Australia intenta infligir "tanto sufrimiento como sea posible" a los refugiados que tratan de llegar a sus costas procedentes de Pakistán, de Oriente Medio y de los países insulares del Pacífico. El Gobierno del país mantiene una "prisión al aire libre" en Nauru, el tercer país más pequeño del mundo y una isla cercana, donde alberga a todos los solicitantes de asilo que intentan llegar por mar y donde se han documentado más de 2.000 denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos. Las expresiones son de Amnistía Internacional, que junto a otras ONG’s lleva años denunciando la política antinmigración del Ejecutivo de Malcolm Turnbull, que califican de "un sistema deliberado de crueldad y abandono" y "una violación flagrante de los derechos humanos de las personas".
La empresa española Ferrovial está implicada en la gestión de las polémicas instalaciones del país oceánico. La compañía española es propietaria del 59,2% del capital de Broadspectrum, la empresa que proporciona servicios de catering, limpieza, logística, asistenciales y transporte en un centro de detención en el punto de mira por sus irregularidades. Broadspectrum, a su vez, subcontrata a Wilson Security la seguridad del lugar. Sus agentes han sido acusados de agresiones físicas y sexuales a los internos. Al menos hasta octubre de 2017, confirman fuentes de Ferrovial, Broadspectrum y Wilson Security estarán ligados a Nauru.
La peculiar y criticada política contra la inmigración irregular de Australia comienza con la solución del Pacífico, instaurada en 2001 y vigente hasta 2007, mediante la cual el país se reservaba el derecho de retener fuera de su territorio a cualquier solicitante de asilo que llegara a su costa por mar y que no pudiera acreditar estar camino de otro país. La táctica se abandonó ante las críticas de la ONU, pero volvió en 2012 con el Ejecutivo de Julia Gillard y la reapertura del centro de Nauru, donde Canberra aparca a estas personasaparca, provenientes sobre todo de Oriente Medio y sus conflictos, a la espera de que se tramiten sus peticiones. Es la principal fuente de ingresos del pequeño país insular, al que el Gobierno de Australia le ha pagado casi 2.000 millones estadounidenses en tres años, al borde de la ruina por el fin de sus reservas de fosfato. Las ONG afirman que las duras condiciones en este tipo de instalaciones son pensadas para disuadir a los que se atrevan a intentar alcanzar Australia por mar. Los mensajes que el Gobierno lanza van, efectivamente, por el camino de la disuasión. No hay manera de que podáis vivir en nuestro país, claman a los cuatro vientos.
Con la reapertura volvieron los abusos, que se conocieron gracias a la publicación por parte de The Guardian de los Nauru files, una filtración de 2.000 documentos que componen un macabro collage de la violación de los derechos humanos en el centro de detención. Se visualiza mejor gracias al tratamiento de los datos de la cabecera británica.
El último informe de Amnistía Internacional lo deja claro. "La combinación de angustia psicológica grave de las personas refugiadas, el carácter intencionadamente nocivo del sistema, y el hecho de que el objetivo de la tramitación extraterritorial sea intimidar a otras personas o coaccionarlas para lograr un resultado concreto, hacen que el régimen de tramitación extraterritorial de Australia encaje en la definición de tortura en virtud del derecho internacionaltramitación", asegura la organización en su análisis de la realidad en la pequeña isla del Pacífico. Su trabajo de campo habla de una situación de angustia psicológica permanente de los retenidos, una desidia de las autoridades a la hora de atender sus necesidades básicas, un ambiente continuo de inseguridad en el que las mujeres se llevan la peor parte. Abya, una joven somalí de 15 años, denunció haber sido violada y fue trasladada a Australia para abortar, recoge El Periódico. Una investigadora de Amnistía Internacional sobre migración y refugio, Anna Shea, nos pone otro ejemplo: "Un hombre nos contó cómo su esposa embarazada trató de suicidarse porque no podía soportar la idea de traer otra persona a este mundo. Incluso conocimos a niños que habían intentado suicidarse varias veces".
Como esos casos, decenas. El portal de los Nauru files de The Guardian sorprende por la frialdad del registro de las denuncias. Documentos asépticos que cuentan golpes, palizas, asaltos, abusos sexuales y una sensación de impunidad e indefensión. El tabloide inglés destaca, en cada mes de filtraciones, frases con lo más estremecedor. "Le entregó la cuerda al encargado del caso diciendo que había considerado usar esto para suicidarse". "Empezó a vomitar. Se detectó un fuerte olor a lejía. Se activó el código azul". "Ella dijo que se aseguraría de que los medios de comunicación conozcan la verdad sobre lo que sucede aquí en Nauru". Más de 2.000 registros durante 2013, 2014 o 2015. El centro alberga actualmente a unas 1.150 personas.
