La FEMP seleccionó a la empresa bajo sospecha para que se encargara de la recaudación municipal

La empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI) que, según los investigadores, constituye el centro de la trama de desvío de dinero público destapada en la operación Térmyca, es una de las cinco sociedades a las que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó en septiembre de 2015 un acuerdo marco para que los ayuntamientos contrataran con ellas los servicios de gestión tributaria.

Las otras cuatro empresas son Servicios de Colaboración Integral SL, Lindorff España, Gesmunpal y Martínez Centro de Gestión. Cientos de ayuntamientos españoles recurren a empresas privadas para gestionar y recaudar sus tributos para suplir su falta de medios propios. Según la FEMP, el acuerdo marco pretende “mejorar la eficiencia de las entidades locales asociadas en la recaudación ejecutiva”, así como “potenciar la recaudación ejecutiva de la deuda municipal pendiente de cobro”.

Del contrato excluye expresamente la asistencia y colaboración para recaudar las sanciones de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que fueron adjudicadas previamente en otro acuerdo marco a la propia CGI otro acuerdo marcoy a otras dos empresas: la UTE Eurocop-Eysa y Vialine Gestión SL. CGI propone quedarse con el 30% de lo que recaude en vía voluntaria y un 15% en vía ejecutiva durante cuatro años. En su página web presume de haber sido la empresa que recibió la máxima valoración técnica de la FEMP en el concurso.

Con motivo de esa adjudicación, la revista de la FEMP, Carta Local, publicó en 2015 dos entrevistas a otros tantos directivos de CGI, Raúl Lipiani, responsable de Proyectos de Recaudación ejecutiva, y Mary Carmen Sainz de los Terreros Elizalde, responsable de Proyectos de Multas. Ambos ensalzan la eficacia de los servicios que su empresa presta a los municipios.

CGI cobra a los ayuntamientos a los que presta sus servicios de recaudación entre un 14% y un 16% del dinero que consiga ingresar. Gesmunpal, entre un 18% y un 20%. Lindorff, un 20%. SXCI, un 14,90%. La más cara es Martínez Centro de Gestión: entre un 20% y un 30% de lo que recauda. Se trata de precios de referencia, que luego cada Ayuntamiento puede intentar reducir cuando negocie con estas empresas. El acuerdo marco tiene una duración de sólo un año, que concluye el próximo septiembre, pero puede prorrogarse con periodicidad anual.

Sociedades públicas ficticias en los ayuntamientos

La Guardia Civil detuvo este martes a 11 personas, entre alcaldes, exalcaldes y directivos de CGI. Es el caso de Ramón Solé, su director general, y de Toni Martos, el director de Consultoría. Blas Acosta figura como uno de sus apoderados. Martos era el presidente de Efial, la consultora que fue investigada en el caso Torredembarra, un municipio tarraconense conectado con la financiación ilegal de CiU.

Según la Fiscalía Anticorrupción, CGI continuó con las actividades irregulares de Efial tras absorberla. De hecho, CGI es, apuntan los investigadores, la responsable de haber diseñado toda una estructura paralela de sociedades públicas municipales ficticias, carentes de actividad. Sólo servían para desviar fondos públicos de los ayuntamientos, que terminaban en las cuentas de CGI. Gracias a esta empresa, los detenidos “evitaban la labor supervisora del secretario y del interventor municipal”, asegura la Fiscalía Anticorrupción.

De Palma y Santander a la Diputación de Girona

Según detalla CGI en su página web, la empresa presta servicios a 154 ayuntamientos, emplea a 252 personas y gestiona 200 millones de euros en impuestos. Dice facturar 14,8 millones de euros al año.

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Por ejemplo, es la responsable del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón), con el que suscribió un contrato de cuatro años el pasado 22 de febrero por importe de 892.662 euros. También se encarga de la gestión de las multas del Ayuntamiento de Santander desde 2012. En abril de 2015 el de Palma de Mallorca le adjudicó la inspección tributaria a cambio del 11,5% de la recaudación: dos millones de euros repartidos en cuatro años. Además, gestiona la inspección fiscal en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela desde 2007. El último contrato, firmado en marzo de 2015, no termina hasta 2018. CGI se lleva el 14,53% de la recaudación, un total calculado en 960.000 euros repartido en cuatro años.

Las diputaciones de Salamanca y Girona, los ayuntamientos de Segovia, Huesca, Córdoba, Fuengirola y Santa Cruz de Tenerife, así como los madrileños de Getafe y Valdemoro han contratado igualmente sus servicios de recaudación, atención al usuario o asesoría con CGI.

El Ayuntamiento de Valdemoro le adjudicó los servicios de inspección tributaria y de recaudación de las multas de tráfico a partir de 2007. Y es una de las empresas investigadas también en la operación Púnica, la red de corrupción tejida por el exalcalde de Valdemoro y exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, con el empresario David Marjaliza.