– de las inversiones de los fondos verdes regulados por la UE en los 25 mayores emisores de gases de efecto invernadero de cada uno de los ocho sectores analizados. A su vez, esas 200 empresas son, de media, responsables del 77% de las emisiones de sus respectivos sectores.
A pesar de producir alrededor de 15.600 millones de toneladas de carbono al año entre 2017 y 2023 –cinco veces las emisiones de los 27 Estados miembros de la UE en 2022–, siguen atrayendo miles de millones de dólares en inversiones verdes. de activos.
Estas inversiones confirman el fracaso de la normativa europea SFDR –Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles–, que entró en vigor en 2021 como parte del Pacto Verde, diseñado para hacer de la UE una zona climáticamente neutra en 2050.
Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Son la inmensa mayoría de los que se comercializan: representan el 98% de las inversiones realizadas en la muestra de 200 empresas con elevadas emisiones de CO2.
Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles. Sin embargo, invirtieron 2.000 millones de euros en el Top 200 de empresas más contaminantes.
La normativa es tan vaga que ha sido criticada por ONG, algunos reguladores nacionales e incluso parte del propio sector financiero. La Comisión Europea se ha negado a definir lo que constituye una inversión sostenible. Y no prohíbe formalmente ninguna inversión, ni siquiera en sectores ultraperjudiciales para el clima como el petróleo, el acero o el cemento. De hecho, la mayoría de los fondos se limitan a excluir el carbón, el tabaco y las armas “controvertidas”.
En un vitriólico texto publicado en 2023, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), el regulador francés equivalente a la CNMV en España, afirmaba que “es vital, para reducir el greenwashing, que la Comisión Europea endurezca las normas”. “Abogamos por unas normas mínimas y por una regulación que defina claramente lo que constituye una inversión sostenible”, apunta Philippe Sourlas, secretario general adjunto responsable de la División de Gestión de Activos de la AMF.
Los trucos de los fondos
Mientras tanto, reina la autorregulación. Los banqueros son libres de establecer su propia metodología, siempre que puedan justificarla. Como era de esperar, la mayoría no son muy ambiciosos. “La ecologización de las finanzas es extremadamente superficial, porque la prioridad tanto del sector como de los ahorradores es el rendimiento financiero. Los fondos verdaderamente ecológicos tendrían potencialmente un rendimiento inferior, por lo que serían poco comercializables”, explica Julien Lefournier, antiguo agente de bolsa y coautor del libro L'illusion de la finance verte (El espejismo de las finanzas verdes).
Los gestores de los fondos cuentan con múltiples trucos para limitar las restricciones ecológicas, cumpliendo al mismo tiempo las normas europeas. Las empresas se seleccionan en función de calificaciones ASG establecidas internamente o por agencias especializadas. Sin embargo, las emisiones sólo representan una pequeña parte de la tríada, por lo que es posible invertir en empresas que contaminan pero tienen buenas calificaciones sociales y de gobernanza.
Además, la mayoría de las calificaciones sólo tienen en cuenta las emisiones directas de la empresa, no las de sus productos que fabrican –conocidas como emisiones de alcance 3–. Por ejemplo, la agencia de calificación MSCI considera que TotalEnergies se ajusta al objetivo mínimo del Acuerdo de París –2ºC de calentamiento–, porque no tiene en cuenta las emisiones procedentes de la combustión de petróleo y el gas producidos por la empresa francesa.
Otro problema es que las calificaciones no tienen en cuenta las emisiones brutas de CO2, sino la “intensidad de carbono”; es decir, las emisiones divididas por el volumen de negocio. Este indicador permite así no excluir a los mayores contaminadores y revisar a la baja los objetivos. Por ejemplo, si Airbus consume menos energía para fabricar cada avión, pero sigue fabricando más aviones, esto puede traducirse en un aumento de sus emisiones. Y el Acuerdo de París exige una reducción global de las emisiones, especialmente de los mayores contaminantes.
Para seleccionar las empresas de su cartera de inversiones, la mayoría de los fondos se limitan a excluir las “manzanas podridas” peor valoradas de cada sector, a menudo sólo entre el 10% y el 30% de las existentes. “Los índices ASG sólo parecen excluir del 2% al 3% del universo de inversión”, subraya Philippe Sourlas, de la AMF. En una recomendación actualizada en diciembre de 2023, la Autoridad de los Mercados Financieros considera que un fondo puede anunciar los beneficios medioambientales de sus inversiones si excluye al menos al 20% de las empresas. Lo que equivale a considerar arbitrariamente verdes al 80% de las empresas de cada sector, con el pretexto de que son las menos malas.
La explotación con fines lucrativos de este sistema de regulación débil permite etiquetar como verdes estos flujos de inversión en empresas contaminantes a al menos 738 instituciones financieras de todo el mundo, incluidas las radicadas en Francia, Alemania e Italia, así como en el Reino Unido, EE UU y Hong Kong. Muchos de estos fondos están registrados en paraísos fiscales como Luxemburgo e Irlanda, que albergan el 61% del mercado financiero verde de la UE, es decir, 53.000 millones de dólares.