Las autolesiones son los incidentes más frecuentes, seguidos de las denuncias por abuso de poder de los empleados de seguridad, generalmente nauruanos. Shea confirma que las automutilaciones y los problemas de salud mental son pan de cada día en este centro y critica la actitud pasiva y complaciente del Ejecutivo australiano. "Compartimos nuestras conclusiones con el Gobierno. Niegan rotundamente todas nuestras afirmaciones, pero no ofrecen ninguna evidencia para contrarrestarlas. (…) El Gobierno no quiere que se conozca todo el alcance del abuso, y ha hecho esfuerzos extraordinarios para esconderlo".
La versión de Ferrovial
Cuando The Guardian publicó las primeras informaciones, Ferrovial se apresuró a declarar que Broadspectrum finalizaba su contrato con el centro de detención en febrero de 2017 y que no pensaba renovarlo. Sin embargo, aclaran a preguntas de infoLibre fuentes de la compañía, el Gobierno australiano ha hecho efectiva la opción de ampliar unilateralmente el acuerdo ocho meses más, hasta octubre. Tanto la empresa australiana como su subcontrata en el ojo del huracán, Wilson Security, abandonarán Nauru entonces, asegura Ferrovial.
La compañía española defiende que Broadspectrum "no opera ni gestiona" estos CIEs del Pacífico. "La compañía es un proveedor de servicios del Departamento de Inmigración y Fronteras del Gobierno australiano, que proporciona servicios de catering, limpieza, logística, asistenciales y de transporte", aseguran a infoLibre. Sobre las denuncias de torturas, violaciones y abusos por parte de su subcontrata, la empresa afirma que "un número de las alegaciones se han producido antes de que Broadspectrum trabajase en los centros" y que "muchas de ellas se han demostrado que son infundadas". El departamento de comunicación de Ferrovial añade, además, que la empresa manifestó que el centro de Nauru "no era una actividad estratégica" en cuanto adquirió la mayoría del capital de la compañía australiana, ya que simplemente querían introducirse en el mercado del país.
Algunos de los activistas que han denunciado la situación en la pequeña isla del Pacífico han avisado a Ferrovial de que, en un futuro, podrían enfrentarse a consecuencias legales si esperan a la expiración del contrato para retirarse del centro. Una experta en derecho internacional citada por El Confidencial, Diala Shamas, aseguró el pasado verano que empleados de Ferrovial podrían llegar a ser procesados por "responsabilidades criminales por crímenes contra la humanidad", una interpretación que la empresa rechaza tajantemente. "Todas las empresas que trabajan bajo contrato con el Gobierno de Australia en Nauru deben revisar urgentemente si sus operaciones en Nauru son consistentes con la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos", insiste Shea.
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Trump no pretende ayudar
El centro de detención de Nauru ha vuelto a la agenda periodística esta semana. Aunque no por las denuncias de violaciones de derechos humanos, sino por la excéntrica manera de hacer diplomacia de Trump y los acuerdos de Estados Unidos con Australia al respecto de los refugiados recluidos. La Administración Obama acordó con el país oceánico alojar a un número indeterminado de los atrapados en Nauru y en la isla de Manus, en Papúa-Nueva Guinea, que cuenta con un centro similar. El pacto ha sido calificado de "estúpido" por el nuevo presidente y su tensa conversación con el primer ministro australiano por teléfono ha sido portada de los medios.
El magnate aseguró este jueves que otros países "se han aprovechado" durante años de Estados Unidos y declaró que quería saber "por qué estaba haciendo esto" su país, en referencia al acuerdo de Obama, pero se comprometió a respetarlo. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, a pesar de sus promesas, dejan entrever que la situación de los refugiados que malviven en Nauru ni cambia ni va a cambiar, opinan las organizaciones humanitarias. "La retirada de Broadspectrum y Wilson Security no mejorará nada. La situación de los refugiados y solicitantes de asilo en Nauru no mejorará hasta que se les permita reiniciar sus vidas en un lugar seguro", sentencia Shea.
Australia intenta infligir "tanto sufrimiento como sea posible" a los refugiados que tratan de llegar a sus costas procedentes de Pakistán, de Oriente Medio y de los países insulares del Pacífico. El Gobierno del país mantiene una "prisión al aire libre" en Nauru, el tercer país más pequeño del mundo y una isla cercana, donde alberga a todos los solicitantes de asilo que intentan llegar por mar y donde se han documentado más de 2.000 denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos. Las expresiones son de Amnistía Internacional, que junto a otras ONG’s lleva años denunciando la política antinmigración del Ejecutivo de Malcolm Turnbull, que califican de "un sistema deliberado de crueldad y abandono" y "una violación flagrante de los derechos humanos de las personas".