Fogasa deberá pagar 366 millones por tardar más de tres meses en tramitar 38.200 expedientes

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debe pagar 366 millones de euros por no haber tramitado en menos de tres meses 38.238 expedientes de trabajadores. La cifra corresponde sólo a las solicitudes de salarios e indemnizaciones cursadas antes del 2 de octubre y que no se habían resuelto a 31 de diciembre de 2014. El Fogasa está obligado a abonar las cantidades a estos trabajadores en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado 16 de marzo dictaminó que, si se excede el plazo que marca la ley para tramitar una solicitud, “debe entenderse estimada por silencio positivo”.

Ese plazo es de tres meses. Pero por culpa de la crisis –que disparó el cierre de empresas y los despidos–, aunque también de la falta de medios del Fogasa, el atasco de expedientes ha dilatado hasta los dos años la tramitación de un buen número de expedientes. Según el informe de fiscalización que elaboró el Tribunal de Cuentas a principios de este mismo año, el 75% de los expedientes superaban los tres meses legales. Así, a 30 de abril de 2013, la bolsa de expedientes sin resolver alcanzaba los 153.698.

Ahora la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de hacer público su informe de auditoría del Fogasa. El pasado 30 de octubre este organismo, dependiente del Ministerio de Empleo, envió al IGAE un escrito en el que reconocía que esos casi 40.000 expedientes deben ser abonados independientemente de cuál hubiera sido su resultado de haberse concluido su tramitación. Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura que el Fogasa ya ha empezado a pagarlos.

El Fondo de Garantía Salarial abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Hasta el 1 de enero de 2014, además, pagaba en aquéllas con menos de 25 trabajadores ocho de los 20 días por año trabajado que fija la ley para los despidos objetivos.

La auditoría del IGAE destaca que los 366 millones calculados por el Fogasa suponen un importe medio por expediente de 9.497,12 euros, que no coincide con la cuantía media por expediente utilizada para calcular la provisión para responsabilidades. Y afea al organismo que no haya justificado la diferencia.

Caos contable

Pero no es el único reproche que hace la IGAE al Fogasa. El informe es demoledor con la gestión del organismo. De hecho, la Intervención se niega a aprobar las cuentas del Fogasa, por segundo año consecutivo, porque el organismo de Empleo carece de una norma que regule el pago de las prestaciones. Sólo cuenta, desde el 1 de octubre de 2014, de un manual para gestionar los expedientes que no incluye ni el cálculo de prestaciones por concurso de acreedores ni por responsabilidad subsidiaria.

Así, el informe explica que los criterios que se aplican para calcular las prestaciones varían según la unidad administrativa que tramite el expediente e incluso dependiendo del funcionario que curse la solicitud dentro de una misma oficina. En definitiva, los auditores públicos se declaran incapaces de determinar si fueron correctos hasta el 83% de los pagos que hizo el Fogasa en 2014. Y fueron cuantiosos. Ese año, abonó un total de 2.288,6 millones de euros.

Según resume el informe, el Fogasa carece de normas internas que “regulen los procedimientos administrativos a través de los cuales desarrolla su gestión contable”. Y ésta incumple el Plan General de Contabilidad Pública. A lo largo del documento, los auditores explican que el Fogasa no les ha facilitado la información que le pidieron o la suministrada era incompleta o incluso “caducada”. Por ejemplo, no aportó ni contratos ni resoluciones de adjudicación, o tipifica como contratos de servicios lo que son contratos de obras o patrimoniales.

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El polémico encargo a Tragsatec

Un apartado sustancial se dedica también en el informe de auditoría a criticar la polémica encomienda de gestión que el Fogasa hizo a Tragsatec –filial de la empresa pública Tragsa– para intentar solventar el atasco de expedientes en 2014. El personal de Tragsatec, revela la IGAE, carecía de la experiencia y la formación necesarias para hacer ese trabajo. Pero gestionaron 148.260 expedientes, que supusieron el desembolso de 1.369,6 millones de euros, casi el 60% del gasto en prestaciones del Fogasa ese año. Tragsatec cobró más de tres millones de euros por ese trabajo, que también fue cuestionado en su día por el Tribunal de Cuentas.

Según el órgano fiscalizador, ese contrato resultará “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”, porque pueden ser nulas de pleno derecho esas casi 150.000 resoluciones basadas en los expedientes tramitados por Tragsatec. El Tribunal de Cuentas asegura que los empleados de esta empresa pública se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa: no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, en realidad, “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.