La Fiscalía antepone con Caballé la recaudación al efecto disuasorio del ingreso en prisión

La tan esperada lista de Montoro no incluirá a los defraudadores a Hacienda. Sólo publicará nombres de morosos. Y, aunque las sentencias firmes por fraude fiscal se harán públicas, habrá que bucear en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para encontrar a los condenados por este delito, según las vayan remitiendo los secretarios de cada juzgado. En cualquier caso, sólo aparecerán las condenas de quienes no hayan pagado sus deudas con Hacienda. El legislador se ha cuidado mucho de atenuar al máximo el castigo cuando del fraude al fisco se trata. O al menos prioriza siempre la recaudación. Es lo que ha vuelto a ocurrir con Montserrat Caballé, la última condenada por no pagar impuestos que ha firmado un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la cárcel.

La soprano ha sido condenada a seis meses de cárcel, que no cumplirá, por defraudar 508.562 euros en el IRPF de 2010. Como ha pagado esa cantidad a la Agencia Tributaria y ha reconocido el delito, se le ha suspendido la pena de dos años a la que fue sentenciada en principio. A cambio, deberá abonar una multa de 254.231 euros y otros 72.000 como indemnización por intereses de demora. Tampoco podrá recibir subvenciones durante año y medio.

Caballé utilizó Andorra para eludir el pago de impuestos en España. Otra cantante, Ana Torroja, ocultó sus rentas en cuatro sociedades extranjeras repartidas por las Antillas Holandesas, Holanda y Panamá, además de en otras cuatro españolas. En abril de 2014 reconoció ante el juez haber defraudado 660.099 euros entre los años 2003, 2006 y 2007. Así que la pena de presión se le redujo a un año y tres meses, que no cumplió, fue multada con 9.000 euros y debió abonar otros 477.600 por los intereses de demora.

Pero el campeón de los pactos de conformidad es hasta ahora el expresidente del despacho Cuatrecasas, Emilio Cuatrecasas, que acordó una reducción de condena de ocho a dos años de cárcel tras pagar 5,65 millones de euros a Hacienda. Cometió nada menos que ocho delitos fiscales: defraudó en el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades y el de patrimonio de 2006 a 2008.

Derechos de imagen de los futbolistas

Hace sólo semana y media el futbolista argentino del Barça Javier Mascherano firmó otro acuerdo similar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado tras haber escatimado 1,5 millones de euros al fisco. La pena reducida se quedó en un año de cárcel y una multa de 700.000 euros. En este caso el jugador eludió el pago del IRPF ocultando sus ingresos por derechos de imagen en una empresa de Madeira (Portugal). La misma ingeniería que utilizó otro futbolista del mismo club, Adriano Correia, investigado por defraudar 700.000 euros, y por un exjugador del Real Madrid Xabi Alonso. Como en los casos anteriores, ambos son candidatos a un pacto con el fiscal con el que, gracias a las atenuantes de “reparación del daño, confesión y colaboración con la Justicia”, no pisarán la cárcel.

Por lo que se refiere a las causas contra Messi y Neymar, aún les queda mucho recorrido. El Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona acaba de dictar el sobreseimiento provisional de la causa contra el jugador argentino por un supuesto delito contra la Hacienda Pública. La jueza no ha encontrado indicios de que Messi obviara el pago de impuestos por el millón de euros que cobró por unos partidos benéficos jugados en 2012 y 2013. Pero la sentencia es recurrible.

Además, el argentino tiene aún otras cuentas pendientes con el fisco. Ya ha pagado cinco millones de euros por los 4,1 millones defraudados entre 2007 y 2009 en concepto de derechos de imagen. “Reparar el daño”, como ya se ha visto, permite rebajar al menos un grado la pena. También abonó otros 10 millones por los ejercicios de 2010 y 2011.

Rara vez se persigue a los asesores fiscales

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Para eludir su responsabilidad en esta causa, tanto Messi como su padre, que actuaba de representante del jugador, alegaron su ignorancia en asuntos fiscales y culparon del posible fraude al abogado especializado que les gestionaba el pago de impuestos. Mascherano, Adriano y Alonso compartían despacho de abogados fiscalistas. Sin embargo, rara vez actúa la Justicia contra los asesores fiscales, admite el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. Pese a que el Código Penal lo permite, por cuanto deben considerarse “colaboradores necesarios” en el delito.

Sí se les persiguió, en cambio, en la causa contra Ana Torroja. De hecho, el fraude de la excantante de Mecano se descubrió a raíz del caso Relámpago, abierto en 2007 contra el bufete Feliu de Palma. El despacho controlaba hasta 150 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Uno de sus abogados también firmó en mayo de 2014 un acuerdo de conformidad –seis meses de cárcel por defraudar casi 150.000 euros–, pero aún está a la espera de sentencia el juicio a otro de sus integrantes, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel. Desde 2007, Hacienda ha recuperado 15 millones de euros sólo por este caso.

Y ésa es la prioridad y la razón de ser de estos acuerdos: recaudar. Si el acusado paga antes de dos meses del escrito de denuncia del fiscal, la Justicia es generosa. Curiosamente, más en la vía penal que en la administrativa, donde las multas son casi un 20% superiores. En segundo plano queda el efecto ejemplarizante de las condenas que, según el presidente de Gestha, se consigue con la exposición pública. También se relega el efecto disuasorio que producen las penas de prisión. Los pactos de conformidad por delitos fiscales dejan bien a las claras que los grandes defraudadores –personas con grandes ingresos– no deben temer la cárcel: saben que saldando sus deudas con Hacienda eluden la prisión. Y sólo los casos más mediáticos se publicitan en los medios de comunicación. Aparecer en el BOE, insisten los técnicos de Hacienda, no garantiza el reproche social. Según los datos correspondientes a 2014, sólo el 0,23% de los reclusos españoles han sido condenados por delitos fiscales, 150 personas.