En su defensa, los gestores de los fondos argumentan que se debe seguir apoyando a las empresas con mayores emisiones para ayudarles a financiar la transición hacia energías más limpias. “La transición energética sólo se producirá si cambian todos los actores económicos. Por tanto, Amundi tiene el deber de apoyar y fomentar la transformación de todas las empresas y sectores”, replica Amundi, la rama de gestión de activos de Crédit Agricole.
La idea de que los fondos pueden calificarse de ecológicos afirmando que están en transición puede ser errónea. La mayoría de ellos invierten en empresas emisoras de CO2 y no hay condiciones para la descarbonización hasta 2025. Entonces, las compañías deberán publicar sus planes de transición en virtud de la nueva Directiva sobre Divulgación de la Sostenibilidad Empresarial (CSRD). De forma que, en la actualidad, la mayoría de los fondos etiquetados como “de transición” –todavía una proporción relativamente pequeña de las inversiones– poseen acciones genéricas en empresas emisoras de carbono, sin objetivos de descarbonización.
El último informe de la empresa francesa de inversión sostenible Carmignac muestra que su Cuota de Transición Climática de la Cartera incluye a tres grandes emisores de carbono. Se trata de Total Energies –una de las petroleras vinculadas al 80% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono–, Glencore –la mayor empresa minera de carbón del mundo– y la alemana RWE –el mayor proveedor de energía de carbón de Europa y número uno en emisiones de CO2–. Pero a los inversores no se les informa de los planes de reducción de CO2 de estas empresas ni de sus progresos, porque sus acciones pertenecen a la parte no verde del fondo, que no tiene que cumplir la obligación de “no perjudicar”del SFDR.
“Yo no excluiría de los fondos verdes a los grandes contaminadores, a los que, a través de esas inversiones, se debería animar a reducir sus emisiones”, señaló a Voxeurop Richard Heede, cofundador y director del Climate Accountability Institute. “Pero las inversiones que no obligan a las empresas a cumplir sus compromisos climáticos no son útiles”.
Sólo una minoría de estas empresas ha visto validados sus planes de reducción de CO2 por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTI), una colaboración entre el Proyecto de Divulgación del Carbono (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza que reúne a más de un millar de empresas para establecer un objetivo climático basado en la ciencia.
Las empresas pioneras en este ámbito tienen dificultades para cumplir sus promesas. “Si nos fijamos sólo en las emisiones, casi todas las empresas que calificamos no cumplen los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Las mejores están ligeramente por debajo de los dos grados”, advierte Axel Pierron, director asociado de la agencia de calificación Morningstar Sustainanalytics.
A pesar de estas normas mínimas, a partir de finales de 2022 la mayoría de los gestores decidieron rebajar la categoría de sus fondos más ambiciosos del Artículo 9 al Artículo 8 para evitar mayores costes de compliance y tener más margen para apoyar a los grandes emisores de dióxido de carbono.
Nuevas normas desde 2025
El problema es que estos fondos verde claro, sujetos a requisitos minímos, suelen venderse con nombres demasiado verdes, que contienen las expresiones “ASG”, “convicción”, “bajas emisiones de carbono” o “alineados con el Acuerdo de París”, que se utilizan para atraer a los ahorradores pese que sólo una parte del dinero financia actividades beneficiosas para el medio ambiente y la sociedad, reservando el resto para los grandes emisores de CO2. La investigación de EIC revela que el 20% de estos fondos llevan nombres verdes; hasta el 54% en el caso de los fondos del artículo 9. “Los consumidores no tienen ninguna posibilidad de orientarse en este laberinto”, lamenta el ex agente de bolsa Julien Lefournier.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) abordó el problema publicando unas recomendaciones el pasado 14 de mayo. En ellas se estipula que, a partir de mediados de 2025, los fondos que proclamen el impacto medioambiental en su nombre tendrán que hacer un 80% de inversiones sostenibles y dejar de invertir en empresas demasiado vinculadas a los hidrocarburos –petróleo, gas, combustibles fósiles–.
El problema es que estas normas son voluntarias: cada país europeo decidirá este otoño si las aplica o no. Como muestra del alcance del ecopostureo, un reciente estudio de Morningstar destaca que dos tercios de los fondos verdes se verían obligados a cambiar de nombre o a vender activos demasiado contaminantes por valor de 40.000 millones de dólares si las normas de la ESMA se aplicaran en todos los países. Hasta ahora, sólo 45 fondos están alineados con el Acuerdo de París, lo que equivale a un pobre 0,5% de las inversiones.
Para Lara Cuvelier, de la ONG Reclaim Finance, Bruselas debe ir más allá y endurecer la normativa. “Hay que garantizar a los inversores que los fondos que proclaman un beneficio medioambiental no pueden hacer inversiones que socaven los objetivos climáticos de la Unión Europea”, sostiene.
Todo dependerá de la valentía política de la nueva Comisión Europea, que se constituirá el mes que viene. Pero dada la correlación de fuerzas en las últimas elecciones europeas, marcadas por el ascenso de la extrema derecha y la caída del número de eurodiputados ecologistas, la batalla por unas finanzas más verdes queda lejos de estar ganada.
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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)
Stefano Valentino es Bertha Challenge Fellow 2024
El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)
